Cambios ministeriales en Chile, ¿y después?

La presidenta chilena Michelle Bachelet decidió dar un giro en su gabinete ministerial, pensado durante más de 100 horas luego que pidiera la renuncia de su equipo de trabajo debido a la situación política del país —aprovechada sumariamente por la derecha— por escándalos de corrupción política y administrativa, y la lentitud del cumplimiento de sus promesas electorales.

El cambio de ministros se anunció este lunes en la mañana, luego de que la mandataria informara la pasada semana, de manera sorpresiva, que había solicitado la dejación de sus cargos a los titulares, luego de un año, un mes y 23 días de su segundo período presidencial, tratando de tranquilizar a la opinión pública nacional que —según los medios derechistas, incluso el español El País— carece de confianza en su administración.

En Chile confluyeron tres elementos que obligaron al paso dado por Bachelet: la corrupción en varias empresas en la que aparecen políticos y administrativos, su baja popularidad (siempre según encuestas que pueden ser manipuladas), el atraso en las reformas prometidas luego de asumir en el 2014, y la divulgación pesimista del desempeño de la economía.

Desde que comenzó este mandato —el segundo, hasta el 2018— se iniciaron muy tibiamente las reformas, con el pueblo en las calles reclamándolas, en especial la educacional, y sin que llegaran a concretarse debido a la resistencia de la oligarquía chilena que aún mantiene su pensamiento pinochetista y lucha para evitar que le arrebaten sus privilegios.

Bachelet, una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet, ganó ahora la presidencia con un 62 % de los votos, más un seis por ciento de los candidatos alternativos, lo que le daba una plataforma bastante segura para llevar adelante sus promesas de campaña.

Era evidente, empero, que el Ejecutivo no actuaba de manera unida y, por el contrario, daba la impresión —según observadores— de tirar cada uno para su cordel. Es la misma cara de siempre de los políticos chilenos: la falta de unidad interna, una historia repetida una y otra vez y de la cual saca buen provecho la reacción interna.

La crítica popular, expresada en las calles una vez más, se enfoca en que las reformas que mejorarían la situación de los ciudadanos de a pie se plantean a medias, sin entrarle a fondo a los problemas, algo por demás difícil en un país como Chile, donde todavía imperan los criterios políticos de un régimen militar en leyes aún vigentes.

Para analistas, Bachelet descuidó mantener el apoyo de esa parte de la ciudadanía que sería favorecida, y que era la que le podría ser más leal, ya que los posibles cambios traerían nuevas facilidades en temas agónicos en la actualidad, como la salud, la jubilación, la educación y las leyes laborales.

En el caso de la reforma educacional, hubo un ataque tanto de parte de la derecha —que especula financieramente en ese sector— como del estudiantado que luchó durante dos años en la calles del país para doblegar al gobierno conservador de Sebastián Piñera, y obligarlo a capitular por una educación gratuita y de calidad, pero que ahora tampoco está satisfecho con la actitud del anterior Ejecutivo.

A ello se unió la negativa campaña mediática de los periódicos La Segunda y El Mercurio, siempre apoyando las propuestas reaccionarias. Recuérdese el papel que jugaron estos terroristas de la información durante el mandato del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).

¿QUÉ SE ESPERA DE LOS NUEVOS MINISTROS?

En una intervención pública, la presidenta chilena anunció nueve cambios de ministros, entre ellos el considerado su hijo pródigo y principal asesor, el extitular del Interior, Rodrigo Peñailillo, señalado semanas atrás como receptor de honorarios de diferentes empresas sin que sus explicaciones convencieran a la opinión pública.

Peñailillo fue sustituido por Jorge Burgos quien, según medios chilenos, destaca por un perfil moderado y sus buenos contactos en el Congreso Nacional, una cualidad no poseída por su antecesor. Burgos no es un político, siempre según esas fuentes, que se caracterice por ideas de refundación nacional, si se llega a implantar la Asamblea Constituyente que redactará una nueva Carta Magna.

Burgos, hasta hoy jefe de la cartera de Defensa, declaró a la prensa que su “mayor reto es buscar grandes acuerdos a partir del programa de la presidenta de la República”.

Para aplacar los ánimos populares, hoy también la mandataria afirmó que comienza a funcionar la Agenda de transparencia y probidad en los negocios y la política, luego de los consejos recibidos del Consejo Asesor Presidencial, un nuevo aparato que ella creó bajo la dirección del reconocido economista Eduardo Engel.

Hace pocos días, el Consejo brindó a Bachelet sus conclusiones sobre la situación de la relación corrupción-política en el país y la sugerencia de poner en marcha de inmediato un plan de 236 medidas para al menos evitar ese flagelo, que resta popularidad a la administración de la coalición oficialista Nueva Mayoría (NM).

En el entramado de escándalos por corrupción aparecen el hijo y la nuera de la presidenta en torno al llamado Caso Caval, un negocio inmobiliario que mueve grandes cantidades de dinero. Presuntamente, en Caval hubo tráfico de influencias y conflicto de intereses que, aunque solo son sospechas, salpican la imagen del gobierno y de su jefa y en lo cual ha tenido mucho que ver la media reaccionaria.

