La canciller mexicana, Alicia Bárcena, afirmó en Naciones Unidas (ONU) que las autoridades de México y Estados Unios están siendo rebasadas por las crecientes olas migratorias. Diariamente llegan a territorio mexicano unos nueve mil migrantes y se espera que en el año sumen 140 mil, lo que resulta abrumador y rebasa cualquier capacidad, por más que México quiera hacer un buen trabajo, o incluso Estados Unidos, añadió.
Bárcena expuso que el gobierno mexicano busca que en noviembre se concrete un encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su par estadounidense Joe Biden, con el fin de evaluar las vías legales para la migración. López Obrador quiere abordar con Biden las causas estructurales de la migración, al tiempo de articular una política para atender a los migrantes junto con Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras.
México considera que la comunidad internacional debe hacer mayores esfuerzos en atender las raíces de ese fenómeno en distintos puntos del continente, en particular en el Tapón del Darién, “no sólo cuando llegan a México y el asunto explota.
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Bárcena subrayó que México pone los recursos para la supervivencia de los migrantes que ingresan por la frontera sur y solicitan asilo, mientras obtienen documentos y encuentran un empleo, o para devolverlos a sus países de origen cuando Estados Unidos los rechaza.
“Los albergues en El Paso reportan un sobrecupo de 120 por ciento y los que están en Ciudad Juárez tienen una ocupación de 95 por ciento. Los albergues que tenemos nosotros, Leona Vicario y Kiki Romero, están en 85 y 90 por ciento”, aseveró.
La selva es un lugar peligroso (Luis Acosta / AFP)
En lo que va del año el Instituto Nacional de Migraciones interceptó a casi millón y medio de extranjeros, de los cuales 788 mil fueron repatriados, la mayoría a Guatemala, El Salvador y Honduras. En la Ciudad de México los refugios están rebasados, como el Cafemin, que tiene capacidad para 100 personas y ahorita aloja a 500, con más de 100 viviendo en tiendas de campaña en la calle.
Bárcena añadió que la situación se ha dificultado aún más a causa de las medidas tomadas por gobiernos locales como el del republicano Greg Abbott en Texas, que endureció las medidas antimigrantes y colocó una barrera flotante en el río Bravo.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reconoció que hay un incremento en los flujos que provienen de la región de Sudamérica: más de 340 mil personas han cruzado la selva del Darién hasta agosto, para llegar a la frontera norte de México. Jeremy Mac Gillivray, jefe adjunto en México de la OIM, advirtió que la tendencia va al alza y esto impacta en los espacios que brindan atención a los indocumentados, los albergues de la sociedad civil y de los diferentes niveles del gobierno.
Tras la finalización de la política migratoria estadounidense Título 42, en mayo pasado, tanto en México como en Estados Unidos se vio una baja en cuanto a detenciones y aprehensiones de personas migrantes irregulares. Sin embargo, desde julio pasado se registró un aumento gradual, pero a partir de agosto se registraron nuevamente cifras récord.
Respecto al uso que hacen los migrantes de los trenes de carga para movilizarse hacia los estados del norte del país, Mac Gillivray sostuvo que las personas han retomado esta modalidad, ya que entre 2018 y 2019 había caído en desuso.
Hay nuevos obstáculos de los migrantes para alcanzar la frontera: saben que si viajan en autobús, los roban y los extorsionan una y otra vez la policía, mientras si lo hacen en un tren, no saben siquiera si llegan. Más de 91 mil personas, miembros de una familia (al menos dos personas con parentesco directo que migran), fueron detenidas en agosto cuando intentaban cruzar de forma ilegal, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
En tanto, frente a las oficinas del INM, organizaciones civiles y religiosas a favor de los derechos humanos de los migrantes realizaron un acto de desagravio y oración, en memoria de quienes han perdido la vida en el país, como consecuencia de las políticas migratorias, así como por las personas desaparecidas. Recordaron particularmente la muerte de 40 indocumentados por un incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, el 27 de marzo pasado.
