Estados Unidos pretende estrangular la Revolución Bolivariana

Desde hace varias semanas el presidente venezolano Nicolás Maduro alerta sobre un eventual golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, que, cuando se intentó aplicar hace pocos días, llevó a prisión a un grupo reducido de militares traidores. Para Washington se trata de una estrategia finamente planificada en el interés de un continuo desgaste de las fuerzas políticas revolucionarias cuyo inicio se remonta a hace más de una década con la asunción del extinto mandatario Hugo Chávez.

Desde finales del pasado año volvió a agudizarse el desabastecimiento de productos básicos, -uno de los pilares del llamado “plan blando” que va perdiendo su nombre a medida que son más furibundos los ataques contra el pueblo revolucionario de la nación suramericana.

Al igual que hizo con Cuba cuando triunfó la Revolución dirigida por Fidel Castro, la llegada de Chávez en el 1999 al Palacio de Miraflores indicó un parte aguas con la política proimperialista de los gobiernos de turno que le precedieron. Entonces empezó la batalla estadounidense y la plegada oposición interna a elaborar y fomentar acciones violentas y desestabilizadoras que han costado la vida a decenas de personas inocentes.

 Para Maduro, ya es hora de frenar la apocalipsis que Washington diseñó para su país. En los últimos días, el Mandatario precisó que no aceptará más ofensas de los dirigentes norteños que coloquen en riesgo la tranquilidad del Estado, el cual lucha en difíciles situaciones económicas internacionales por materializar el Plan de la Patria dejado por Chávez como legado a su pueblo.

En reciente declaración dirigida a su par estadounidense Barak Obama, aseguró que “no permitiré otra agresión contra nuestra patria, con la dignidad de los venezolanos nadie se debe meter, ellos no tienen derecho a promover la injerencia en ningún país del mundo. Rectifique su posición con Venezuela y será recordado como un buen Presidente”.

Hace dos meses, Obama –quien no renuncia a los planes de intromisión imperiales a pesar de continuos fracasos en derrotar a los gobiernos progresistas de América Latina- firmó sanciones de diverso tipo contra Caracas, que van desde restricciones en la emisión de visado algunos funcionarios gubernamentales que, según sus autoridades, violaron los derechos humanos cuando Venezuela fue atacada por grupos vandálicos organizados por la contrarrevolución entre febrero y mayo pasado del 2013, con un saldo de 43 víctimas y decenas de heridos.

Ante la postura estadounidense,  el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano recordó que el ocupante de la Casa Blanca “no tiene ninguna jurisdicción para aplicar fuera de su territorio alguna ley, norma legal o sanción contra la soberanía y la institucionalidad democrática de Venezuela”.

Frustrado golpe de Estado militar

A Venezuela la atacan desde diversos flancos. A la guerra económica se unen la psicológica y la mediáticas, esta última encaminada a enfocar denuncias mentirosas contra los líderes bolivarianos,  (como la hecha desde España contra el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Diosdado Cabello, a quien trataron de vincular con un cártel de la droga.

La campaña mediática de la derecha es un reflejo de quienes están detrás de los planes e intentonas de las intentonas de golpe.

El presidente Maduro denunció el pasado jueves que hay “una conspiración internacional contra Venezuela, que incluye publicaciones hostiles de medios de comunicación e indicó que presentará las pruebas sobre la intromisión de personal de la Embajada estadounidense en Caracas en la intentona golpista.

Aseguró que las ciudades Madrid (España), Bogotá (Colombia), Miami (Estados Unidos) son centros “para conspirar contra nuestra Patria” y mencionó varios periódicos, entre ellos El País y el Miami Herald.

La respuesta estadounidense replicó tratando de eliminar la pésima imagen de Washington en política exterior, y a contrapelo de las consideraciones irrefutables brindadas por Caracas y las constantes denuncias del Presidente. El portavoz del Departamento de Estado, Jen Paski, dijo que “Estados Unidos no promueve la desestabilización en Venezuela ni tampoco estamos intentando socavar su economía ni su gobierno; los señalamientos hechos por el Gobierno venezolano sobre que Estados Unidos está involucrado en conspirar en un golpe y la desestabilización no tiene basamento y son falsos”.

Declaraciones que, por supuesto, América Latina considera falsas debido a la intromisión norteamericana, incluso reciente, en naciones como Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia, Honduras, Paraguay, donde ha intentado derrumbar gobiernos. Solo lo logró en Honduras mediante un golpe militar y en Paraguay, con uno parlamentario.

