¿Periodistas veraces o propagandistas eficaces? (+ Infografía)

Entre los años 1998 y 2001, cinco cubanos fueron apresados, juzgados y duramente sentenciados ante un tribunal en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por cometer espionaje contra ese país.

Sin embargo, en el año 2005, la Corte de Apelaciones de Atlanta anuló dicho proceso al concluir que la sede del juicio había atentado contra la imparcialidad de los jurados. -De tal forma, siguieron intactas y sin desmentir las razones presentadas por la defensa acerca de que los cinco compañeros intentaban combatir las acciones terroristas que varios grupos anticubanos perpetraban contra la Isla desde territorio norteamericano.- 

Los sucesos que más contribuyeron a amañar el espacio social en que tuvo lugar la causa giraron en torno a que el gobierno de EE.UU. les pagó en secreto a prominentes periodistas de Miami, a través de su agencia de propaganda oficial, el Buró de Gobernadores de Transmisiones (BBG).

El propósito de tales desembolsos era que una decena de comunicadores saturaran los medios de Miami con reportes altamente provocativos y perjudiciales para los Cinco Cubanos, mientras el gobierno hacía su acusación.

Así lo ha explicado en numerosas ocasiones la coordinadora del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos, Gloria La Riva. Según la experta, “la presencia de periodistas de Miami en las nóminas de pago del gobierno de EE.UU., quienes pretendían reportar como si se tratara de prensa “independiente”, va a lo más intrínseco en la injusta condena de los Cinco, quienes no solo fueron víctimas de una acusación por causas políticas, sino también de la operación de propaganda realizada por el gobierno.”

“Más de 2,200 páginas de contratos entre periodistas de Miami y de Radio y TV Martí –hechas públicas hasta ahora por el periódico Liberation, a través de una petición de la Ley de Libertad de Información (FOIA)– muestran la falacia de la existencia de una prensa independiente en Miami”, denunció hace varios meses La Riva en una serie de artículos publicados en Liberation.

Los supuestos profesionales de la información se referían con frecuencia a los acusados como “espías”, sin que los cargos hubiesen sido probados; y en varias ocasiones citaban fuentes inespecíficas para argumentar sus puntos. 

De acuerdo con datos ofrecidos por la coordinadora del Comité de Solidaridad, el 16 de septiembre de 1998, el periodista Pablo Alfonso de El Nuevo Herald publicó una acusación sin fundamento y altamente inflamatoria, acerca del enlace de Cuba y sus agentes con el terrorismo, bajo el título “Posible Alianza con el Terrorismo”: 

“La sorprendente ofensiva contra una supuesta red de espías cubanos en Miami podría ser una acción destinada a prevenir una posible colaboración del gobierno de Cuba con países involucrados en acciones terroristas contra Estados Unidos, según expresaron expertos en asuntos militares y de inteligencia a El Nuevo Herald.”

El 4 de junio de 2001, el día que el jurado iba a comenzar las deliberaciones, un artículo de Wilfredo Cancio Isla en El Nuevo Herald exponía que “Cuba usó alucinógenos al adiestrar a sus espías”, supuestamente basado en información procedente de “un anónimo espía cubano desertor”.

Por otra parte, los materiales tendían a incitar a la histeria y al odio contra los Cinco y el gobierno cubano. El 20 de febrero de 2001, Alberto Müller escribió un artículo particularmente venenoso titulado “Asesinos”, en el Diario Las Américas. En el mismo medio, Julio Estorino redactó materiales bajo títulos como “Premeditación y alevosía”, “Espías y malaslenguas” y “Espionaje e indiferencia”.

El gobierno norteamericano argumenta que los artículos escritos por los periodistas pagados no podían haber tenido impacto alguno debido a que A) fueron publicados antes de que comenzara el juicio; o B) fueron publicados después de que comenzó el juicio y el jurado estaba conformado y advertido por la jueza en cuanto a no ser influenciado por los medios; según pormenorizó Gloria La Riva.

“Sin embargo, los fiscales de EE.UU. sabían que las instrucciones de la jueza eran insuficientes para proteger el proceso del juicio de la influencia indebida de los medios, como se demostró por la moción del gobierno presentada por la fiscal Caroline Heck-Miller en diciembre de 2000. El gobierno solicitó una orden de silencio para prohibirle a la prensa citar a los testigos potenciales -- preocupados por que estos testigos ayudarían a la defensa.

“En la moción del gobierno se planteó: “…el jurado en este tribunal ha sido estrictamente instruido de no leer los reportes de la prensa acerca del caso, y no hay razón para creer que ellos no hayan considerado sus instrucciones. Sin embargo, el comentario desenfrenado por personas que están designadas como testigos en este asunto, contrariamente a las claras directivas de la Corte, plantea riesgos al proceso que ninguna de las partes habrían de soportar.”