El paramilitarismo colombiano, cuyo liderazgo presumiblemente recae en el expresidente y ahora senador derechista Álvaro Uribe Vélez, no cesa por completo sus acciones hostiles en territorio venezolano, a pesar de las medidas tomadas en las fronteras con ese vecino país por tres de sus Estados limítrofes.
Estos grupos de civiles y exmilitares se organizaron en Colombia bajo la égida de Uribe, en alianza con el narcotráfico y unidades militares en los años 80, para supuestamente combatir a las guerrillas que aún operan en ese país. Sin embargo, su accionar era más amplio, pues con absoluta impunidad por el Estado participaron en asesinatos de líderes comunitarios, incendiaron comunidades y cometieron atrocidades en las zonas campesinas.
Un proceso de desmovilización a gran escala —apoyado por el propio Uribe durante su primer mandato entre los años 2002 y 2006 para brindar una mejor imagen internacional del país— parecía que terminaría con ese flagelo terrorista. Sin embargo, con posterioridad hubo una reorganización y se crearon las llamadas Bandas Emergentes o Bacrim (acrónimo de Bandas criminales), entre ellas: Águilas Negras, los Urabeños, los Úsuga, los Paisas, los Rastrojos.
Los miles de desmovilizados —de nuevo bajo el liderazgo del senador derechista, según lo acusan en Bogotá— atraviesan las zonas comunes, ahora cerradas por órdenes de Caracas para tratar de contener la entrada de narcotraficantes y contrabandistas que extorsionan a ciudadanos y comerciantes.
El presidente Nicolás Maduro ordenó a mediados de agosto el cierre temporal de la frontera con Colombia, luego del ataque contra una patrulla militar que custodiaba la zona, con saldo de dos soldados de las fuerzas bolivarianas heridos graves. El 19 de ese mes, el gobierno caraqueño decretó el estado de excepción en la zona limítrofe de la región andina.
A fin de fortalecer la lucha contra el paramilitarismo, la violencia y el contrabando que reinaba en el lugar, progresivamente se fueron sumando otras localidades al estado de excepción, y en la actualidad rige esta medida en siete zonas, distribuidas en tres Estados y conformadas por 23 municipios.
En estos momentos, y luego de la reunión de Maduro con su par colombiano Juan Manuel Santos en Quito el pasado mes —gracias a las gestiones diplomáticas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión de Naciones Suramericanas—, donde acordaron crear nuevas prácticas en el funcionamiento de las zonas comunes, el ambiente entre los dos países aparece distendido, pero sin que se lograra detener del todo la infiltración de los mafiosos.
SABOTAJE EN TÁCHIRA ESTA SEMANA
El último sabotaje cometido por terroristas procedentes de Colombia ocurrió este martes en la subestación de servicio eléctrico en el sector El Corozo, Estado de Táchira, cuando detonaron explosivos y dejaron sin energía eléctrica a varias localidades para crear malestar y miedo entre la ciudadanía.
El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, afirmó a la prensa que “es un ataque sostenido y directo contra el sistema eléctrico. Esto es parte del boicot, del desespero que tiene ahorita la oposición”, e informó sobre la detención de los dos presuntos mercenarios.
“Todo apunta a que fue un acto terrorista y vandálico; sabían lo que estaban haciendo”, indicó Motta Domínguez a Venezolana de Televisión y confirmó que los planes de sabotaje intentan crear una matriz de opinión contra el gobierno de Maduro y del ente estatal Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional), ante la cercanía de las elecciones legislativas, en diciembre próximo.
El ministro afirmó que integrantes de la banda militar colombiana asentada en Táchira son los principales sospechosos del atentado y que se conoce que algunos de ellos se trasladaron a Caracas para accionar contra los servicios públicos capitalinos.
En los últimos 15 días acciones similares se registraron en las plantas eléctricas de Tacoa, en La Guaira; la planta Bajo Grande del Zulia; y una en Falcón.
La certeza sobre el movimiento de los paramilitares culminó cuando tres de ellos, de la banda mafiosa los Urabeños, fueron apresados en la capital venezolana gracias a un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los Cuerpos Policiales integrados a la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, que trabajarán hasta acabar con el paramilitarismo colombiano de manera permanente. Los Urabeños se dedican a la tortura y el asesinato de jóvenes de Táchira.
