Tierras para alegrar a un guajiro (+Fotos)

Cada 17 de mayo Cuba celebra el Día del Campesino. Fue en esta fecha, pero de 1959, cuando la Revolución promulgó la primera Ley de Reforma Agraria, una de las medidas más trascendentales impulsadas por el gobierno revolucionario, en un país con enorme superficie agrícola.

La pésima situación del campesinado cubano antes de 1959 fue muy criticada por el líder de la Revolución, Fidel Castro, en su histórico alegato “La historia me absolverá”. Las estadísticas reflejan por sí solas la realidad de los trabajadores del campo antes de esa fecha: el 25 por ciento de las mejores tierras y el 50 de las cultivables estaban en manos de compañías extranjeras; sólo 13 monopolios azucareros norteamericanos tenían más tierra que 111 278 fincas de productores cubanos y 101 824 campesinos no eran propietarios de las tierras que trabajaban.

La primera Ley de Reforma Agraria barrió con el latifundio e instituyó la producción cooperativa. Fue una medida de gran impacto para la época, pues reducía el mínimo de extensión de tierra que podía poseer una persona natural o jurídica a treinta caballerías y planteaba que, a quien excediera ese límite, se le expropiarían las tierras, para su distribución entre campesinos y obreros agrícolas.

Cinco décadas después de firmado ese histórico documento, el mejoramiento de la situación del campesinado cubano continúa siendo una prioridad para la Revolución. Quienes laboran en los campos siguen enfrentando diversos retos en un país que ha trazado, como requisito indispensable de su política económica, el aumento de la productividad, como motor capaz de propiciar su desarrollo económico.

Entre los Lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista de Cuba, aprobados como parte del  Congreso del PCC, en 2011, aparece un acápite que incluye la política agroindustrial del país. De forma general, estos lineamientos persiguen que el sector agrícola aporte de forma progresiva a la balanza de pagos, y reducir las importaciones de alimentos.

Lograr poner en manos adecuadas las tierras ociosas del país, echar a andar la producción en los campos cubanos, no resulta tarea fácil, ello requiere recursos y tecnologías que, muchas veces, no están al alcance del país.

Uno de los pasos más importantes emprendidos por el Estado es el Decreto Ley 300, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, el 22 de octubre de 2012, y puesto en vigor el 9 de diciembre de ese año.

El Decreto-Ley 300 deroga el anterior, 259, sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo, pero su objetivo es más abarcador, pues busca disminuir las tierras improductivas, aumentar el rendimiento, buscar nuevas formas de gestión eficiente para incrementar la autonomía de los productores  y aprovechar las tierras que rodean las ciudades.

Entre las ventajas del decreto se encuentra la entrega de una mayor cuota de tierra, bajo dos requerimientos: lograr una mayor productividad y cumplir las disposiciones legales correspondientes. Las solicitudes iniciales deberán restringirse a un área de 13,42 hectáreas; pero, luego, estas pueden extenderse hasta 67,10 hectáreas (cinco caballerías).

La disposición establece que el usufructuario puede estar vinculado, mediante una relación contractual, a una granja estatal con personalidad jurídica, una unidad básica de producción cooperativa (UBPC), o una cooperativa de producción agropecuaria (CPA), ubicadas en una proximidad de hasta cinco kilómetros.

Otro de los grandes cambios que introduce el Decreto 300 es que el titular del usufructo, ya sea persona jurídica o natural cubana residente en el país, puede construir o remodelar viviendas, por concepto de bienhechuría (inmueble incorporado a la tierra).

Hasta el momento, de acuerdo con Pedro Olivera Gutiérrez, director del Centro Nacional del Control de la Tierra, del Ministerio de la Agricultura, se han otorgado 1 523 000 hectáreas. 197 000 expedientes de solicitud han sido procesados, y de esos 174 271 ya están aprobados. Entre el total de solicitudes, 2 700 corresponden a personas jurídicas y el resto a personas naturales.