Poner las aguas en su cauce

Cuba es un archipiélago. Anclado en el vaivén del Mar Caribe este conjunto de islas e islotes vive al ritmo climatológico que le dicta su esencia tropical. Así sucede con la flora, las tierras y las aguas. Y especialmente estas últimas, vitales para la vida humana, vegetal y animal, son considerablemente vulnerables y algo escasas en la Mayor de las Antillas. Es lo que se deriva de ser una ínsula. Y la principal fuente de renovación de sus líquidos proviene del cielo: hay agua porque cae la lluvia, y porque se protege.

El país, por sus características geográficas tiene una lámina pluviométrica media histórica de1 335 milímetros(mm) de acuerdo con el mapa isoyético 1961-2000 realizado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).

Hidrológicamente, en la Isla tienen lugar dos períodos anuales de más o menos precipitaciones; de mayo a octubre se da el llamado lluvioso, cuando, cronológicamente hablando, cae alrededor de 80 % de los1 335 mmque integran la lámina media.

Así pues, el agua no es de los bienes más abundantes para la Perla del Caribe, que tiene como única fuente anual la precipitación. Tal como explican los especialistas, si llueve, cuando hay déficit previo, dicha lluvia pasa por la parte no saturada de los suelos, va a la zona de alimentación y trata de nutrir el manto freático y acuífero y un poco se escurre a los embalses. No obstante, en la misma dimensión en que llueve mucho puede llegar a saturarse el área, infiltrarse el líquido y, sobre todo, escurrirse por los ríos y arroyos hasta los embalses. De tal manera solo las precipitaciones suben o bajan los indicadores de volumen de los depósitos cubanos.

Sin embargo, amén de que este fenómeno es harto conocido por instituciones y pobladores del Verde Caimán, el cuidado y feliz manejo del preciado líquido está lejos de constituir una de las permanentes preocupaciones en la gestión ciudadana. Aunque en los albores del proceso revolucionario su líder Fidel Casto pusiera en activo la llamada voluntad hidráulica, cuyo fin esencial era optimizar la infraestructura hidrológica de Cuba, el empeño del INRH como su principal rector no basta para minimizar gastos que parten de la ineficiencia y la indolencia.

Es por ello que se ha establecido para este año una nueva política nacional del agua. El objetivo es claro: preservar dicho recurso, tan susceptible y valioso e incrementar estrategias que desde sus propias consecuencias atajen las mal llevadas causas.

EL PASADO DETRÁS DE LAS AGUAS

El reordenamiento económico y funcional que ha protagonizado la Mayor de las Antillas en los últimos años es un hecho. Diversos son los sectores que han transitado por este camino en busca de optimizar los resultados y beneficios. Así también comienza a suceder con la hidráulica. Tal como explica Aymé Aguirre Hernández, vicepresidenta del INRH, "respondiendo al proceso de implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y específicamente los referidos a los recursos hidráulicos (300 al 303), se ha presentado la propuesta de la Política Nacional del Agua, la cual constituye la vía para alcanzar el desarrollo en el sector".

Varios aspectos se han tenido en cuenta para estructurar el nuevo programa de acción. Entre estos puntos indispensables se cuenta el hecho de que los recursos hídricos potenciales y aprovechables son escasos, aunque la infraestructura creada logra un estado favorable en los ya disponibles.

No obstante, serios problemas atentan contra la mencionada capacidad. La experta enumera entre esos que la calidad de las fuentes se ve dañada por más de  2 100 focos contaminantes; los sistemas de drenajes presentan una situación crítica en áreas urbanas y se pierden más de 1 500 millones de metros cúbicos que pueden recuperarse. Agrega que la actividad agrícola es la de mayor responsabilidad.

Se suma además el hecho de que 69 de los embalses existentes en el país están subutilizados, como tampoco se aprovecha coherentemente el potencial hidroeléctrico y otras fuentes renovables para la generación de energía, mientras se estiman sobreconsumos energéticos por más de  300 GigaWatts, también en el sector agrícola y cañero.

De acuerdo con los especialistas es urgente organizar la estructura financiera en fuentes y destinos a la vez que se establezcan sistemas de tarifas y tributarios que contribuyan al ahorro del agua, además de lograr mayor cobertura en la medición de los consumos.

Resalta Aguirre Hernández que "para el abasto humano las empresas del INRH sirven a 8 240 000 personas, por otra parte, 900 000 son abastecidas por el Ministerio de la Agricultura y AZCUBA, cerca de otro millón, por pipas y 800 000 acceden al agua cargándola desde una distancia de200 a300 metros. Sin embargo, a pesar de la cobertura de agua garantizada como parte de la voluntad hidráulica hay 200 000 personas en zonas urbanas sin acceso adecuado y en el sector rural la cifra asciende a 400 000".

Además, apunta el informe del INRH que 3 100 000 personas abastecidas por otras vías consumen agua sin tratamiento, lo cual sin duda constituye un potencial de riesgo.

En términos de saneamiento y alcantarillado también hay aspectos a mejorar de forma urgente. Las cifras declaran que reciben este servicio 93,96 %  a de la población y que 6 656 000 habitantes utilizan fosas y letrinas (más de 820 000 son inadecuadas). Por otro lado, unas 400 000 personas recurren a formas no sanitarias y donde existe alcantarillado, el volumen tratado es solo de 32 % mediante lagunas de estabilización en mal estado técnico.

Desactualización de las normas, y un alto volumen de metros cúbicos (m3) recuperables por cuenta de un mejor manejo de las aguas se suman al panorama. Son más de 1 300 los centros catalogados como altos consumidores, y en el sector doméstico la falta de control, metraje y medios económicos para eliminar salideros también dan al traste con la gestión hidráulica nacional. En este entorno surge la nueva Política Nacional del Agua.

