El 11 de diciembre de 2017, se celebró en Washington una nueva ronda de conversaciones migratorias entre delegaciones de Cuba y los Estados Unidos, presididas, respectivamente, por la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro y por el subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Creamer.
La parte cubana expresó su más profunda preocupación por las consecuencias negativas que tienen en las relaciones migratorias entre ambos países las decisiones unilaterales, infundadas y políticamente motivadas, que fueron adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos en septiembre y octubre de 2017.
La delegación cubana alertó nuevamente sobre el impacto negativo de la suspensión del otorgamiento de visas en el Consulado de los Estados Unidos en La Habana, lo cual, al paralizar los trámites de los ciudadanos cubanos para visitar o emigrar a ese país, obstaculiza seriamente las relaciones familiares y los intercambios de todo tipo entre ambos pueblos.
Asimismo reiteró su rechazo a la expulsión arbitraria de un grupo importante de funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington, lo cual ha afectado sensiblemente el funcionamiento de la Misión diplomática, en particular del Consulado y los servicios que este presta a los cubanos residentes en los Estados Unidos, así como la atención a los ciudadanos estadounidenses que mantienen interés en viajar a nuestro país.
También llamó la atención sobre el efecto contraproducente que está teniendo para la cooperación en el área migratoria, la decisión de cancelar los viajes de delegaciones oficiales de los Estados Unidos a Cuba, lo cual ha derivado en la posposición de intercambios de interés mutuo previamente programados, que, de mantenerse, podría profundizar las afectaciones a los intercambios en este y otros ámbitos.
En lo que respecta a la marcha de los acuerdos migratorios vigentes, los representantes de Cuba instaron al Gobierno de los Estados Unidos a cumplir su obligación de emitir no menos de 20 mil documentos de viaje anuales a ciudadanos cubanos para emigrar a ese país. Igualmente, trasladó una vez más su preocupación por la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, que sigue siendo un estímulo a la emigración irregular y cuya derogación será esencial para alcanzar relaciones migratorias normales entre los dos países.
Ambas delegaciones coincidieron en reconocer la repercusión positiva que ha tenido la Declaración Conjunta suscrita el 12 de enero de 2017 y, específicamente, la eliminación de la política de “pies secos-pies mojados” y del “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos” en la disminución de la emigración irregular de Cuba hacia los Estados Unidos. Igualmente, concordaron en la utilidad del intercambio entre Tropas Guardafronteras y el Servicio de Guardacostas celebrado en julio y del encuentro técnico sobre tráfico de personas y fraude migratorio realizado en el mes de septiembre, al que se dará continuidad el 12 de diciembre de 2017.
La delegación de Cuba reafirmó su disposición a dar continuidad a las rondas de conversaciones en materia migratoria.
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