La presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para examinar la transición presidencial en Guatemala entre el saliente derechista Alejandro Giammattei y el presidente electo de tendencia progresista Bernardo Arévalo constituye una acción observada con rigor por quienes conocen la alianza de la institución regional con Estados Unidos (EE.UU.) y su alineamiento contra gobiernos renovadores.

Almagro llegó a Ciudad de Guatemala, la capital del país centroamericano, el pasado lunes invitado, según explicaron medios de prensa, por Giammattei, quien no explicó por qué precisa la presencia de actores foráneos para lo que resulta un proceso normal luego de elecciones presidenciales.

Sin embargo, como para evitar conclusiones adelantadas de los analistas políticos, viajó amparado por una resolución del aparato regional, aprobada por aclamación de una mayoría de los 34 embajadores que representan a igual número de naciones miembros, en la que le conceden ¨una mayor autoridad¨ para vigilar el cambio de la dirección política.

El Secretario General no viajó solo. Lo hizo acompañado de una delegación de observadores para, dijo, ¨apoyar en los temas que las autoridades entrantes y salientes tienen como prioritarios en este período¨, una explicación que poco o nada tiene que ver con la situación en Guatemala, donde Arévalo denunció un posible golpe de Estado en su contra antes de asumir el cargo el 14 de enero próximo.

En el balotaje efectuado entre el victorioso candidato del partido Semilla y la exprimera dama Sandra Torres también hubo funcionarios de la OEA que se trasladaron al empobrecido país para validar los resultados del pasado 20 de agosto.

No había discusión posible. El prestigioso académico y exdiplomático de 64 años, que dio una sorpresa en la primera vuelta al situarse en el segundo lugar, llegó al gobierno con el respaldo del 58% de los votantes. Como prueba de lealtad hacia Arévalo, gran parte de población se mantiene en las calles en prevención de los ardides de las élites enriquecidas, de manera fraudulenta, de las arcas de un Estado caracterizado por grandes carencias sociales.

La postura de Almagro, un cumplidor de las órdenes de Washington, ha encendido las alarmas entre quienes conocen su ambivalente trayectoria.

Para que no haya dudas de su servilismo a EE.UU., en 2020 el entonces secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, declaró que bajo su liderazgo ¨estamos volviendo al espíritu que la OEA mostró en los años 50 y 60 del pasado siglo¨, en medio de la guerra fría declarada contra los países socialistas de Europa del Este.

Nacido en Uruguay, canciller en el gobierno izquierdista de José ¨Pepe¨ Mujica, el ahora Secretario participó de manera activa en la formación de organismos regionales de corte plural y se ganó la confianza de presidentes que durante la década de los años 90 del pasado siglo cambiaron las estructuras de sociedades sacudidas por el neoliberalismo.

Mujica consideró que su peor error fue proponer a Almagro para su actual cargo, pues como un camaleón mudó de piel y se alineó a la política de la Casa Blanca, a la que sirve como un faldero.

El supervisor de la transición presidencial guatemalteca tiene una espléndida hoja de servicios en la Casa Blanca, de la que recibe instrucciones directas de cómo actuar en cada país miembro, salvo Cuba, que fue expulsada de esa desprestigiada entidad en 1962, por sus divergencias ideológicas con EE.UU., y nunca más solicitó un reingreso.

La OEA y su secretario general, los que lo antecedieron y los que vendrán después, carecen de chances de intervenir en cualquier asunto cubano, pues La Habana le desconoce autoridad para expresarse sobre su sistema político.

Almagro, que fue electo en el cargo en el 2015, cuando se esperaba, por su anterior trayectoria política que la OEA cambiaría  pareceres y métodos, es, sin embargo, la figura ideal que le conviene tener en las oficinas de Columbia a las administraciones estadounidenses. El secretario percibe un salario de 15 000 dólares mensuales sin impuestos, más las regalías de sus viajes. La entidad honra sus gastos y los de su familia, como vivienda, electricidad, teléfono, y otros inherentes a su responsabilidad.

El antiguo canciller suele permanecer en silencio cuando hay conflictos contra los gobiernos derechistas en América Latina y El Caribe. Hasta ahora, nada o muy poco ha dicho de las destituciones mediante distintas formas de golpes de Estado de dos veces Jean Bertrand Aristíde, Fernando Lugo, Dilma Rousseff,  Pedro Castillo. Ni tampoco de las intervenciones militares de la potencia norteña en Haití, República Dominicana, Nicaragua, ni sobre la ilegal base naval que mantiene, en contra de la voluntad del pueblo, en la oriental provincia cubana de Guantánamo.

Tampoco toma partido en la actual compleja situación que vive Haití, ni ante las denuncias de conspiraciones contra los gobiernos legítimos de Honduras y Bolivia realizada con pruebas contundentes por sus direcciones políticas.