TIEMPO DE LEY

Fundado  el 6 de junio de 1989 mediante el Decreto-Ley Nº 114 como continuador de sus instituciones antecesoras, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos se encarga de rectorar y gestionar los potenciales hídricos y la infraestructura hidrológica en el país. Dividido en direcciones ramales, su impacto es indiscutible a lo largo y ancho del país: el agua está en sus manos.

Teniendo en cuenta su carácter tutorial, el INRH ha propuesto la renovada política de manejo y control. Son cuatro las prioridades que la sustentan: el uso racional y productivo del agua disponible, el empleo eficiente de la infraestructura construida, la gestión de riesgos asociados a la calidad del agua y los vinculados a eventos extremos del  clima.

A partir de este punto, 22 principios básicos se instauran como rectores de la política. Entre estos se inscriben aspectos de escala social tomando como base que el agua es un recurso renovable, escaso y vulnerable; la necesidad de usar equitativamente y tener derecho común a utilizarla, al saneamiento así como a modos de acción en consonancia con el deber institucional de enfrentar las inundaciones y las sequías.

Desde el punto de vista económico y de gestión se toma en cuenta que el agua es indispensable para el desarrollo y como tal los programas deben concebirse sobre bases económicas sostenibles y productivas; hacer un mejor empleo de la infraestructura hidráulica y en especial considerar que dicho recurso tiene un valor económico, se paga por su uso y derechos, lo cual atañe al ahorro, la medición, el consumo y la penalización por malgasto.

A partir de este paso, y según el nuevo programa, los cobros y ahorros serán reinvertidos en el sector hídrico aunque la gestión del líquido vital requiere financiamiento y subsidios del Estado; los primeros en cuanto a acciones de impacto social, y los segundos con respecto a la población y su acceso a los herrajes para las instalaciones hidrosanitarias, y la energía de los trasvases, entre otros.

El agua en sus múltiples usos tiene prioridades de acuerdo con la disponibilidad en el siguiente orden: suministro a los seres humanos y a la ganadería, riego agrícola y producción industrial de alimentos, la industria, la acuicultura en embalses, actividades recreativas y ambientales.

Hidroenergía, balance en el plan de la economía, gestión descentralizada del líquido para mejorar la calidad del servicio, el uso racional y el reciclaje, el óptimo manejo medioambiental, las sinergias entre la gestión hídrica y el desarrollo territorial, prevención y reducción de contaminantes, reorganización de los permisos, concesiones y derechos referidos al agua en términos de legislación e instituciones, información actualizada, perfeccionamiento del sistema jurídico, normativo, de contravenciones y jurídico penal junto al sistema tarifario y la necesidad de una cultura de uso racional del agua, conforman el cuerpo de la actual proyección del sistema gubernamental cubano en relación con tan valioso recurso.

Tal como refiriera la Vicepresidenta del Instituto, los instrumentos de dicha proyección general se componen de estudios, estrategias de cobro, desarrollo  cultural, normas de consumo, controles gubernamentales e inspecciones estatales y monitoreo sistemático de cantidad y calidad.

Hasta la fecha, comienzan a verse resultados, la aplicación de una tarifa en relación con el consumo en el sector estatal es una muestra. Señala Aymé Aguirre Hernández: "desde el Primero de enero de 2013 se aplica la nueva tarifa del agua donde se pierden los mayores volúmenes. La implementación se hace de modo diferenciado de acuerdo con la actividad que se realiza, pero que a su vez establece regulaciones, tanto por un consumo por encima de la norma, como por una mala planificación injustificada de lo que debe distribuirse y que se bombea por nuestras entidades, pero también significa una pérdida. La tarifa se diferencia en que  el metro cúbico tiene un valor superior, y se considera además el territorio y tipo de sistema empleado. Vamos hacia la búsqueda de la eficiencia. Se trata de que haya un mejor balance y distribución.

"La Resolución 421 del Ministerio de Financias y Precios de diciembre de 2012, establece que el agua forma parte del plan de la economía como mismo lo son los portadores energéticos", refiere Aguirre Hernández.

Según establece la titular, la intención es ganar en organización y preservación del recurso, además de mejorar la repartición en función de lo que necesite cada cual.

Y agrega: "En el proceso de implementación de los lineamientos no solo se incluye la política, sino también el perfeccionamiento del Instituto propiamente, como se hizo con otros organismos. En junio también se presentará la propuesta de cómo se modificará la estructura del sector; la otra parte es la ley del agua.

"Tenemos el decreto ley 138 de las aguas terrestres, en este mismo proceso y a tono con la política, estamos organizando su implementación jurídica. La ley es la que determinará qué es lo que se puede o no hacer. Y saldrá con un nivel jerárquico superior, desde el punto de vista jurídico, una ley aprobada.

"Ya se ejecuta una revisión completa de todas las bases jurídicas, por lo cual se evalúan también las de cualquier organismo que esté vinculado con este recurso en busca de actualización y adecuación", concluyó.

Considerando que todos los recursos naturales son indispensables para el desarrollo de la sociedad y que la vulnerabilidad de varios de estos sitúan a la contemporaneidad en una pendiente prebélica, es esencial un mejor manejo de aquellos con los que se cuenta. En tiempos en que se avizora una futura guerra por el agua, alertada por científicos y especialistas, todo esfuerzo que se haga es poco, más aún si clima y gestión humana van en detrimento de la natural renovación. En manos de los hombres y su gobierno está el camino.