Colombia 2018: En deuda con la paz

Por: Tania Peña

El 24 de noviembre de 2016 el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron un histórico Acuerdo de Paz, considerado la mayor conquista del pueblo colombiano en más de medio siglo.

Dos años después el velero de la paz en Colombia sigue navegando por un mar embravecido, en medio de fuertes tempestades que le dificultan llegar a buen puerto.

Muchas dudas persisten en quienes dejaron las armas para reintegrarse a la sociedad e incursionar en la política tras convertirse el movimiento guerrillero en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fundado en septiembre de 2017.

'Estamos atravesando por una etapa exageradamente compleja. De lo que se pactó en La Habana a lo que se tiene ahora es una colcha de retazos', declaró a Prensa Latina Rodrigo Granda, miembro del Consejo Político Nacional de la FARC.

'El gobierno colombiano no estaba preparado para asumir un proceso de paz de largo alcance', estimó Granda.

El dirigente fariano mencionó que los excombatientes carecen de seguridad jurídica, de asideros para la reincorporación y de las garantías requeridas para la preservación de la integridad física.

Tanto es así, que desde la firma de la paz han sido asesinados 84 exguerrilleros de las otrora FARC-EP.

Pese a los enormes obstáculos, los excombatientes de las FARC-EP han cumplido celosamente lo pactado en las negociaciones, aun cuando la dura realidad en que se encuentran los empuje a la desconfianza.

'Hemos cumplido sagradamente nuestra palabra. Dejamos las armas, nos transformamos en un partido político legal y transparente, entregamos los bienes que constituyeron nuestra economía de guerra', afirmó el pasado 15 de noviembre el máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño (aún conocido por su nombre de guerra Timochenko) 

Comentó Timochenko cómo los exguerrilleros han asumido con total decisión su comparecencia ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Sin embargo, las instituciones del Estado en Colombia, tanto la Corte como el Congreso, han resultado veleidosas en sus decisiones con respecto a lo acordado.

Muchos de los artículos contenidos en el Acuerdo de Paz han sido modificados hasta hacerlos irreconocibles.

Timochenko sostiene que entre las más graves violaciones al pacto negociado en Cuba está la distorsión de la Jurisdicción Especial para la Paz, el mantenimiento en prisión de exguerrilleros y el arbitrario encarcelamiento del excomandante Jesús Santrich.

'Han sido muy reducidos los avances alcanzados en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular en lo relativo al tema del acceso a la tierra', subrayó el excomandante guerrillero.

Para el presidente de la FARC la deuda del Estado colombiano en materia de implementación es gigantesca.

El desconcierto es tal que algunos juicios de otros miembros de la excomandancia guerrillera han ido más lejos, como los de Iván Márquez, exjefe de la delegación de paz de la FARC en la capital cubana, y Oscar Montero (El Paisa).

El pasado 2 de octubre, ambos señalaron que lo pactado fue objeto de trampa y engaño.

'El Acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia: que fue haber firmado primero la dejación de las armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros', estimaron Márquez y El Paisa.

'Sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado', subrayaron.

El Consejo Político Nacional de la FARC coincidió con Márquez y El Paisa en cuanto al principal reto del momento: ¿cómo sacar adelante la paz de Colombia?.

Sin embargo, discrepó del duro enfoque de la misiva. 'No son posibles aún dictámenes definitivos a la luz de los balances sobre los resultados arrojados por la fase de implementación temprana', aclaró la dirección fariana.

Otra de las grandes dudas en la construcción de una paz estable y duradera en Colombia gira en torno al estancamiento del diálogo de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Desde su campaña electoral, el presidente de Colombia, Iván Duque, ya había expresado su desacuerdo con la política de su antecesor, Juan Manuel Santos, en cuanto a las reglas de la mesa de diálogo con el ELN.

Duque, quien representa al partido derechista Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), ha sido enfático en señalar que no reanudará el diálogo con la fuerza insurgente hasta que no ponga fin a los secuestros y a sus operaciones militares, que califica de actividades criminales.

