Con paramilitarismo será imposible mantener paz en Colombia

Resulta difícil imaginar una paz duradera en Colombia, luego de la prevista firma de un acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en marzo próximo, si el Estado no logra desmantelar los grupos paramilitares que ponen en peligro la existencia de quienes pasan a la vida civil y a los dirigentes revolucionarios de esa nación suramericana.

Desde el 2012 se realizan conversaciones entre las partes beligerantes y, según precisó Santos en una reciente visita a La Habana junto al máximo líder guerrillero Timoleón Jiménez “Timochenko”,  la previsión es que el documento que pondría fin a 50 años de guerra interna se suscriba en apenas cuatro meses, luego de un impulso por las partes, sin que ello signifique una disminuir  las discusiones en los diálogos, en los que Cuba y Noruega actúan como garantes.

Importantes avances, en efecto, han ocurrido en la mesa de diálogo, pero aún insuficientes para sellar el armisticio con la satisfacción de los dos actores principales. El camino aún, a pesar del poco tiempo fijado por el presidente que desea pasar a la historia como el político que acabó con la guerra interna –la única en América Latina y el Caribe- parece largo, pues hay puntos a resolver que resultan difíciles en extremo.

Santos –y especialmente por ello fue reelecto- asumió el compromiso ante el pueblo colombiano y ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que declaró a la región zona de paz, de terminar con el conflicto que deja como saldo miles de muertos y desaparecidos.

POLÍTICA DE SEGURIDAD

Las últimas jornadas de trabajo de las delegaciones de Colombia pusieron especial énfasis en dos acápites: las víctimas del conflicto (al cual han dedicado un importante espacio), y una solicitud de las FARC-EP de que el Estado colombiano redefina su política de seguridad, así como la inclusión del concepto de seguridad humana integral y el desmontaje de las estructuras del paramilitarismo.

Las fuerzas guerrilleras no quieren dejar hendijas antes de la suscripción del acuerdo que, se supone, pacificará a la nación suramericana, y uno de los peores de ellas es la presencia de los grupos paramilitares que actúan en el territorio, sin que hasta ahora exista un compromiso de liquidarlos, una tarea que resultará muy difícil para el gobierno, pues es una estructura creada por líderes políticos con el apoyo de la oligarquía.

A pesar de lo complejo del tema, un comunicado de la delegación de las FARC-EP indicó en la capital cubana que “la normalización integral de la vida nacional y la transformación de las FARC-EP en organización legal tendrán como condición un proceso de redefinición concertada de la política de seguridad del Estado orientada a privilegiar y establecer un concepto de seguridad humana integral”.

Tal concepción va encaminada, dice el texto, a ofrecer "protección y garantías a la población en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como en el reconocimiento y materialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales".

El meollo del asunto se remite a las formaciones de contrainsurgencia, en especial las paramilitares, aunque también existen otros grupos criminales de narcotraficantes y mafiosos, por lo que la delegación exigió a Santos medidas excepcionales y extraordinarias para desaparecerlas.

Las FARC-EP divulgaron una serie de iniciativas enmarcadas en la Redefinición de la política de seguridad del Estado en las que pidieron la conformación de una “unidad especializada de investigación y análisis para el desmonte del paramilitarismo”.

El grupo rebelde refirió que para este fin es necesario un informe sobre la cartografía actual de las estructuras criminales, especialmente de carácter paramilitar.

Solicitó también la formulación y puesta en práctica del llamado "Plan de acción para el desmonte del paramilitarismo”, verificable en metas y tiempos, como un compromiso del Estado, con acompañamiento internacional.

El texto citado por Prensa Latina precisó que “Las partes diseñarán los lineamientos generales para el desarrollo de una normatividad especial y de emergencia que, como parte esencial de la nueva política de seguridad humana integral del Estado, contribuya al proceso de desmonte efectivo e inmediato de estructuras paramilitares”.

En el interés de una protección legal cuando la guerrilla pase a la vida civil es preciso que se eliminen, además, disposiciones legales y administrativas que permitan o promuevan –puntualizó las FARC-EP- las formaciones contrainsurgentes o de personas que realicen funciones de seguridad que competen solo al Estado.

GUERRILLAS QUEDARÍAN SIN PROTECCIÓN

Hay que imaginar una Colombia en la que millares de guerrilleros, desarmados y sin una protección del Estado, traten de incorporarse a la vida política activa, o a otras formas de inserción, cuando son potenciales víctimas de los paramilitares y narcotraficantes, al igual que ocurre con figuras de esas organizaciones u otras comprometidas con la paz.

Algunos analistas consideran que existen temores sobre el respeto a quienes, de una u otra manera, se han enfrentado a los gobiernos en las últimas décadas, pues aun cuando se trabaja en La Habana por la paz, se siguen reportando asesinatos, encarcelamientos y desapariciones forzadas de líderes populares y de izquierda.

Esas fuentes también precisan que con la paz que propone el gobierno –de no aceptar y cumplir las exigencias guerrilleras sobre el paramilitarismo- será muy difícil la reconstrucción de la nación, ya que puede entronizarse el terrorismo de Estado para destruir los movimientos populares y otras fuerzas políticas mediante la eliminación física.