Los manifestantes portaron cruces blancas y carteles negros en los que mencionaron algunas de las masacres de migrantes en Cadereyta, Nuevo León, y San Fernando y Camargo, en Tamaulipas.
Cada año, miles de personas abandonan sus hogares en Latinoamérica y el Caribe para intentar asegurar futuros que se han vuelto prácticamente inalcanzables en sus países de origen. El despojo económico, la falta de acceso a la educación y el empleo, la violencia del narcotráfico y otros factores estructurales los motivan a buscar una nueva vida en Estados Unidos u otros países de la región.
Pocos pasan con éxito los procesos de solicitud de visa para comenzar una nueva fase de sus vidas. Pero la mayoría no es tan afortunada y emprenderá viajes que saben que serán largos y peligrosos, con un alto riesgo de fracaso e incluso de morir en el intento, cuando los sueños se convierten rápidamente en pesadillas.
El Tapón del Darién
El estrecho tramo de tierra selvática que une a América del Sur con América Central es conocido como el Tapón del Darién, un trecho inhóspito y casi intransitable, donde ahora ha surgido una industria lucrativa a costa de las personas desesperadas que aspiran llegar a Estados Unidos. Esos kilómetros se transformaron en una de las crisis políticas y humanitarias más apremiantes del continente. En 2022 unas 250.000 personas cruzaron la selva del Darién. Este año, esa cifra ya superó las 360.000 personas.
Las ganancias son muy grandes como para que los inescrupulosos aprovechadores del capital las ignoren. Cada paso ofrece una oportunidad de hacer dinero para estos “coyotes”: el trayecto en lancha para llegar a la selva cuesta 40 dólares per cápita, cien dólares para que alguien cargue la mochila, otros diez por un plato de arroz y quizá algo de pollo…
Venezolanos
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que concedería el estatus de protección temporal a unos 472 mil venezolanos que ya estaban en Estados Unidos hasta el 31 de julio, facilitándoles el proceso para obtener un permiso de trabajo. Esto se suma a 242 mil 700 venezolanos que ya habían sido declarados aptos para recibir dicho beneficio.
La Patrulla Fronteriza registró en agosto pasado un total de 232 mil 972 cruces de migrantes en los límites con México, casi 50 mil más que en julio, un récord en lo que va del año. También interceptaron 181 mil 59 cruces, en comparación con 132 mil 652 de julio, según el reporte.
Los dreamers
Ante la determinación de la Corte del Distrito Sur de Texas de declarar inconstitucional el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana anunció un seguimiento puntual de las implicaciones de este fallo. Los dreamers, son migrantes que llegaron a EU siendo niños y cuya expulsión del país se ha convertido desde la presidencia de Donald Trump en una obsesión para los sectores xenófobos y racistas estadounidenses.
La resolución emitida ahora por el juez federal en Texas Andrew Hanen es sólo el más reciente episodio de una ardua batalla legal que deja en la desprotección y la incertidumbre a unos 650 mil beneficiarios.
El DACA fue establecido en 2012, en tiempos de Barack Obama, para permitir a ese sector poblacional vivir y trabajar en Estados Unidos, pero el programa se ha visto sometido a una intensa ofensiva judicial desde 2017, cuando Trump lo interrumpió en forma arbitraria y caprichosa, según lo dijo tres años después el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el conservador John Roberts.
El máximo tribunal decidió mantener el DACA en una apretada votación de cinco contra cuatro entre sus ministros. En octubre del año pasado volvió a ser declarado ilegal, lo que impedía acceder a nuevos solicitantes a la protección del programa.
Queda claro que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no fue, ni es, una solución integral para el atropello estructural que padecen los migrantes indocumentados en EU, sino un paliativo humanitario orientado a corregir al menos uno de los aspectos más aberrantes de una legislación migratoria para la cual es lícito expulsar de Estados Unidos a una persona aunque haya vivido allí durante buena parte de su vida.
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