Herida abierta en el pueblo mexicano

Aunque analistas consideran que es casi nula la posibilidad de que aún estén vivos los 43 estudiantes apresados por las autoridades de Iguala, en el estado de Guerrero, la población mexicana que se encuentra en la calle desde hace varias semanas en señal de protesta, exige que los devuelvan vivos en evidente toma de conciencia de la crisis de un Estado controlado en buena medida por el crimen organizado.

Movimientos estudiantiles y de masas realizan manifestaciones diarias luego de conocerse la tragedia generada por la prepotencia del alcalde de Iguala, Jorge Abarca y de su esposa - ambos en prisión luego de ser apresados de manera sospechosa en un barrio capitalino. Según testigos, ella dio las órdenes contra los jóvenes detenidos por la policía de ese municipio, y entregados después luego a los sicarios del cartel de la droga Guerreros Unidos que opera en la zona.   

Millares de personas recorren día a día las principales ciudades mexicanas –incluso aquellas donde no es tan visible el funcionamiento de los carteles- en solidaridad con los familiares y el pueblo de Ayotnizapa, donde los 43 desaparecidos estudiaban para formarse como maestros comunitarios.

La furia de los manifestantes que ven transcurrir los días sin que los muchachos aparezcan vivos o muertos es tal que en las últimas horas hubo enfrentamientos con la policía en varios estados, incendios de locales del gobierno y del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de la toma del aeropuerto internacional de Acapulco.

Los estudiantes fueron detenidos el pasado 26 de septiembre al llegar a Iguala procedentes de Ayotzipana para participar en una protesta pública –gesto que molestó a la esposa del alcalde, quien se encontraba en una actividad de caridad-. Sin casi dejarlos bajar del ómnibus que los trasladaba, la policía los recibió a golpes y a tiros. Tres de ellos murieron en el acto, además de otros tres pasajeros sin vinculación con los normalistas, en una masacre que movilizó de inmediato a la población de Iguala y sus alrededores.

El rapto forzado de los jóvenes es calificado por expertos como crimen de Estado. Por su propia confesión, se ha hecho evidente la complicidad intelectual del alcalde y de su mujer con los grupos de exterminio de Guerrero. Esos dos sujetos, así como el después defenestrado gobernador del Estado, Ángel Aguirre, son considerados por analistas chivos expiatorios de una conspiración mucho más abarcadora- la cual podría salpicar a la Procuradoría General de la República (PGR) y al presidente Enrique Peña Nieto.

A pesar de los días transcurridos, los mexicanos aún mantienen esperanzas en que los alumnos de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa estén con vida. Sin embargo, y como siguiendo un patrón, miembros del cartel confesaron que los asesinaron, incineraron y lanzaron sus restos a un río de Guerrero, y así lo confirmó el Procurador General, Jesús Murillo Karam.

Mientras Peña Nieto, a pesar de la tensa situación existente en el país se encuentra en una gira internacional, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio, -posiblemente para no tensar más la cuerda social- indicó este miércoles que redobló la búsqueda de los alumnos sin escatimar, precisó, recursos tecnológicos ni humanos.

En una medida considerada formal y burocrática para ocultar una realidad que el pueblo se niega a admitir, Osorio informó acerca de una serie de acciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la labor del gobierno en la Comisión Mixta de Seguimiento e Información para divulgar los avances de las indagaciones a los parientes de los desaparecidos, con quienes, dijo, se reunirá, así como con estudiantes, abogados y organizaciones civiles.

Estos anuncios son parte de los 10 compromisos suscritos por Peña Nieto y los padres de los muchachos para notificarles los eventuales avances en el caso.

La situación surgida en Iguala abrió la Caja de Pandora en México, poniendo al desnudo una realidad que torna patética la actuación de las autoridades federales, incapaces de controlar la política interna, dado el grado de corrupción existente en los diferentes niveles de mando gubernamental.

Más de 26 fosas comunes fueron encontradas en Iguala en el rastreo de los jóvenes, pero los restos encontrados no pertenecen a los alumnos de Ayotnizapa, lo que profundiza aún más el misterio de la suerte corrida por ese grupo, y a pesar de las declaraciones de los sicarios de que están muertos.

La negativa confirmación procede del Laboratorio The Bode Technology Group, de Estados Unidos. En el caso también trabajan peritos argentinos y la Universidad de Innsbruk, en Austria, que examinan otros restos hallados en una barranca y el río de Cocula, colindante con Iguala.

Según un artículo deGeraldo Albarrán de Alba publicado en el diario argentino Página 12, “la revelación de la PGR sobre el asesinato masivo en el basurero municipal de Cocula, a menos de 20 kilómetros al sudoeste de Iguala (…) se hizo en vísperas del viaje de Peña Nieto a China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y una rápida visita a Australia para integrarse a la cumbre del Grupo de los Veinte (G-20), como para despresurizar la creciente atención internacional en la crisis de derechos humanos que azota a México”.

Albarrán de Alba menciona que el Mandatario “justificó el viaje internacional en el que se encuentra ahora mismo, pese al clamor porque permaneciera en el país atendiendo la grave crisis de derechos humanos que se ha transformado ya en una severa crisis política que el propio Peña Nieto no ha sabido encarar, según algunos analistas, incluso simpatizantes del régimen priísta, pero que a estas alturas empiezan a ver con preocupación la falta de recursos políticos del presidente”.

Según pasan los días, las protestas populares –sin precedentes en ese país- no solo se mantienen sino que se radicalizan contra los símbolos partidistas tradicionales.

Cientos de estudiantes de distintos niveles destrozaron  en Morelia este miércoles las sedes de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y la Revolución Democrática, en un gesto que demuestra la incredulidad hacia esos organismos que durante décadas han permitido el accionar de los carteles de la droga en México, la cual es vendida a Estados Unidos, principal consumidor de estupefacientes a nivel mundial.

Para quienes siguen la política mexicana y las consecuencias del neoliberalismo en el país, las movilizaciones de millares de personas luego de años de inacción, en especial del estudiantado medio y universitario, constituyen un importante paso en la toma de conciencia de la juventud que, como en otras naciones latinoamericanas, detonó el paso a gobiernos progresistas.

En México hay organizaciones sociales como el Movimiento Antorchista Nacional (integrado por varios segmentos sociales), que constituyen grupos estructurados, con una impresionante capacidad de movilización popular, pero que la media intenta ignorar para enfocarse solo en casos supuestamente aislados, como ahora el de Iguala, sin profundizar en sus causas y ni siquiera en sus consecuencias a lo interno.

El reclamo de justicia ya se extiende fuera de México. La desaparición y presunta muerte de los normalistas llegó hasta las Naciones Unidas,  donde el secretario general de esa organización, Ban Ki Moon, solicitó al gobierno mayor rapidez en la búsqueda de los raptados.

Cada día que pasa aumentan las expresiones espontáneas del pueblo contra la situación de agravio que vive la sociedad mexicana. Artistas e intelectuales se han unido al clamor popular en mítines y presentaciones, en una unidad que era inexistente en México, al menos de manera visible. El crimen de Iguala ha marcado un antes y un después en el país de los antiguos aztecas.