A juicio de Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN, Duque está cumpliendo al pie de la letra el guión que se fijó de hacer trizas el proceso de paz.

'Es como cuando usted no quiere vender una casa y le pone un precio altísimo para que nadie la compre', ilustró Beltrán.

El jefe guerrillero es partidario de continuar las conversaciones bajo un cese al fuego bilateral pactado, como el cumplido entre octubre del 2017 y enero del 2018, durante el gobierno de Santos.

Manifiesta el Comando Central de la guerrilla que el gobierno colombiano ha intensificado los operativos militares en las zonas con presencia del ELN, mientras mantiene una retórica de exigir a los guerrilleros que cesen sus acciones.

En entrevista concedida a Prensa Latina en La Habana, Beltrán aseveró en septiembre pasado que el ELN está dispuesto a continuar trabajando en la construcción de acuerdos sobre la base de la agenda dispuesta, y a introducir ajustes en lo adelante, siempre y cuando sean pactados por ambas partes.

En opinión del escritor y ensayista español Paco Gómez Nadal, hay otro elemento de mucha fuerza que pesa en el derrotero de la paz en Colombia: la falta de interés de una gran parte de la opinión pública colombiana, básicamente urbana, en los procesos de paz.

Ni los medios de comunicación masivos, ni el Estado generan la información necesaria para un clima de discusión nacional sobre asuntos de paz, ha dicho Gómez Nadal.

No obstante esa aparente abulia, Colombia es un país claramente polarizado. En las elecciones presidenciales de este año quedó en evidencia un nuevo despertar de la conciencia social, acentuado en los meses finales de 2018, signados por la agudización y masividad de las protestas populares.

Pese al regreso del Uribismo al gobierno, el resultado del movimiento Colombia Humana en las urnas fue histórico 

Nunca antes en la historia del país un candidato al margen de la política tradicional había logrado los índices de apoyo que alcanzó el exalcalde bogotano Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Ocho millones de colombianos votaron por Petro, quien recibió el respaldo también de figuras mundiales, como el lingüista estadounidense Noam Chomsky.

Finalmente el poder económico y político de las maquinarias políticas que se arrimaron a las toldas del candidato uribista Iván Duque y la estrategia del miedo contra Petro pesaron en la decisión del electorado.

En Colombia, el odio es un sentimiento cultivado en la sociedad y las manifestaciones políticas de izquierda o centroizquierda se satanizan en grado superlativo.

Opina, sin embargo, el reconocido sociólogo argentino Atilio Borón, que aunque resulte un parto lento y difícil, doloroso como pocos, ya empezó a construirse en Colombia una nueva hegemonía política que desplazará a las fuerzas que por siglos han ejercido la dominación en el país.

Mientras, en los primeros 100 días de gobierno la imagen del presidente colombiano, Iván Duque, cayó del 53,8 por ciento al 27,2 por ciento, reflejó reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos. El 73,8 por ciento de los encuestados dijo que las cosas en Colombia van por mal camino.

Entre los temas más criticados están la corrupción, la inseguridad, la política educacional, la reforma tributaria y la fumigación con glifosato frente a la expansión de cultivos ilícitos.

En la agenda mediática local se calificó de catastrófico el desplome de la popularidad del jefe de Estado, la más baja de un presidente colombiano al comienzo de su gobierno.

Según la congresista de la Alianza Verde, Angélica Lozano, 'no hay brújula; el país arde con la lucha estudiantil y con la pretendida reforma tributaria'.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido también que, a pesar del Acuerdo de Paz, la violencia prevalece y se manifiesta en el asesinato de unos 400 líderes sociales en los últimos dos años.

Colombia es un país profundamente desigual, con casi un 27 por ciento de pobreza y un ocho por ciento de pobreza extrema, con altos índices de desnutrición infantil y con una inseguridad ciudadana que golpea preferentemente a mujeres y niños.

El sueño de la paz, conducente a un país más equitativo y próspero, está muy lejos aún de prender en el país sudamericano.