Los capturados —que cooperaron sobre sus planes con las autoridades— responden a los nombres de Iván Darío Colmenarez, alias “Iván”; José Emilio Niño, alias “El Gato” y Adonis Sandoval; todos implicados en varias muertes en la zona fronteriza colombo-venezolana y a los que se les ocuparon explosivos y armamento ligero para ser empleados en actos violentos este mes en Caracas.
URIBE BAJO LA MIRA DE LA JUSTICIA
El senador Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de oposición Centro Democrático (CD) y reconocido enemigo de la Revolución Bolivariana, está bajo la mira del gobierno colombiano por vínculos con paramilitares en la masacre campesina de El Aro, considerado un crimen de lesa humanidad.
Este martes, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, defendió la solicitud hecha a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Uribe por su presunta responsabilidad en la masacre perpetrada en 1997 por paramilitares, según informó Prensa Latina.
Quince campesinos fueron asesinados, mientras otras decenas resultaron torturados, despojados de sus pocos bienes, incendiadas sus viviendas y obligados a desplazarse de su localidad. En aquel año, Uribe era el gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997) y también se le vinculó con el narcotráfico en el municipio de Ituango, donde se ubica El Aro.
Los paramilitares que cometieron las atrocidades fueron trasladados hasta ese lugar por un helicóptero de la gobernación, lo cual sitúa a Uribe como uno de los jefes de la matanza.
Para el fiscal Montealegre, según dijo a Radio Caracol, la justicia transicional y el proceso de paz en curso en las negociaciones de La Habana se tienen que construir sin impunidad, principio que debe cobijar por igual a insurgentes, miembros de la fuerza pública, paramilitares y restantes actores del conflicto armado interno.
El alto funcionario judicial precisó que las declaraciones de Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna —narcotraficante y cabecilla de una banda criminal— resultaron fundamentales para proponerle que la Corte Suprema encause a Uribe. El esbirro, extraditado a Estados Unidos, afirmó que agentes del Estado y el gobernador Uribe estaban vinculados al asesinato de los campesinos.
También el exparamilitar Francisco Villalba —uno de los ejecutores de los asesinatos— incriminó al exgobernador de Antioquia por contribuir a la conformación y financiamiento de las estructuras paramilitares en el departamento de Antioquia.
Radio Caracol precisó que como los hechos son anteriores a la presidencia de Uribe (2002-2010) corresponde a la Corte Suprema en su sala penal investigarlo, ya que, según apuntan las denuncias, presumiblemente contribuyó a conformar y financiar esas estructuras al margen de la ley.
Para algunos políticos colombianos, como el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, la investigación de Uribe es acertada y largamente esperada, pues los familiares de las víctimas merecen la verdad.
La Corte Internacional de Derechos Humanos condenó a Colombia por la masacre de El Aro, dada la violación al derecho fundamental a la vida y la responsabilidad del Estado en actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública de Ituango.
El paramilitarismo colombiano, cuyo liderazgo presumiblemente recae en el expresidente y ahora senador derechista Álvaro Uribe Vélez, no cesa por completo sus acciones hostiles en territorio venezolano, a pesar de las medidas tomadas en las fronteras con ese vecino país por tres de sus Estados limítrofes.
Estos grupos de civiles y exmilitares se organizaron en Colombia bajo la égida de Uribe, en alianza con el narcotráfico y unidades militares en los años 80, para supuestamente combatir a las guerrillas que aún operan en ese país. Sin embargo, su accionar era más amplio, pues con absoluta impunidad por el Estado participaron en asesinatos de líderes comunitarios, incendiaron comunidades y cometieron atrocidades en las zonas campesinas.
Un proceso de desmovilización a gran escala —apoyado por el propio Uribe durante su primer mandato entre los años 2002 y 2006 para brindar una mejor imagen internacional del país— parecía que terminaría con ese flagelo terrorista. Sin embargo, con posterioridad hubo una reorganización y se crearon las llamadas Bandas Emergentes o Bacrim (acrónimo de Bandas criminales), entre ellas: Águilas Negras, los Urabeños, los Úsuga, los Paisas, los Rastrojos.
