Denunciar al fisgón

Para los Estados Unidos las cosas siguen marchando mal en materia de rechazo global a sus prácticas de “pretendida búsqueda de información a escala planetaria”.

Las cosas venían poniéndose feas desde que se supo del rastreo de llamadas telefónicas y del tráfico de Internet de millones de estadounidenses a partir del titulado Programa PRISM, mediante el cual los cuerpos de espionaje pueden demandar de compañías y firmas de comunicaciones e informáticas el acceso pleno a sus líneas y servidores a cuenta de la “lucha contra el terrorismo”.

Según los propios medios de prensa norteamericanos, esa decisión  se hizo efectiva a finales del gobierno de George W. Bush, pero sus balbuceos se remontan a las inmediatas secuelas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Anteriormente, dicen las propias fuentes, cuando el gobierno federal quería leer los correos electrónicos en Yahoo o Microsoft, se requería la aprobación de un juez. Después de los ataques, Bush autorizó en secreto a la Agencia Nacional de Seguridad para que obviara esa aprobación y pudiera leer cuentas de correo electrónico en tiempo real.”

Y aunque algunas compañías informáticas comprometidas en tan sucio juego han intentado zafar responsabilidades, lo cierto es que, a partir de sucesivos artículos sobre el tema publicados por rotativos como The Washington Post y The Guardian, gracias a ese nexo ilegal “PRISM puede obtener rápidamente una gran cantidad de datos.”

Todo se entrelazó además con las revelaciones de Edward Snowder, ex especialista de la Agencia de Seguridad Nacional, quien no solo confirmó el espionaje masivo dentro de los Estados Unidos, sino además la extensión indiscriminada de esa “cacería” a escala planetaria, incluidos numerosos gobernantes y entidades oficiales y económicas extranjeros.

Semejante revuelo convirtió precisamente a la todavía cercana apertura del 68 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en una tribuna donde jefes de estado como la presidenta brasileña, Dilma Rouseff, fustigaron severamente a la Casa Blanca.

Incluso, la dignataria sudamericana postergó una visita oficial a Washington luego de conocerse que su teléfono digital era monitoreado permanentemente por agencias estadounidenses de rastreo, junto a los servicios de mensajería de varias entidades económicas cariocas.

De igual manera, la canciller alemana, Angela Merkel, lamentó que el socio mayor de la deteriorada Europa Occidental escuchara sistemáticamente sus llamadas telefónicas personales, incluso mucho antes de convertirse en la primera figura del gobierno germano, algo sumamente desleal para con un fiel aliado, según la propia dirigente.

Y la lista de afrentas ha seguido creciendo en la misma medida en que Snowden y otras fuentes han aportado nuevos datos sobre el fisgoneo de los cuerpos norteamericanos de espionaje en casas de gobierno de todo el orbe.

De ahí que no resultase extraño que hace apenas unas horas, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobara  una resolución especial en la que se reclama “el respeto a la privacidad”, en alusión directa a la deleznable labor de intromisión de los servicios estadounidenses de inteligencia en el trasiego de información en otras naciones del planeta.

El texto, presentado por Brasil y Alemania, y copatrocinado por Francia, España, México, Chile y Bolivia, entre otros estados europeos y latinoamericanos,  subraya la gran preocupación que genera entre los miembros de la ONU "el impacto negativo que la vigilancia y la intercepción de las comunicaciones puede tener en los derechos humanos " incluido el fisgoneo extra territorial.

Según fuentes de la máxima entidad internacional, es la primera que la Organización de Naciones Unidas afirma que "la vigilancia ilegal y arbitraria, dentro y fuera de las fronteras, puede constituir una violación de los derechos humanos".

La resolución de la comisión de Derechos Humanos pasará al plenario de la Asamblea General  para su consideración masiva, y aunque no tendrá carácter vinculante, constituye sin dudas un duro señalamiento para las entidades de espionaje y las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos, contra cuyo proceder injerencista está implícitamente dirigida.

Una muestra más de que ciertas sucias prácticas de orden hegemonista ya no pueden ser pasadas por debajo del tapete sin que ojos avizores las detecten, y lo más importante, sin que despierten en alta voz la indignación, el rechazo y la condena globales.