En una ojeada a la historia reciente de Colombia se observa que hasta finales de los años 80 las fuerzas armadas que responden a los grandes capitales estaban encargadas de reprimir las formaciones políticas opuestas a sus métodos. A partir de esa fecha surge el brazo clandestino –muchas integradas por soldados- de esas fuerzas, que actúan como paramilitares con absoluta impunidad.

ÁLVARO URIBE, LLAMADO EL PRESIDENTE MAFIOSO

Álvaro Uribe, expresidente colombiano (2002-2010) –es reconocido como el máximo promotor  del paramilitarismo desde su período de gobernador de  Antioquia (1995-1997)- y mantenía relaciones de amistad con Pablo Escobar, uno de los más grandes narcotraficantes de ese país.

Según una biografía crítica titulada El señor de las sombras, publicada en 2002 bajo la firma del periodista Joseph Contreras, de la revista estadounidense Newsweeescrita, Uribe concedió licencias de vuelo a pilotos traficantes de drogas (cártel de Medellín), acusaciones en las que insistieron dos periodistas colombianos, Fernando Garavito y Fabio Castillo en su libro de investigación “Los jinetes de la cocaína”.

En 1991, el Departamento de Estado estadounidense lo calificó como “estrecho amigo personal de Pablo Escobar” y vinculó el asesinato de su padre con sus fuertes vínculos con  el narcotráfico.

De sus años como gobernador datan sus relaciones con elementos paramilitares que combatían a la insurgencia en las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Uribe defendió una estrategia de rearme e implicación de los civiles en la lucha antiguerrillera con su proyecto “Estado comunitario”.

Según distintas versiones, en su cuatrienio presidencial puso al servicio de los paramilitares el temido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), institución que interceptó los teléfonos de dirigentes opositores, magistrados y jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes simultáneamente se les montó operaciones de inteligencia y seguimiento por considerarlos cómplices del "terrorismo".

Es notable su participación en los planes contrarrevolucionarios contra Venezuela a manos de bandas paramilitares que atraviesan la frontera común, los cuales fomentan la guerra económica contra ese país, cometen asesinatos selectivos, e incluso intentaron una acción de magnicidio cuando Hugo Chávez Frías era el presidente. De todas esas acciones hay pruebas irrefutables.

En los últimos años varios de los colaboradores más cercanos al exmandatario, una treintena de exparlamentarios de su partido, y miembros de su familia más próxima fueron procesados – e incluso condenados- por su implicación con los grupos paramilitares responsables de miles de asesinatos en Colombia. En enero 2013, la Fiscalía General colombiana abrió una investigación directa por su presunta responsabilidad en la creación y financiamiento de grupos paramilitares. Sin embargo, no ha sido procesado y es actualmente Senador de la República.

QUÉ PASARÁ EN LA POSGUERRA

El gobierno de Santos, y los que vendrán, además de destruir el paramilitarismo, tendrán que buscar soluciones a los problemas que propiciaron el nacimiento de las guerrillas, pues la desigualdad en la distribución de la renta es abismal.

Según palabras del Presidente, apenas el uno por ciento de la población colombiana estimada en unos 48 millones de personas concentra el 40 % de la riqueza total del país.

Informes publicados en el periódico El Tiempo revelan que “hay cinco millones de colombianos viviendo con siglo y medio de atraso y persisten enormes brechas entre las regiones”.

Para el senador Iván Cepeda, uno de los grandes defensores del proceso de paz, “las élites colombianas tienen miedo que se acabe la guerra, pues por primera vez existe la posibilidad de que surja algo inédito en el país: la democracia no impuesta por los grandes capitales.

En una intervención en la IV Cumbre Nacional por la Paz, el pasado noviembre en la Universidad Libre de Cali, Cepeda habló de la necesidad de impulsar en la posguerra el Plan Nacional de Paz, en por lo menos 350 municipios “en los cuales hay que intervenir para dotarlos de carreteras, hospitales, escuelas”, a la vez que haya un desarrollo de planes de sustitución de cultivos y zonas de reserva campesina.

En ese contexto, la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño, argumentó que se desconocen los gastos de la guerra y de la posguerra, y se refirió a la pobreza en Colombia.

“El país ha crecido, afirmó, pero las élites se han apoderado de la tierra, y los campesinos son los que más sufren la desigualdad. Para resguardar la paz, puntualizó, hay que acabar las relaciones de poder entre el Estado y los empresarios, reconstruir el agro, que es una tarea titánica, y desarrollar una política con liderazgos honestos”.

En sus deliberaciones, el catedrático Libardo Orejuela Díaz, rector de la Universidad Libre de Cali, quien habló sobre el peso del narcotráfico en el conflicto colombiano, sostuvo que hay más de 30 generales comprometidos en  la historia reciente del país.

Orejuela Díaz alertó sobre los peligros que rondan los pasos posteriores a la firma de la paz, pues sabemos que habrá arremetidas de los enemigos del proceso que “están vivos y agazapados para procurar deslegitimar en las urnas lo pactado en La Habana”.

El docente Fernando Duque Nivia sostuvo que “Colombia es el único país del mundo donde las tierras se consiguen a plomo”, y de ahí que 10 000 familias opulentas posean millones de hectáreas de las mejores tierras, mientras millones de campesinos no tienen nada” y recordó que en ese país “solo el tres por ciento de los niños que comienzan sus estudios los terminan siendo profesionales”.

La suscripción del tratado de paz es, presuntamente, el primer paso de una nueva época en Colombia que, hasta ahora, parece una incógnita.