sábado, 20 de abril de 2024

Federico Franco, un presidente sin franqueza

El gobernante golpista de Paraguay se encuentra envuelto en un escándalo político debido a un fraude cometido en su Declaración Jurada ante las autoridades acerca de sus ingresos...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 20/10/2012
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Protestas en Paraguay
Las protestas en Paraguay son continuas contra el neoliberalismo

El presidente golpista de Paraguay, Federico Franco, se encuentra hoy envuelto en un escándalo político por presunto enriquecimiento personal extraordinario (más de un 748 por ciento en cuatro años), debido a un fraude cometido en su Declaración Jurada ante las autoridades acerca de sus ingresos, lo cual constituye un delito por el cual podría ser juzgado por lo penal, sometido a juicio político y destituido de su cargo.

Franco, quien es uno de los cabecillas del golpe de Estado parlamentario que destituyó mediante una maniobra de la derecha al presidente Constitucional Fernando Lugo, en junio pasado, está sujeto en principio a la decisión de la Controlaría General de la nación para que se investigue su incremento patrimonial con abultadas cifras supuestamente obtenidas a partir de su entrada en el 2008 como vicepresidente del Gobierno legal que contribuyó a quebrantar violando las leyes.

La solicitud de que se abra un proceso sobre la procedencia de su actual fortuna, dadas las contradicciones con las afirmaciones que hizo en la Declaración Jurada de sus bienes y rentas al asumir la Vicepresidencia, fue hecha la pasada semana por el periódico Última Hora, el que ofreció detalles de las controvertidas cifras.

Al hacer un análisis sobre el descomunal crecimiento de la riqueza personal del ilegal Presidente, Última Hora indicó que en su último informe a la Contraloría, declaró en agosto pasado poseer cuatro mil 849 millones 825 mil guaraníes —moneda nacional—, equivalentes a más de un millón 200 mil dólares.

Sin embargo, en el 2008 poseía siete veces menos dinero que ahora, lo cual para el matutino resulta muy sospechoso, ya que, dijo, es muy difícil obtener tales dividendos en apenas un cuatrienio, el tiempo que mediante un salario trabajó en el Gabinete, basándose —de acuerdo con sus expresiones públicas posteriores— en supuestos ahorros de la familia.

Tampoco, al parecer, ha dicho la verdad la Primera Dama y diputada Emilia Alfaro, quien gana unos 10 mil dólares mensuales, más gastos de representación y beneficios inherentes a su cargo en el Congreso Nacional. La esposa del Mandatario —siempre según Última hora— solo declaró a la Controlaría la mitad de tales entradas.

PIDEN ENJUICIAMIENTO DE FRANCO

El pasado miércoles senadores paraguayos solicitaron un juicio político y condena penal para Franco por los “delitos de irregularidad en su declaración de bienes y eventual enriquecimiento ilícito”.

En medio de este escándalo político, los senadores Carlos Fillizola, del partido País solidario y Hugo Estigarribia, del Partido Colorado, coincidieron en que las acusaciones aparecidas en Última Hora y las públicas imputaciones sobre nepotismo hechas a la familia Franco-Alfaro, más la falsa juramentación, ameritan que se someta al Mandatario a un juicio político y otro penal.

El escribano mayor del Gobierno, Justo Denis, tomó distancia del asunto y aclaró a medios de prensa que solo se limitó a certificar la firma presidencial en su Declaración Jurada a la Contraloría, sin que tuviera responsabilidad alguna en los datos ofrecidos.

José Casañas, abogado especialista en estos casos, aseguró que si Franco intentó violar la ley —previa comprobación— podría recibir de uno a cinco años de cárcel, y ser juzgado como máxima autoridad de la nación para destituirlo de su cargo, en tanto consideró que la Justicia puede investigar directamente la situación.

También el Fiscal Anticorrupción Carlos Arregui indicó que aunque el Mandatario intente ahora cambiar su confesión de bienes, la Controlaría debe determinar la incompatibilidad con las cifras entre el 2008 y el 2012 y ordenar oficialmente una indagación penal al Ministerio Público.

Para defenderse, el Presidente argumentó un error en el valor de su residencia, y el olvido de una de sus cuentas bancarias, un ardid considerado mentiroso por políticos de oposición y la ciudadanía, tal como lo manifiestan medios de comunicación masiva en Asunción, la capital, y las redes sociales de la región.

Las explicaciones de Franco poco convencen en Paraguay, uno de los países más pobres del subcontinente. El 80 por ciento de las tierras cultivables de ese territorio suramericano están en manos del dos por ciento de los propietarios. De seis millones de habitantes de Paraguay, un millón 300 mil viven en la pobreza, y casi el 75 por ciento de esa cifra, lo hace en extrema pobreza.

Otro dato estremecedor: El Banco Central del Paraguay concluyó que los 16 bancos que operan en la nación acapararon en el 2011 el 82 por ciento de las rentas financieras generadas.

Aislados políticamente, ya que el gobierno de facto no ha sido reconocido por la inmensa mayoría de las naciones, separados hasta las elecciones del próximo año de varios organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas y el Mercado Común del Sur, Franco y su gabinete, además de este último escándalo, reciben el rechazo continuo de importantes sectores desde el mismo día de la suplantación del llamado Obispo de los pobres por sus medidas a favor del gran capital.

Miles de mensajes en Internet exigen su encarcelamiento por presuntas acciones de corrupción en los últimos cuatro años, mientras manifestaciones callejeras de distintas ramas económicas y sociales niegan en los últimos meses la credibilidad de un régimen que ocupó el Palacio de López debido a un oscuro manejo anticonstitucional.

En las últimas semanas se han acrecentado las protestas en distintas localidades paraguayas, las cuales incluyen a trabajadores, campesinos, indígenas y mujeres, quienes han visto violentados sus derechos bajo la actual administración de derecha.

El actual equipo ministerial liberó —entre otras medidas neoliberales— el uso de semillas transgénicas para favorecer a las transnacionales vinculadas al agro-negocio, otorgó subsidios en el uso de la energía eléctrica a la empresa Río Tinto, lo cual facilita el extractivismo y la expoliación de los recursos naturales y energéticos. Se considera que al menos 50 mil personas han sido despedidas de sus empleos desde su asunción, mientras programas comunitarios han sido cerrados para infelicidad de las poblaciones más pobres.

Quizás este escándalo político quede en nada, —lo cual ha ocurrido en otras acciones similares en naciones de América Latina aliadas a Estados Unidos— pero quizás también pueda imponerse la justicia en el caso de un Mandatario a todas luces, cuando menos, mentiroso.


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Clara Lídice Valenzuela García

Periodista


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