Venezuela no está sola

Nadie duda de la compleja situación existente en Venezuela en medio de una polarización política y que solo la unidad del pueblo con sus dirigentes y la solidaridad latinoamericana evitarán que sigan adelante los planes desestabilizadores contra Maduro, en un año de elecciones legislativas. El propósito fundamental ahora de la contrarrevolución es el desgaste del Ejecutivo y de las bases políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para que pierda presencia en el Parlamento y constituirse en un freno para el desarrollo del gobierno.

De ahí que la ministra venezolana de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, exhortó a la población a estar atentos para enfrentar “los ataques extranjeros que busquen dañarla”.

Meléndez pidió a los venezolanos en su cuenta en Twiter a “estar alertas frente a las acciones de agentes foráneos y no sucumbir a las "operaciones psicológicas imperiales".

Las organizaciones integracionistas latinoamericanas, movimientos sociales y grupos internacionales políticos y económicos han brindado su apoyo al gobierno bolivariano en los últimos días.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) convocó de urgencia una reunión de sus cancilleres para analizar la situación en Venezuela y la injerencia foránea, mientras la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), el Grupo de los 77, el Movimiento de Países no Alineados mostraron su solidaridad con el Presidente Maduro y el proceso político que lidera.

Los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador viajarán en fecha próxima a Caracas en representación de UNASUR con el propósito de intentar abrir canales de diálogos “para preservar la continuidad democrática del hermano país, respetando, por supuesto, su soberanía y la legitimidad de sus instituciones, especificó el Secretario General del bloque, el expresidente colombiano Ernesto Samper.

Para el analista político y director de la encuestadora Hinterlaces, Oscar Schemel, la oposición venezolana apoyada por los grandes medios de comunicación locales e internacionales que responden a países hegemónicos, carece, sin embargo,  de capacidad de movilización debido a la carencia de un discurso que entusiasme a la población. Por eso, preciso, utilizan una estrategia subversiva e insurreccional.

Schemel precisó que la contrarrevolución no tiene liderazgo, lo que los obliga a buscar una estrategia insurreccional y a crear matrices de opinión para que a lo interno e incluso a nivel mundial, se imagine que el modelo político bolivariano fracasó y es preciso realizar cambios políticos, lo cual dista de la realidad en una nación que hace ingentes esfuerzos para crecer y desarrollarse, a pesar de estar en medio de una guerra no declarada con la mayor potencia del mundo.

El reconocido periodista y analista político José Vicente Rangel, ex vicepresidente de Venezuela del 2002 a 2007, aseguró que el denominado Acuerdo Nacional para la Transición firmado por los opositores Antonio Ledezma (detenido por su participación en acciones leoninas antigubernamentales), Leopoldo López (también preso por igual causa) y la ex diputada María Corina Machado fue financiado por organismos vinculados a Estados Unidos.

El Acuerdo fue redactado por un equipo de abogados empleados en importantes bufetes de Caracas quienes, según Rangel, reciben un estipendio cuantioso procedente de esas instancias de Estados Unidos.

La suscripción de tal documento sería el puntillazo inicial para un golpe de Estado, el cual contemplaba ataques a ministerios, la sede de la televisora Telesur y el Palacio de Miraflores, indicó el Mandatario en una de sus recientes comparecencias televisivas.

También el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, condenó las acciones antidemocráticas contra su país “ya sea sobre la base del desconocimiento de las autoridades legítimamente electas, bajo la forma de acciones violentas destinadas a forzar la separación de estas autoridades de sus cargos, o la imposición de autoridades por la vía del golpe de Estado”.

En un comunicado, Saab rechazó el Acuerdo suscrito por la ultraderecha “que oculta bajo el manto de un lenguaje de supuesto consenso el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas, de la soberanía popular y de la voluntad de la mayoría de habitantes de la República”.

En este crucial momento, los venezolanos mantienen un ritmo de vida normal. Las escuelas y  otras instituciones de carácter popular funcionan a plenitud. La pasada semana la nación celebró sus Carnavales.  Aunque se conoce que los planes contrarrevolucionarios siguen en ebullición, la población revolucionaria sigue apegada a la política de paz y justicia preconizada primero por Chávez y ahora por Maduro.