“Cuba es un país en el que se respetan los derechos humanos”

El Director General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, rechazó el texto sobre Cuba publicado por el Secretario de Estado de los Estados Unidos en la noche del 10 de diciembre de 2018. “Con una falta de decoro que es usual en el gobierno de los Estados Unidos al referirse al tema de los derechos humanos, el Secretario de Estado Michael Pompeo ha hecho pública una carta que dice haber enviado al Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, la que no se había recibido al momento de publicarse”, señaló el Director.

Agregó que “el gobierno de los Estados Unidos actúa deshonestamente cuando plantea preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba o en cualquier lugar” y precisó que “su trayectoria histórica, sus abusos constantes y flagrantes contra su propia población y la población de muchos países en el mundo, y su alianza a lo largo de la historia con regímenes dictatoriales autores de los crímenes más oprobiosos, descalifican la autoridad moral de los gobernantes estadounidenses”.

En opinión de Fernández de Cossío, “la supuesta carta del Secretario de Estado y su manejo público no son más que actos de propaganda”.  Acompañan, según indicó, “la falta de voluntad de ese gobierno a sentarse frente a Cuba, con seriedad y compromiso, en un diálogo bilateral entre iguales, a deliberar sobre el tema de los derechos humanos y la manera avanzar con sinceridad hacia una cooperación constructiva en el tema” y agregó que, “si a Estados Unidos verdaderamente le interesara los derechos humanos de los cubanos, no impondría un bloqueo económico criminal que castiga a toda la nación, ni pondría obstáculos crecientes a la emigración ordenada, ni a los servicios consulares de los que dependen decenas de miles de cubanos”.

“Cuba es un país en el que se respetan los derechos humanos”, enfatizó el Director.  Añadió que, contrario a los Estados Unidos, “el gobierno cubano y la sociedad en su conjunto se movilizan en función promover y garantizar el marco legal, las políticas públicas y el disfrute efectivo de los derechos de los ciudadanos, incluidos los derechos a una vida digna, libre de explotación, marginalización, enajenación social, discriminación de cualquier índole, de violencia, criminalidad y abuso del poder, y con acceso a servicios de salud y educación de calidad para toda la población, entre otras garantías”.