Graves peligros rodean la paz en Colombia

Luego de dos años de conversaciones en La Habana entre las partes beligerantes en Colombia –guerrillas y gobiernos-, recientes incidentes enturbian de nuevo el proceso de paz que, según fuentes extraoficiales, podría tener un feliz término en pocos meses.

Los últimos días, empero, han sido muy tensos entre las partes, luego de la muerte de 11 soldados y 21 militares heridos el pasado día 15 en una acción guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, uno de los territorios más “calientes” en términos de enfrentamientos.

El Cauca es una zona de intensa actividad guerrillera y el enfrentamiento con una unidad militar de élite ocurrió cuando las FARC-EP habían decretado un cese al fuego –que se tornó bilateral- y el gobierno había suspendido hacia cinco días los bombardeos a los campamentos guerrilleros hasta nueva orden.

En medios políticos colombianos se comenta que los últimos acontecimientos pusieron de nuevo en peligro la deseada paz para Colombia, también en peligro cuando en noviembre del pasado año un alto oficial, violando los protocolos militares, se adentró en una llamada “zona roja” y fue secuestrado por un comando de los insurgentes, que lo liberaron pocos días después.

La actitud entonces del presidente Juan Manuel Santos, al parecer poco pensada, de inmediato detuvo el proceso en La Habana, del cual son garantes Cuba y Noruega, mientras la guerrilla planteaba que era un suceso aislado y culpaba al militar por estar en un lugar peligroso, de civil y sin escolta.  La fragilidad de la paz, como ahora, fue visible a pesar de los adelantos de los últimos meses en tres de los cinco puntos del pre-proyecto de las partes.

¿Qué hay detrás de estas acciones anti-paz?

Ahora Santos –obviando que su país todavía está en medio de una guerra que dura más de medio siglo y la paz aún no está firmada- ordenó  “levantar la suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden”, y reiteró que “no me voy a dejar presionar por hechos infames para tomar una decisión sobre cese bilateral de fuegos”.

Solo le falta levantar, como el año pasado, a su delegación de la mesa de negociaciones de La Habana, una posición que le haría un gran favor a los políticos de derecha y sus aliados que fomentan el anti-proceso de pacificación solicitado por la sociedad de ese país suramericano.

Para analistas, el meollo de esta nueva y grave situación es la respuesta oficial a qué hacía una Brigada Móvil del Ejército de Colombia –parte de la Fuerza de Tarea Apolo — integrada por los soldados más expertos en el  tema “contraguerrilla” (entrenados para matar sin piedad)— en una zona en tregua y cese al fuego.

Para analistas, la presencia de esta Brigada allí no es casual, sino que existe una premeditación de los altos jefes militares, que más allá de la detención bilateral de las hostilidades, entraron en combate y sacrificaron a sus soldados para presionar al gobierno a suspender las negociaciones en Cuba y causar la ruptura del camino hacia la pacificación del país.

En unas declaraciones repetidas hasta el cansancio por la prensa de derecha, el Fiscal General de la República calificó las muertes de los soldados en combate como “crimen de guerra”, “homicidios en persona protegida”, “grave violación del Derecho Internacional Humanitario”, “violación clara de la tregua unilateral”, y ordenó una investigación inmediata para llevar ante la justicia a los guerrilleros supuestamente involucrados en las acciones.

Sin embargo, no mencionó a los millares de campesinos e indígenas, bastiones civiles de la guerrilla en el valle del Cauca, que son asesinados y desaparecidos u obligados a desplazarse debido a los intensos bombardeos desplegados por el gobierno, ni se menciona la cifra de muertos o heridos de la guerrilla (a quienes la prensa presenta como narco-traficantes) ocasionados en esta operación desatada en el Colombia profundo.

Este sábado, la delegación de las FARC-EP en La Habana, declaró que en represalia por los sucesos ocurridos en El Cauca el Ejército asesinó a cinco miembros de una familia campesina residente en la zona, sin que la prensa colombiana haya publicado el suceso.

El vocero de las FARC-EP Pastor Alape manifestó que "los hechos tienen su causa en esa incoherencia de parte del Gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua”, informó la cadena multinacional Telesur.

La situación política se enrarece aún más en estos momentos con la explotación que de este aciago suceso hace la prensa derechista tras la cual se escudan los enemigos del proceso de paz encabezados por el expresidente Álvaro Uribe y sus compinches guerreristas a la cabeza.

