Hasta ahora los análisis sobre la seguridad maliense insistían en que Bamako, la capital, estaba protegida en su “burbuja de seguridad”, pero todo cambió con el reciente ataque a la base de Kati, en la periferia citadina.
La dependencia castrense ubicada a 15 kilómetros de la urbe es también la sede del gobierno de transición encabezado por el coronel Assimi Goita y fue asediada con coches-bombas y armamento pasado, declaró a la prensa el ministro de Defensa Sadio Cámara.
Por su parte el Ejército informó que rechazó la agresión, confirmó la muerte de los conductores de los vehículos cargados de explosivos e identificó a los asaltantes como terroristas, cuando se registra un aumento de destacamentos armados de distorsionada confesión islámica.
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Testigos del hecho consideraron que el ataque a la base estuvo dirigido contra los jefes de la junta militar, que en 2020 sucedió al derrocado expresidente Ibrahim Boubacar Keita y comenzó un proceso de transición política, el cual marcha por un camino angosto.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas reiteró que sus efectivos contuvieron la intentona del Frente de Macina, afín al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, considerada filial de Al Qaeda en Mali- que en esa oportunidad perpetraron dos ataques suicidas con vehículos.
Kati -ubicada cerca del aeropuerto de Bamako y del centro de operaciones de la Misión de Naciones Unidas (Minusma), es parte de una zona con defensa reforzada- pero el ataque evidencia la inseguridad por la cual atraviesa el país, ahora inmerso en otro dilema con ese contingente por la expulsión su vocero, Olivier Salgado.
Según Bamako, esa exclusión se decidió “tras una serie de publicaciones tendenciosas e inaceptables del interesado en Twitter”, relativas al arresto el pasado 10 de julio de 49 soldados marfileños de quienes Salgado manifestó que las autoridades malienses estaban "previamente informadas" de su arribo.
Medios prensa se hicieron eco de la versión oficial que identificó a esos individuos como posibles mercenarios, mientras que Costa de Marfil indicó que esos militares eran parte de un destacamento de apoyo desplegado en Bamako regularmente relacionado con la compañía aérea Sahélian Aviation Service (SAS) y con la Minusma.
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Todo eso tensó las relaciones diplomáticas entre los dos países y con el fin de reducir la discordia el mandatario togolés, Faure Gnassingbé, actúa como mediador.
El presidente marfileño, Alassane Outtara, mostró su disponibilidad a negociar con la parte maliense y encontrar rápidamente una solución con la ayuda y apoyo de Gnassingbé, declaró a la prensa el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey.
Asimismo el canciller precisó que: "Lo más importante hoy es la paz y la seguridad en cada uno de nuestros países”, y añadió que en conversaciones con la parte marfileña se insistió sobre todo de preservar la tranquilidad y el entendimiento entre sus pueblos y Estados, lo cual evidencia la importancia de la gestión mediadora.
También Naciones Unidas manifestó su indisposición con la actitud de Bamako por el arresto de los 49 militares marfileños y la expulsión del vocero de la Minusma; el portavoz de la ONU Farhan Haq lamentó lo ocurrido y recordó que la declaración de "persona non grata", no es aplicable al personal de la organización.
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