Panamá se militariza con la complacencia de Estados Unidos

Los movimientos del gobierno de Ricardo Martinelli auguran que Panamá está entrando en un proceso oficial de militarización —bajo el manido pretexto de combate a la violencia y el narcotráfico- cuando en realidad se trata de apoyar la estrategia de Estados Unidos de contar con aliados convenientemente preparados para intervenir en las naciones latinoamericanas donde existan —o no- supuestos conflictos políticos o sociales.

Panamá carece de Ejército por mandato de su Constitución Nacional desde el año 1990, pero, en violación de ese estamento se ha convertido en una gigantesca base de operaciones estadounidense, involucrando incluso a terceros países en las cuestiones internas del país. Bajo la jefatura del Comando Sur de Estados Unidos, se realizó en torno al Canal el ejercicio denominado Panamax, que este año movilizó también tropas de naciones vecinas para la supuesta protección de esa vía marítima.

La reestructuración de las fuerzas militares subordinadas a Estados Unidos en la pequeña nación de 3,5 millones de habitantes se manifestó, de manera precisa, en el despliegue de armas y pertrechos norteamericanos en los desfiles patrios del 3 y el 4 de noviembre pasados, tanto por la Policía Nacional como por el recién creado Servicio Nacional de Fronteras (Senafrot).

Estos dos órganos reprimieron de manera brutal a los manifestantes en el reciente conflicto de la provincia de Colón, que protestaban por la privatización de sus tierras, con un saldo de cuatro muertos y 68 heridos.

El presidente Martinelli, además de fortalecer la policía, fundó el Senafront, que en la práctica constituye un nuevo ejército destinado, según expresó, a proteger las zonas por donde podrían penetrar —dijo- elementos delictivos, narcotraficantes y posibles miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La militarización también se comprueba con el presupuesto destinado a la defensa, que en el 2010 era de 764 millones de dólares, igual al 2.86 por ciento del producto interno bruto, que ese año ascendió a 26 mil 589 millones 600 mil dólares. Este año, la inversión en equipos y tecnología es de 287millones de dólares.

Con ese dinero, el país pretende adquirir 19 radares y seis helicópteros a filiales del conglomerado italiano Finmeccanica, vehículos, (28.6 millones), armas y municiones ($9.5 millones) y actualización de los sistemas de videovigilancia ($8.3 millones) para la Policía Nacional.

Otros 88.7 millones de dólares se utilizaron en adquirir tres helicópteros y dos aviones nuevos, y la recuperación de otras aeronaves para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que agrupa la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina.

Para la exprocuradora de la nación, Ana Matilde Gómez, las declaraciones gubernamentales tratan de cubrir el interés norteamericano de reprimir cualquier expresión de protesta del pueblo panameño contra la política privatizadora del gobierno, y además, tener bajo su mando otra fuerza que se integre a sus intereses injerencistas en la región.

En 1989, tropas norteamericanos invadieron Panamá, bajo el mismo alegato de la “protección del Canal”, con el saldo de miles de muertos en la población civil que rechazaron la acción realizada “en defensa de la democracia, la neutralidad y la soberanía nacional de Panamá”, según informó entonces el Pentágono.

Ante tales denuncias, y muchas otras, la respuesta del director del jefe de la Policía Nacional, Julió Moltó, fue concluyente: “esta institución se está profesionalizando”, lo que equivale a sustituir los propósitos para los cuales fue creada.

Con el argumento del combate a la violencia interna y el narcotráfico Martinelli aumentó de manera considerable el presupuesto destinado a la “defensa del país” apoyando además el criterio del Comando Sur de que los enemigos de Panamá son grupos extremistas que pueden dañar el Canal interoceánico.

Entre esas agrupaciones “enemigas” el Presidente unió a los campesinos e indígenas panameños de Colón, las FARC de Colombia —con la que hace frontera, y el tráfico de drogas dirigido a Estados Unidos —al que considera el engendro de la violencia urbana- por lo cual la represión puede ser utilizada contra cualquiera de los mencionados sectores.

No puede olvidarse tampoco de que a Washington históricamente le ha interesado mantener presencia física en Panamá, la cual siempre ha sido una amenaza para gobiernos progresistas y revolucionarios de las regiones Centro y Suramericana a través de los años, y para el propio pueblo itsmeño.

Otro ángulo de la política panameña indica que la dirección del Frente Amplio por Colón (FAC) continúa en estos días negociaciones con el Gobierno para que cree un fondo financiero millonario con vistas al desarrollo de esa provincia de la costa atlántica, generadora de grandes ingresos al estar ubicada en ese territorio la Zona Libre del Canal (ZLC), el ferrocarril interoceánico, el turismo y los puertos.

Las multitudinarias protestas realizadas en Colón durante 11 días el pasado mes, hicieron que el Mandatario derogara la ley que permitía la privatización de las tierras de la ZLC, y el posterior inicio de negociaciones oficiales entre el FAC y el Ejecutivo ministerial.