La llamada Agenda de transparencia y probidad era quizás lo más esperado por la población chilena, que conoce algunos manejos, no solo en Caval, sino en otros emporios donde se mezclan las clases política y empresarial, un viejo mal no solo de Chile, sino de América Latina.

En el nuevo gabinete está representada NM por seis Ministros del Partido por la Democracia (PPD) y seis de la Democracia Cristiana (DC), tres del Partido Socialista (PS); dos del Partido Comunista (PCCh) y dos del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD). Además, dos independientes, uno de la Izquierda Ciudadana (IC) y uno del Movimiento Amplio Social (MAS), reporta la prensa internacional. Entre ellos hay siete mujeres, una menos que en el anterior Ejecutivo.

El titular de Exteriores, Heraldo Muñoz, permanece en el cargo, en momentos en que se dirime en la Corte Internacional de Justicia de La Haya la demanda de Bolivia sobre una salida al Océano Pacífico, que le fuera arrebatada por Chile en el siglo XIX durante una guerra de agresión.

El gabinete quedó conformado por Jorge Insunza como Ministro Secretario General de la Presidencia; Marcelo Díaz, vocero en el nuevo gabinete; Burgos en Interior y Seguridad Pública, Javiera Blanco, Justicia; y Ximena Rincón, Ministra del Trabajo y Previsión Social.

También, José Antonio Gómez en el Ministerio de Defensa; Marcos Barraza en Desarrollo Social; Ernesto Ottone, Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y Rodrigo Valdés Pulido en Hacienda.

Poco después de anunciarse los nombres de los titulares ratificados o recién nombrados, los partidos de NM reafirmaron en un comunicado su compromiso de avanzar “con constancia y energía, de retomar la senda de crecimiento y desarrollo económico que el país requiere”.

El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo Teillier indicó que respaldan plenamente el programa gubernamental y su Agenda de probidad y transparencia. “Los chilenos requieren una sociedad más solidaria, con más libertades, con mayores oportunidades, con mayor justicia, y una democracia más transparente", consideró según el documento de NM.

Junto con la designación de Burgos, medios políticos destacan los nombramientos de Marcelo Díaz, quien simboliza cierta continuidad de la política de la antigua Concertación Popular que llevó a Bachelet al Palacio de La Moneda en su primer mandato, y de Javier Valdés Pulido, director del Banco de Estado, quien debe trabajar de conjunto con el ratificado Luis Felipe Céspedes en Economía.

Se considera que el binomio Valdés Pulido-Céspedes envía un mensaje tranquilizador a la oligarquía financiera, ya que uno de los principales problemas a resolver por el Ejecutivo es evitar una crisis económica de envergadura que favorezca una intervención de los grandes grupos corporativos en el gobierno.

Estos tres nuevos titulares —los más importantes a lo interno— han sido parlamentarios, pero ninguno posee un liderazgo propio, sino que hicieron carrera en base a sus partidos.

Para expertos, los cambios ministeriales por si solos no devolverán la tranquilidad a La Moneda. De lo que ocurra de ahora en adelante depende mucho que se restablezcan los altos índices de popularidad que acompañaron a Bachelet en sus primeros meses de mandato y que han ido en picada, al menos como reflejan algunas encuestadoras.

Este mes, la presidenta anunció el inicio del “proceso constituyente” en septiembre próximo para la elaboración de una Nueva Constitución Política del Estado, aunque es seguro que será atacada por los sectores reaccionarios que tratarán de impedir a cualquier costo transformaciones que refunden el país andino, como ocurrió en Ecuador, Bolivia y Venezuela.

No queda claro a estas alturas si las principales fuerzas políticas afines a la presidenta socialista están dispuestas en la práctica a cambiar el modelo económico político y social vigente, definido como una democracia en la que prima el neoliberalismo. La experiencia del Chile de los años 70 del pasado siglo dejó importantes evidenciasde cómo actúan algunos partidos políticos de Chile en medio de las crisis, y Bachelet sufrió en carne propia tales actitudes tras la caída de Allende.

La legitimidad del gobierno y la búsqueda de estabilidad solo podrían lograrse si se cumplen a fondo los basamentos del modelo que planteó la mandataria, pero que entran en contradicción con las élites partidistas y la reacción interna.

Lo que está en juego es si Bachelet será capaz —o la dejarán— de enfrentar con rigor la relación existente en Chile entre el dinero y la política; los grupos económicos y los políticos y sus transacciones de mutua correspondencia que generan macizas fortunas en el pequeño país suramericano, tal como indica la revista Forbes.

En los casos de corrupción pública denunciados —Penta, Soquimich y Caval— aparecen políticos corruptos confabulados con grandes grupos económicos y empresariales con suficiente riqueza y poder para intervenir en la política nacional.

A la Mandataria le resultará muy difícil esa pretensión, si se considera que los capitales controlan las principales actividades del país, como el transporte, educación, banca, salud, previsión social, recursos naturales y riquezas básicas, con la afectación de millones de personas en Chile.

Solo si el pueblo tuviera un espacio democrático y si la presidenta rompiera de manera radical con las actuales estructuras política y social, y propusiera mecanismos de deliberación popular es que quizás pueda moverse el panorama de esa nación que hasta ahora nunca ha podido liberarse del fardo de una oligarquía que posee como marca distintiva los cambios presidenciales en el país.