Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó este jueves al gobierno de los Estados Unidos a reconsiderar la gravedad de las sanciones que impone a los países que incluye en su lista de naciones, supuestamente, patrocinadores del terrorismo.
La solicitud, firmada por relatores especiales vinculados a la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos dentro de la mayor organización internacional, destacó que “la designación unilateral en sí misma va en contra de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el principio de igualdad soberana de los Estados, la prohibición de intervenir en los asuntos internos de los Estados y el principio de solución pacífica de disputas. Todas, normas imperativas del derecho internacional universalmente reconocidas.
Asimismo, las autoridades señalaron que el proceso mediante el EE.UU realiza la designación no es claro ni transparente y que, además de exacerbar el miedo y la incertidumbre, afecta derechos humanos fundamentales, entre ellos, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vida y al desarrollo.
En mayo de 2023 el Departamento de Estado EE.UU. informó a su Congreso que Cuba no cooperaba lo suficiente con la nación norteamericana en la lucha contra el terrorismo y, por tanto, la administración de Joseph R. Biden mantendría a la Isla en la lista de patrocinadores de la violencia y el terror como forma de lucha política.
Publicado en el Registro Federal y firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken, el anuncio incluyó también a naciones como Corea del Norte, Irán o Siria. Territoriso considerados de una forma u otra por EE.UU. amenazas a la seguridad nacional a partir de intereses específicos a su política exterior.
Blinken argumentó ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara que la decisión se basa en la ley y en los criterios de la ley establecidos por el Congreso, aunque ya en marzo le había asegurado a la representante republicana de Florida Maria Elvira Salazar que el ejecutivo ni siquiera se planteaba la posibilidad de retirar a Cuba de tan infame listado.
Una retórica, como tantas otras a lo largo del tiempo, que ni siquiera los funcionarios implicados en la política exterior hacia Cuba creen o consideran necesaria, pues recordemos que en una serie de entrevistas realizadas en octubre del pasado año por NBC News a exanalistas de inteligencia que trabajaron tanto en administraciones republicanas como demócratas, se aseguró que desde nuestro territorio no se promueve el terrorismo de ninguna manera.
Incluso, Larry Wilkenson, jefe del gabinete del Secretario de Estado de Colin Powel en la gestión de George W. Bush (2001-2009), dijo que la presencia en la tristemente célebre lista se trata de “una ficción para reforzar la lógica del bloqueo”.
Cuba fue incluida por primera vez en dicho documento en 1982 durante la presidencia de Ronald Reagan, quien respaldó la decisión en el apoyo cubano a grupos en América Latina calificados como terroristas por EE.UU. mientras— por solo citar un ejemplo—financiaba un movimiento paramilitar contrarrevolucionario y anticomunista de extrema derecha nicaragüense para su lucha contra el Sandinismo.
En 2015 Barack Obama (2009-2017) reconsideró esa postura como parte del “deshielo” en las relaciones. Pero en enero de 2021 Donald J. Trump (2017-2021) volvió a incluir al país en el listado por rechazar la solicitud de extradición del entonces gobierno de Iván Duque de miembros del Ejército de Liberación Nacional que supuestamente se vincularon a un atentado con coche bomba contra una academia de policía de Bogotá en 2019.
Hasta la fecha, ni Joseph R. Biden ni ningún otro mandatario estadounidense ha podido mostrar pruebas que avalen la presencia de Cuba entre los países terroristas. De hecho, las tesis empleadas en los últimos años se han ido desmontando de a poco.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó también en el pasado mes de marzo un informe en el que expertos estadounidenses concluyeron que no existe evidencia para achacar el mal llamado “síndrome de La Habana” a un arma de energía o a un adversario extranjero.
Sin embargo, lo que fue considerado por el director de la Central de Inteligencia Americana, William Barr, como una de las investigaciones más grandes e intensivas en la historia de la Agencia” apenas ha variado una de las principales retóricas que influyeron en el retroceso de las relaciones bilaterales.
Además, el conflicto armado en Colombia y las conversaciones del ejecutivo con los grupos guerrilleros tampoco resulta ahora una excusa viable, puesto que el actual gobernante, Gustavo Petro, ha pedido en reiteradas ocasiones el “cese de la injusticia cometida entre Duque y Trump, porque lo único que hizo Cuba fue ofrecer un espacio para que se desarrollara un proceso de paz.”
No obstante, se sigue sufriendo las consecuencias de permanecer entre las naciones patrocinadoras del terrorismo, una limitante considerable para todo lo relacionado con ayuda humanitaria, negocio, inversión, comercio y transacciones que impliquen la participación del país. Realidad que daña a los ciudadanos y es muy bien sabido por la Oficina en Washington para los Asuntos de América Latina.
A cubanos con ciudadanía extranjera o residentes en la Unión Europea se les ha negado o cancelado los beneficios del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (conocido como ESTA, por sus siglas en inglés) a EE.UU.; y algo similar ha ocurrido con sus cuentas bancarias al considerárseles, por su nacionalidad, clientes de alto riesgo.
La inclusión selectiva en el listado también ha creado dificultades adicionales para el acceso a financiamientos, ya que muchos bancos, temerosos de arrastrar una acusación por instigar el terrorismo, se niegan a procesar pagos y han congelado los fondos para actividades religiosas y humanitarias permitidas por el derecho internacional.
Se antoja cuanto menos irónico que un país víctima de terrorismo sea condenado como tal por un auténtico perpetrador de acciones que han contribuido a desestabilizar estados y regiones completas en todo el planeta. Sin contar los numerosos intentos fallidos de asesinato contra Fidel Castro, para nadie es un secreto que EE.UU. solo en Cuba ha ideado, financiado y acompañado desde la quema y destrucción de espacios económicos y comerciales importantes hasta la introducción de enfermedades letales.
Nadie puede decir a día de hoy que Cuba resulta una prioridad para la actual administración. No obstante, la permanencia de las medidas coercitivas y el acoso internacional— más allá de su eficacia— responde de manera directa a un pilar fundamental de la política de estado estadounidense, la cual persigue, por sobre todas las cosas, generar un cambio favorable a sus aspiraciones geopolíticas en la región a partir del control más o menos manifiesto de la vida doméstica de la Isla.
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