Fondos para el fracaso de la subversión

La aprobación de fondos para “una nueva democracia en Cuba” es un nuevo intento de la derecha anticubana, con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos (EE.UU), de justificar la actuación de grupúsculos mercenarios y de acciones subversivas hacia nuestro país.

La noticia de que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Los EE.UU dio luz verde a un proyecto de ley que permite compartir 30 millones de dólares entre tres entidades que promueven un cambio en la democracia en Cuba mueve a risas y también a molestias.

El Departamento de Estado —instrumento gubernamental encargado de fomentar las relaciones internacionales de su país—, la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia para el Desarrollo Internacional, en una hermanada confraternidad, deciden dividirse los fondos para desarrollar acciones subversivas y pretender cambiar el orden democrático en Cuba.

La aprobación por el Congreso de esta millonaria cifra, destinada sin rodeos a construir “una nueva democracia en Cuba”, es la justificación más pueril para pagarles a sus asalariados que intentan desde este archipiélago y desde fuera ilusamente protestar para subvertir lo logrado y hacerle creer a la comunidad internacional que aquí existen opositores “independientes” y que al impedirles expresarse violan sus derechos humanos.

Si ese dinero no pudiera obtenerse la mal llamada disidencia no existiría, ni tampoco una prensa que se denomina como independiente, pues ellos viven a expensas de esos pagos, y sus acciones se sustentan en el dinero que les paga su amo imperial. Las supuestas víctimas, las violaciones de derechos humanos, la construcción de falsas realidades se argumentan en el valor de sus retribuciones financieras.

A lo aprobado para Cuba —30 millones— se suman 15 millones con idénticos fines para Venezuela y 5 millones contra Nicaragua, que ahora vienen a sumarse a lo que ya estaba en curso por la USAID y la NED, ambas organizaciones patrocinadoras consumadas de la subversión contra Cuba.

Los promotores de estos presupuestos no se esconden y lo pregonan ante la propia prensa estadounidense. Marco Rubio, senador cubanoamericano, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue el encargado de asegurar los fondos de dicho cuerpo legislativo, y el también cubano Mario Díaz-Balart lo hizo en la cámara de representantes. A ello se añade la labor de los “lobistas” anticubanos y alabarderos de estos personajes que cabildean en el Congreso para buscar adeptos para las aprobaciones. Estas presiones políticas tienen su fruto, pues el Congreso aprobó su nueva ley del presupuesto 2018-2019.

Los fondos provienen de los aportes del contribuyente estadounidense, al que engañan con falaces mentiras y absurdos e inverosímiles argumentos. Ya en el mes de marzo el presidente Trump había aprobado una partida de 20 millones para similares propósitos, a la que se aumenta lo aprobado ahora por el Congreso. Además de estos fondos ya se habían aprobado 29 millones para la Oficina de Trasmisiones a Cuba, destinados a radio y TV, aun cuando conocen perfectamente que la señal es bloqueada en el país.

La Casa Blanca había previsto para el año fiscal 2018 severos recortes en sus proyecciones de gastos. Sin embargo, no tuvo reparo alguno en mantener e incrementar las cifras que aprobó para Cuba, aunque lo haya realizado por tramos, bajo el manto de la “promoción para la democracia”.

Desde la aprobación de la pérfida Ley Helms-Burton en 1996, EE. UU. contempla fondos públicos para sus programas injerencistas y de intentos de subvertir el orden en Cuba, a lo que se añaden las aportaciones de la Comunidad de Inteligencia para las labores de penetración y de subversión.

La disidencia que se pretende imponer se alimenta del dinero del contribuyente estadounidense, mercenarios a sueldo. Un vano intento de mostrarlos como “luchadores por la libertad” para justificar sus políticas y su engaño.