El pasado 7 diciembre se cumplió un año de la asunción presidencial de Dina Boluarte y del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Esta conmemoración se desarrollará en el marco de una nueva jornada de protestas a nivel nacional que se extenderá durante el fin de semana.
Gremios, organizaciones sociales y movimientos políticos anunciaron marchas a partir del 7 de de diciembre para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales, y la destitución de la fiscal de Nación Patricia Benavides. A esto se suma el rechazo a la reciente decisión del Tribunal Constitucional de liberar al expresidente Alberto Fujimori.
La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) ha convocado el 7 de diciembre a diversos gremios y agrupaciones sociales de todas las regiones a la marcha ‘Que se vayan todos’. En Lima, la manifestación empezará a las 4 p.m. desde la Plaza Dos de Mayo.
Entre los movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones universitarias que participarán de la marcha se encuentran la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la ONG feminista Manuela Ramos, Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), el colectivo ‘No a Keiko’, el Frente de Egresados de la Universidad Mayor de San Marcos y la Central Unitaria Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc). Asimismo, el partido político Nuevo Perú también anunció que se sumará a esta protesta.
En la tarde del último miércoles, la Policía Nacional (PNP) informó que en una casona del jirón Camaná se incautó 153 morteros elaborados con madera y plástico, 30 escudos de madera y 6 de metal, 5 máscaras de metal, 2 megáfonos, tachuelas, cascos, banderolas y 150 polos con mensajes sobre la movilización del 7 de diciembre.
Víctor Torres, ministro del Interior, declaró que este operativo contribuiría a reducir las probabilidades de que se susciten actos violentos y disturbios durante las manifestaciones anunciadas en Lima. “Toda persona tiene el derecho de manifestarse de manera pública (…), pero no puede permitir actos de violencia contra la propiedad pública y privada”, mencionó Torres.
Previamente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció un allanamiento en el inmueble, donde habrían estado personas que llegaron a Lima desde diferentes regiones para marchar a 7 de diciembre. La CNDDHH denunció que no se permitió el ingreso de un abogado defensor.
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