Uribe, reconocido líder de la derecha regional, aliado de Estados Unidos, está en función de que la guerra continúe. El ex Mandatario, del cual Santos fue Ministro de Defensa, está ahora enrollado hasta los tuétanos luego del destape de corrupción que ya tocó a sus más cercanos colaboradores cuando era gobernador del estado de Antioguia.

En fuga está  su ex-asesor de Paz, Luis Carlos Restrepo, el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y Luis Alfonso Hoyos, embajador ante la Organización de Estados Americanos. La  Corte Suprema de Justicia ha juzgado a muchos de sus más cercanos funcionarios. La ex-directora del DAS (aparato de seguridad) María del Pilar Hurtado los ex-ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacios, y su secretario general, Diego Moreno, fueron condenados a pagar cárcel por más de 80 meses.

En la lista de los acompañantes de Uribe están también Francisco Santos, José Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo, Jorge Mario Eastman y César Mauricio Velásquez.

Las Fuerzas Armadas y la paz

A pesar de las negociaciones de La Habana, y de la buena voluntad de las partes beligerantes durante los dos últimos años, no puede olvidarse que en el interior de las fuerzas militares colombianas hay elementos que odian a quienes han luchado con las armas por más de medio siglo en las selvas colombianas en busca de un mejor destino para su país, con una entronizada pobreza y considerado uno de los bastiones mundiales de la droga.

Altos militares –como el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, apoyó de manera pública la renuncia de los generales (r) Ricardo Rubiano Groot, de la Fuerza Aérea; Víctor Álvarez Vargas, del Ejército, y el contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña, de la Armada, que ejercían su consejería “ad honorem”' en Cuba.

Los generales se limitaron a informar que el retiro temporal de las negociaciones del general Jorge Enrique Mora Rangel de la mesa de negociaciones de La Habana había generado malestar entre los integrantes del ejército. Mora se había ausentado momentáneamente de la de La Habana y ellos lo seguirían. En opinión de Ruiz, el gobierno negociaba los intereses de los uniformados a espaldas del país.

Movimientos sociales colombianos han denunciado que para los altos mandos militares colombianos la guerra es un negocio y de que esta se mantenga depende el funcionamiento de las reconocidas mafias de corrupción en las filas de las Fuerzas Armadas. Se conoce que hay conspiraciones para evitar la firma de la paz por altos mandos que negocian suculentos contratos de armamentos y reciben sus consiguientes comisiones.

Pero no son solo Uribe y los militares los que conspiran a favor de continuar  las hostilidades y se encargan de difamar por los pasillos supuestos dobleces del gobierno de Santos para alcanzar la paz por la cual fue reelecto el pasado año en el cargo.

También para los grandes terratenientes y empresarios el cese de las hostilidades significaría la apertura de la Caja de Pandora si es que en un ambiente de convivencia pacífica sale a la luz su participación en relaciones criminales y financiamiento de los grupos paramilitares (formados por soldados y policías en activo o retirados) que han ultimado y desaparecido a millares de colombianos en los últimos 60 años, en especial en las zonas campesinas.

Acelerar las conversaciones

La paz en Colombia pende del entendimiento entre el gobierno y la guerrilla, más allá de quien fue el que primero disparó este mes en el Valle del Cauca. Tanto el gobierno como las FARC-EP se culpan mutuamente, pero eso no es lo importante ahora, sino que recomenzaron los bombardeos del gobierno –suspendidos apenas cinco días antes- y los ánimos están bastante caldeados, lo que le hace el juego a quienes pretenden que la guerra continúe.

La situación apunta a que la sociedad colombiana haga un esfuerzo para que el complejo proceso de entendimiento que tiene lugar en Cuba no caiga en un vacío y se echen por la borda los términos de los tres pre-acuerdos de temas ya resueltos y el silencio de las armas se convierta en una utopía.

Eso es lo que desean Uribe y sus acólitos de derecha y una parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas colombianas. Si el proceso sigue adelante será la derrota más sonada de las fuerzas opositoras que influyen de manera descarada contra la paz.

La sociedad colombiana, la que en definitiva más sufre el conflicto armado, organizada en movimientos políticos pacifistas, está en el deber, una vez más, de exigirle al gobierno y a las guerrillas la calma y la inteligencia necesarias para evitar un retroceso en las negociaciones de La Habana, por sí mismas bastante complejas.