La violencia política en este año electoral en México constituye un motivo de preocupación para los partidos políticos, tanto del oficialista como los de oposición, que observan los altos índices de asesinatos de candidatos a cargos públicos en acciones que reconocen la mano del crimen organizado.
Desde que comenzó el proceso en noviembre pasado y hasta el 6 de este mes, eran 33 los aspirantes a cargos electivos casi todos municipales –entre ellos dos mujeres- que murieron baleados incluso durante el día, en presencia de testigos, a la salida de sus hogares, o en los sitios donde laboraban. Hasta ahora nadie ha sido encarcelado por estos hechos.
Del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fallecieron seis, igual número eran miembro del Partido Acción Nacional (PAN), mientras otras agrupaciones perdieron el resto de las víctimas contabilizadas por la organización Laboratorio Electoral (LE).
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Uno de los sucesos que más conmovió a la ciudadanía fue el asesinato del aspirante a alcalde Diego Pérez Méndez, de la etnia tsotsil, cuando transitaba con su familia en el municipio San Juan Chamula, en Chiapas.
Méndez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaba acompañado de su esposa e hijo cuando fue tiroteado por desconocidos. Sus familiares también recibieron también heridas de armas de fuego.
La situación de incertidumbre que rodea al mundo político mantiene en vilo a los partidos que participan en los próximos comicios.
El Grupo Plural de la Cámara de Diputados anunció en su sitio de Comunicaciones que dará seguimiento al proceso electoral, y recordó que han tratado todas las aristas del problema, incluida la presencia del crimen organizado en el ámbito comicial.
Representantes de las bancadas opositoras del PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD), indicaron que es innegable la presencia de la mafia del narco en las próximas elecciones.
Analistas consideran que grupos mafiosos ejecutan a quienes consideran serán un obstáculo en los territorios para el tránsito de drogas, en especial en Estados donde operan clanes dedicados a este negocio que deja miles de millones de dólares anuales.
Para el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso Nacional, Rubén Moreira, los asesinato del narcotráfico influye en el proceso comicial.
¨Queremos que el pueblo decida en las elecciones, pero veo muy difícil que, en algunas partes del país, la gente pueda salir. El mayor enemigo que tiene la democracia, consideró, es el crimen organizado¨.
Un estudio de investigadores coordinados por el Colegio de México considera que los perpetradores principales de los ataques son miembros de la mafia del narcotráfico y de otros políticos que hacen desaparecer a sus contrincantes.
Los autores del estudio Urnas y tumbas advierten del riesgo para la libre elección de los aspirantes a cargos en México. “Este tipo de eventos son muy duros para nuestra democracia, pues indican que la lucha por el poder no sólo se resuelve en las urnas, sino que está resolviéndose cada vez más a balazos”, se lee en el documento, presentado hace unos días.
La lógica detrás de estos sucesos es que los delincuentes buscan incidir en el resultado de la elección, ya sea al evitar que triunfe un aspirante o inhibir la participación de la ciudadanía. Primero, los homicidios reducen las opciones del electorado al eliminar o intimidar candidatos; segundo, el miedo afecta el comportamiento del votante.
El escenario es complejo. Mientras los sufragistas intentan elegir a sus líderes, los criminales buscan preservar o expandir su influencia y proteger sus operaciones ilícitas. Esas organizaciones demuestran, según experiencias de otros procesos similares, su capacidad para ejercer la violencia selectiva a fin de acumular su capital político y ejercer su dominio territorial.
La situación demuestra que el accionar de los criminales es mayor donde los candidatos en ejercicio son más débiles y probablemente derrocados, ya que los cambios en el poder por personas fuertes y de principios interrumpen los acuerdos político-criminales existentes.
Los últimos movimientos en la lucha contra el narcotráfico también podrían precipitar una disputa violenta por el control territorial y las rutas de tráfico. Tras los arrestos de Ovidio Guzmán y otros líderes claves del Cártel de Sinaloa, así como de miembros importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la competencia entre facciones podrá aprovecharse para intentar apoderarse de nuevas operaciones.
A pesar de los golpes recibidos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG siguen dominando el panorama criminal. Los ingresos provenientes del tráfico de drogas sintéticas y los flujos migratorios alimentan la violencia y otorgan estabilidad financiera a estos grupos, señala el estudio del Colegio de Médico.
La complejidad del crimen organizado en México se ha incrementado, evolucionando de estructuras jerárquicas a redes más integradas horizontalmente, administrando células que operan a lo largo del país y están involucradas en una amplia gama de ilícitos.
Antonio Payán, del Centro para Estados Unidos y México en el Instituto Baker indicó que la nueva estructura y la multiplicidad de actividades criminales hacen que sea más probable un alto grado de impunidad para los delincuentes.
Para Payán, asegurarse la complicidad oficial de políticos que les secunden es esencial para que estos grupos puedan operar sin obstáculos.
“El panorama es preocupante”, reconoció Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que presentó la semana pasada los lineamientos de seguridad para este proceso de votaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la cartera de Seguridad Pública se encargarán de proteger a los aspirantes a la presidencia y a las nueve gubernaturas en disputa. No están contemplados, pese a ser los más vulnerables, los aspirantes a cargos municipales.
De acuerdo con el INE, las elecciones generales del 2 de junio serán las más grandes de la historia, ya que se espera la afluencia de unos 98 000 000 de votantes, unos 9 000 000 más que en 2018.
Ese día se elegirán la nueva presidenta del país, entre las candidatas con hasta ahora mayores posibilidades: Claudia Sheinbaum, del Morena y Xóchitl Gálvez, del PAN, aunque hay otros aspirantes con menores posibilidades.
México elige este año 20 708 cargos públicos, entre la Presidencia, gubernaturas, congresos locales y federal, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas.
En el Congreso Nacional están en disputa 500 escaños en la Cámara de Diputados, mientras son 500 en el Senado.
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