Muteadas

En un contexto donde la violencia digital se ha convertido en un fenómeno en constante crecimiento con graves consecuencias para la libertad de expresión, Amnistía Internacional presenta su nuevo informe titulado Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas.

El estudio revela que el 63,5% de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género en Argentina han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años. De ellas, un 98,3% fue objeto de insultos aislados, mientras que un 85,6% fue víctima de hostigamiento o trolleo. Un 45,9% de las periodistas experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual y un 44% amenazas de violencia física.

Para su elaboración, la filial local del organismo internacional de derechos humanos encuestó a 403 periodistas mujeres y de diversas identidades de género de todo el país y se realizaron 36 entrevistas que recopilaron testimonios de personas con diversos roles en el circuito productivo de la información.

Estas entrevistas incluyeron a periodistas, así como a directores, ejecutivos, ejecutivas, editores y editoras de medios de comunicación, representantes de asociaciones de periodistas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Academia Nacional de Periodismo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y representantes de la empresa Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), quienes accedieron a brindar una entrevista, a diferencia de otras plataformas como X (ex twitter).

El informe documenta “el impacto de la violencia digital en la libertad de expresión, la salud mental y el ejercicio profesional de las periodistas. Además, pone de manifiesto que la violencia de género online que se ejerce contra ellas tiene como fin disciplinarlas y silenciarlas”, simplemente por el hecho de ser mujeres que alzan su voz en espacios públicos o, en el caso de las periodistas especializadas en género, por atreverse a visibilizar púbicamente la desigualdad de género.

En este sentido, el informe releva que “la producción noticiosa sobre aborto, femicidios, y violencia de género y derechos humanos las expone a recibir mayor violencia”.

Esto se enmarca en un contexto más amplio de polarización y ataques a periodistas, donde los discursos de odio, la agresión y la desinformación se han vuelto moneda corriente para desacreditarlos públicamente y minar por completo su reputación.

“No se trata en absoluto de un fenómeno nuevo. Desde Amnistía venimos denunciado los ataques a periodistas durante gobiernos de distinto signo político, pero en los últimos tiempos esta práctica se ha visto exacerbada por un contexto donde la violencia y los abusos en espacios digitales es habilitada y promovida especialmente por autoridades gubernamentales, lo que agrava los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión», expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en la presentación del informe del que también participaron la periodista Luli Trujillo, la titular de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), Mariela Labozzetta y Nadia Koziner y Natalí Schejtman, especialistas en periodismo y tecnología.

En particular, la investigación revela que un 23% de las periodistas que experimentaron violencia online fue por parte de figuras del ámbito político.

Acceso a la justicia: desafíos pendientes

El informe revela que el acceso a la justicia ante la violencia de género online enfrenta serios desafíos que requieren una atención urgente. Las barreras son múltiples y la inadecuada respuesta estatal a esta problemática desincentiva que las mujeres denuncien la violencia sufrida en el entorno digital. A pesar de la gravedad de esta problemática, solo el 7% de las víctimas de violencia digital encuestadas ha denunciado los hechos ante la Justicia, lo que pone en evidencia la percepción de que el Estado no realiza los esfuerzos necesarios para abordar de manera efectiva la violencia digital y proporcionar soluciones oportunas y eficaces a las víctimas.

“Las empresas que gestionan y son dueñas de las redes no tienen como prioridad modelos de sociedad sino modelos de negocio. Esto entra en conflicto e impacta en la calidad del derecho a ejercer plenamente la libertad de expresión”, profundizó Mariela Labozzetta, titular de la UFEM.

Recomendaciones

En el marco de la presentación del trabajo, Amnistía Internacional “insta al Estado argentino a garantizar a las periodistas una vida libre de violencias y discriminación y a promover políticas públicas que protejan su libertad de expresión”.

A su vez, “la organización hace un llamado a las plataformas digitales para que revisen sus políticas y sean transparentes respecto a las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos”. Por último, “llama a los medios de comunicación a que implementen políticas internas para proteger a las periodistas y garantizar la libertad de expresión sin miedo a sufrir represalias”.