Dilma Rouseff: nuevo gobierno bajo presión

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), inició su segundo mandato de gobierno, escoltada por 39 ministros representantes de la variopinta coalición oficialista que la llevó a la reelección por estrecho margen el pasado 26 de octubre, contra su rival del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves.

Son ocho las agrupaciones políticas que acompañaron al PT en la lid electoral. El principal socio  es el centro-derechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en tanto los restantes partidos son de tendencias que van desde la derecha hasta la ultraizquierda.

Desde el pasado noviembre, cuando la Mandataria –que defiende la profundización de la inclusión social en la continuidad de este mandato— designó a Joaquím Levy  como Ministro de Finanzas, los analistas indicaron que la población brasileña quedaba expuesta en las manos de un reconocido neoliberal, seguidor de Milton Friedman, quien asesoró en el tema económico al dictador chileno Augusto Pinochet.

Doctorado en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, Levy es considerado un miembro destacado de la oligarquía financiera brasileña y de 2010 a 2014 presidió Bradesco Asset Management, rama financiera del conglomerado gigante Bradesco. Su nombramiento levantó ronchas en algunos ámbitos del PT, que lo consideran cercano en su pensamiento económico a Neves, el derrotado candidato del PSDB.

En un reciente artículo, el politólogo James Petras recordó que Levy “fue el estratega económico que impulsó la privatización masiva de empresas públicas lucrativas durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso –a precios de saldo— y una liberalización del sistema financiero que facilitó fugas ilícitas de capital valoradas en torno a los 15 mil millones de dólares al año”.

En opinión de Petras, “la pertenencia de Levy a la oligarquía financiera brasileña y sus profundos y prolongados vínculos con las instituciones internacionales financieras es precisamente la razón por la que Dilma le ha puesto a cargo de la economía brasileña. El nombramiento de Levy es una pieza fundamental de la nueva estrategia de Dilma para incrementar generosamente los beneficios del capital financiero nacional y extranjero, con la esperanza de atraer inversiones a gran escala que acaben con el estancamiento económico”.

La designación de la nueva ministra de Agricultura, la senadora del PMDB Katia Abreu, generó el rechazo del combativo Movimiento de Campesinos sin Tierra y de todos los grupos indígenas de Brasil.

Abreu, quien se considera cercana a Rousseff, es ganadera y presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA), patronal que representa a los grandes productores rurales del país.

Sus críticos indican que es miembro de un grupo suprapartidario defensor de los intereses de los terratenientes. Miembro del mismo partido que el vicepresidente Michel Temer, a la nueva titular de Agricultura se le considera una de las voces más duras contra los programas de reforma agraria y la creación de nuevas reservas indígenas.

Nadie duda de que aun cuando la coalición oficialista dispone de mayoría en las dos Cámaras del Congreso Nacional, lo que facilitaría la gestión del gobierno, Dilma deberá burlar una serie de obstáculos políticos y económicos, mucho más luego del escándalo de corrupción existente en la estatal PETROBRAS, y el nulo crecimiento de la economía en lo que sus críticos llaman “dirección equivocada” y los defensores “debido a la crisis financiera mundial del capitalismo”.

La presidenta, que en estos momentos posee un índice de aprobación popular cercano al 40 por ciento, podría recibir un susto el próximo febrero, cuando la Fiscalía General brasileña divulgue quiénes son sospechosos de recibir dinero ilegal desviado de contratos sobrefacturados de la petrolera por parte de una red ilegal. Se trata de tres mil 700 millones de dólares entre 2004 y 2012.

Antes de nombrar a sus Ministros, Rousseff tuvo la precaución de consultar a la Fiscalía si alguno de los nombrados estaba involucrado en el escándalo, pero la información le fue negada por tratarse de una investigación en curso.

Analistas consideran que otro reto para el gobierno que concluirá en el 2018, y a pesar de los pronunciamientos de la reelecta dirigente respecto a elevar la calidad de vida de los más pobres, será dar un cambio en la política económica actual, que, explican, en el 2014 tuvo un grave deterioro de los índices de las cuentas públicas, en tanto la economía se estancó.

El presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, mantenido en el cargo para el segundo mandato, confirmó ante el Congreso Nacional que el crecimiento del Producto Interno Brasileño será en 2014 en torno al 0,3 por ciento, en tanto la inflación podría superar el 6,5 por ciento. La balanza comercial, dijo, probablemente sería deficitaria por primera vez en 12 años.

De ahí que Levy anunciara una política de ajuste fiscal para asegurar –según su expresión- un superávit primario de 1,2 por ciento del PIB en 2015, y “de al menos un dos por ciento en los dos años siguientes”.

Poco después del anuncio de un endurecimiento de las leyes laborales y de jubilación, rodeada de las críticas populares, Rousseff decretó un aumento del salario mínimo nacional de 8,84 por ciento a partir de este mes, para situarlo de 724 a 788 reales (de 268 a 291,5 dólares). Se estima que el reajuste beneficiará a 48 millones de personas, cuyos salarios se rigen por el piso nacional.

En este gobierno que deberá timonear con mano firme, la presidenta pretende mantener algunos pasos dados para el mejoramiento social durante sus primeros cuatro años en el Palacio del Planalto, como la ayuda de la Bolsa Familia, la operación “Más médicos”, que llevó a miles de galenos extranjeros a los lugares más pobres de la nación y la construcción de viviendas, entre otros programas sociales.

Para asegurar que eventuales catástrofes populares –reducción de empleo, afectaciones a los jubilados, detención de programas sociales, subida de precios- no se hagan realidad, Dilma sabe que las manifestaciones populares de junio de 2014 que llevaron a la calle a  millones de personas, solo están esperando la orden para volver a activarse, si los derechos básicos de las personas son atropelladas o desaparecen.

La lección de las grandes masas, aprovechadas por la política petista para limpiar su imagen y cobrar las deudas pendientes del Congreso Nacional con medidas engavetadas, puede repetirse en los próximos meses o años.

Es conocido que la gran media brasileña, mayoritariamente en manos de la derecha, maniobra a favor o en contra del gobierno, de acuerdo con los intereses de la gran oligarquía de la nación suramericana, aún una de las más desiguales del mundo, a pesar de los esfuerzos de los dos gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva, y uno de Rousseff por cambiar tan indigno panorama en la sexta economía mundial.

De ahí que haya la certeza en círculos políticos que este nuevo mandato del PT será bajo presión, con la esperanza de que la mandataria sepa sortear, como ha hecho hasta ahora, los obstáculos que tiene por delante.