El laboratorio constituyente

Rara vez un solo investigador puede obtener un logro sin otro esfuerzo que el suyo. Y si nos atenemos al concepto más amplio de ciencia, ese que la clasifica como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales, entonces la nueva Constitución de la República puede considerarse no solo un resultado científico, sino en el que mayor cantidad de personas aunó sabidurías para lograrlo.

La patente, pues, corresponde no a otro sino a todo el pueblo, y el laboratorio: la Patria, sus raíces, su tiempo y su vista al horizonte.

Quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ha sido el primer desvelo de los grandes pensadores del mundo, y si la nueva Constitución consigue darles respuesta a estas interrogantes, no solo en su letra sino en su aplicación y respeto, tendremos en nuestras manos una obra maestra de la filosofía cubana.

La Constitución, entonces, es ciencia social de gran aliento. No solo en resumen ni entelequia, sino desde su propia elaboración.

Menudo esfuerzo ese que mañana cabrá en un librito — ojalá todos los cubanos podamos tener uno en el bolsillo para que nuestra libertad esté respaldada con ese culto — , en el que participaron no pocas luminarias de científicos sociales, pensadores del derecho y de las ciencias políticas.

Estos, y la voz del pueblo, que no fue para nada menos inteligente, acarrearon la mística legislativa de los siglos vividos y de luchas pasadas, y también la visión de las tendencias del conocimiento universal, aun cuando no satisfaga a todos por igual.

La nueva arquitectura constitucional, por ejemplo, toma en cuenta — y de alguna manera se adelanta — a las corrientes de pensamiento más incluyentes y las doctrinas económicas que hoy la polaridad de los sistemas prácticamente excluye unas a otras. Esta de 2019, digamos, logra dar cuerpo a varios conceptos que, en 1976, aun propuestos, no fueron comprendidos ni adoptados.

Si de ciencia hablamos, por ejemplo, la nueva Carta Magna evoluciona cuando de medio ambiente se trata. Si la previa revolucionó la responsabilidad del Estado en la protección de la naturaleza, apenas era esta, en su letra, el conjunto de recursos naturales de los cuales se serviría el pueblo para su desarrollo.

Dicho de otra manera: el nuevo contrato legal entre el Estado y la población exigía incluir lo que en la práctica se fue haciendo, pero no tenía un asidero constitucional: que el poder central promoviera “la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas”.

No es poco: la ley de leyes recién consultada en 133 mil 681 reuniones por ocho millones 945 mil 521 personas, no anda con medias tintas: “Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado”.

Nuevos aires mueven renovadas velas: En 1976, una Cuba de científicos era una aspiración; hoy es casi un hecho.

Después de tanto tiempo y tanta tempestad, un horcón importante que sostiene el desarrollo del país es el resultado comercial obtenido por los científicos bajo las lámparas que iluminan sus legajos, o por otros que con la ciencia a cuestas van esparciendo salud por el orbe o conocimientos en múltiples versiones, o por quienes forjan en las escuelas amor al saber, que es la base de la obra que se cede — fraternal, socialista — al prójimo.

Y si hace tres décadas los delegados constituyentes fijaron que “el Estado propicia que los trabajadores se incorporen a la labor científica y al desarrollo de la ciencia”, ahora “se estimula la investigación científico-técnica con un enfoque de desarrollo e innovación, priorizando la dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo”.

En este proceso de deliberación, en el que los participantes — la inmensa mayoría del pueblo — superan ampliamente el nivel educacional y la cultura legislativa de los cubanos de los 70, los investigadores y docentes de los centros de educación superior apenas han reclamando incluir en los supremos textos una mayor atención a la actividad científica, por cuánto depende esta ruta para conseguir el camino del desarrollo y la supervivencia.