No se proyecta contra las sanciones y medidas unilaterales adoptadas por EE.UU. contra Venezuela (que ha pedido su salida de la institución). Antes, la OEA, fundada en 1948 con el auspicio de EE.UU., se ha movido en aguas turbulentas, pues en algunos momentos como para tratar de mantener la defensa de sus miembros, ha dictado tibias resoluciones de apoyo, por ejemplo, a la reclamación por Argentina de las islas Malvinas; o de condena al extinto dictador dominicano Rafael Trujillo.

Quizás una de sus actuaciones más oscuras ocurrió en la Bolivia progresista presidida por el líder cocalero Evo Morales.

Invitada por Morales para que recorrieran el país durante las elecciones de 2019 en que fue reelecto por mayoría, la OEA, de manera sorpresiva pues iba a contracorriente de lo que decían los resultados, concluyó en un informe que hubo irregularidades en el recuento de votos, con lo que exacerbó los reclamos de la oposición contrarrevolucionaria.

La postura de Almagro y de la comisión enviada a Bolivia propició que la policía y el ejército de ese país de grandes riquezas naturales le retiraran el apoyo al jefe de gobierno, quien –según declaró- para evitar matanzas contra su pueblo (que en definitiva cometió el régimen de facto) presentó su renuncia mediante un canal estatal y se retiró del país hacia México y luego Argentina.

Ahora, este camaján uruguayo, como si le interesara en realidad lo que podría pasar en Guatemala, donde el mandatario electo está amenazado de muerte, indicó que "si no asume, sería un fracaso de la democracia".

Sin embargo, su función es más de espionaje que de diplomacia, pues a la Casa Blanca no le conviene la instalación de otro gobierno progresista en Centroamérica sino la de mantenerlo como socio, aun cuando trague en seco, como parece ser el caso si Arévalo cumple sus promesas de entrarle de lleno a la corrupción y de mejoramiento de la calidad de vida de sus coterráneos.

Horas antes de la llegada del Secretario General, hubo un cambio en la política del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que había suspendido la personalidad jurídica del partido Semilla, para evitar la asunción del presidente electo. También la directiva del Congreso Nacional, integrada por aliados del presidente Giammattei, suspendió del hemiciclo a los diputados de la agrupación, en un gesto que parecía no tenía reversa. Pero la hubo.

El reputado diputado Mario Taracena considera que el desconocimiento de la bancada de Semilla es una estrategia del partido oficialista para presionar a Arévalo y que negocie con ellos. “Están tratando de ablandar a Bernardo para que entienda que tiene que ir a hablar con el Congreso”, dijo Taracena al medio ConCriterio.

La maniobra legislativa forma parte de un complot derechista en el que asoma como líder la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, cuya dimisión es exigida por las manifestaciones populares que se mantienen en el país.

Si Arévalo no hubiese llegado a la segunda vuelta, sorprendiendo al aparato estatal en manos de la derecha, y luego ganado el balotaje, ni siquiera habrían mirado la boleta donde aparecía junto a la vicepresidenta electa, la científica Karin Herrera.

A la pareja presidencial le será muy difícil gobernar Guatemala, con una población de 17 109 746 personas, que aunque con la economía más grande de Centroamérica, posee un índice de pobreza multidimensional del 61,6%.

Se identifica que las brechas de desigualdad más relevantes en el país son las de ingresos y acceso a los servicios de salud y educación, que se extienden a las tecnologías de la información y las comunicaciones , y se exacerban en la población infantil, indígena y rural.

En esa nación está todavía vigente bajo cuerda el llamado Pacto de Corruptos, un enorme grupo integrado por las élites empresariales, formado bajo el gobierno del exmandatario Jimmy Morales en 2017 para lograr la impunidad ante eventuales investigaciones de fiscales honestos.

Esa alianza fue formada luego que el Congreso trató de forzar una ley que favorecería a quienes enfrentaran cargos de corrupción y crimen organizado, pues podrían reducir las sanciones a la mitad si aceptaban los cargos, entre ellos los de lavado de dinero y cohecho.

Ahora, el órgano legislativo, en que Semilla es minoría, por lo que se observa hasta ahora, tratará de extorsionar a Arévalo a cambio de la aprobación de leyes o de asignaciones presupuestarias, que más tarde se convierten en bolsones de corrupción. La única alianza posible de Arévalo es con el pueblo.

Un ejemplo de ello es que en una acción colectiva no vinculante, un grupo presentó más de 100 000 firmas digitales que pedían la salida de la fiscal general. Mientras, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris conversó con el mandatario electo sobre temas de migración, o lo que es igual, marcando la tarjeta para que nadie piensa que dejará de presionar al nuevo gobierno. En EE.UU. residen más de 2 800 000 guatemaltecos que huyeron de la miseria y la violencia mantenida en la llamada tierra del quetzal.