Los miles de desmovilizados —de nuevo bajo el liderazgo del senador derechista, según lo acusan en Bogotá— atraviesan las zonas comunes, ahora cerradas por órdenes de Caracas para tratar de contener la entrada de narcotraficantes y contrabandistas que extorsionan a ciudadanos y comerciantes.
El presidente Nicolás Maduro ordenó a mediados de agosto el cierre temporal de la frontera con Colombia, luego del ataque contra una patrulla militar que custodiaba la zona, con saldo de dos soldados de las fuerzas bolivarianas heridos graves. El 19 de ese mes, el gobierno caraqueño decretó el estado de excepción en la zona limítrofe de la región andina.
A fin de fortalecer la lucha contra el paramilitarismo, la violencia y el contrabando que reinaba en el lugar, progresivamente se fueron sumando otras localidades al estado de excepción, y en la actualidad rige esta medida en siete zonas, distribuidas en tres Estados y conformadas por 23 municipios.
En estos momentos, y luego de la reunión de Maduro con su par colombiano Juan Manuel Santos en Quito el pasado mes —gracias a las gestiones diplomáticas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión de Naciones Suramericanas—, donde acordaron crear nuevas prácticas en el funcionamiento de las zonas comunes, el ambiente entre los dos países aparece distendido, pero sin que se lograra detener del todo la infiltración de los mafiosos.
SABOTAJE EN TÁCHIRA ESTA SEMANA
El último sabotaje cometido por terroristas procedentes de Colombia ocurrió este martes en la subestación de servicio eléctrico en el sector El Corozo, Estado de Táchira, cuando detonaron explosivos y dejaron sin energía eléctrica a varias localidades para crear malestar y miedo entre la ciudadanía.
El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, afirmó a la prensa que “es un ataque sostenido y directo contra el sistema eléctrico. Esto es parte del boicot, del desespero que tiene ahorita la oposición”, e informó sobre la detención de los dos presuntos mercenarios.
“Todo apunta a que fue un acto terrorista y vandálico; sabían lo que estaban haciendo”, indicó Motta Domínguez a Venezolana de Televisión y confirmó que los planes de sabotaje intentan crear una matriz de opinión contra el gobierno de Maduro y del ente estatal Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional), ante la cercanía de las elecciones legislativas, en diciembre próximo.
El ministro afirmó que integrantes de la banda militar colombiana asentada en Táchira son los principales sospechosos del atentado y que se conoce que algunos de ellos se trasladaron a Caracas para accionar contra los servicios públicos capitalinos.
En los últimos 15 días acciones similares se registraron en las plantas eléctricas de Tacoa, en La Guaira; la planta Bajo Grande del Zulia; y una en Falcón.
La certeza sobre el movimiento de los paramilitares culminó cuando tres de ellos, de la banda mafiosa los Urabeños, fueron apresados en la capital venezolana gracias a un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los Cuerpos Policiales integrados a la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, que trabajarán hasta acabar con el paramilitarismo colombiano de manera permanente. Los Urabeños se dedican a la tortura y el asesinato de jóvenes de Táchira.
Los capturados —que cooperaron sobre sus planes con las autoridades— responden a los nombres de Iván Darío Colmenarez, alias “Iván”; José Emilio Niño, alias “El Gato” y Adonis Sandoval; todos implicados en varias muertes en la zona fronteriza colombo-venezolana y a los que se les ocuparon explosivos y armamento ligero para ser empleados en actos violentos este mes en Caracas.
URIBE BAJO LA MIRA DE LA JUSTICIA
El senador Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de oposición Centro Democrático (CD) y reconocido enemigo de la Revolución Bolivariana, está bajo la mira del gobierno colombiano por vínculos con paramilitares en la masacre campesina de El Aro, considerado un crimen de lesa humanidad.
Este martes, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, defendió la solicitud hecha a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Uribe por su presunta responsabilidad en la masacre perpetrada en 1997 por paramilitares, según informó Prensa Latina.
Quince campesinos fueron asesinados, mientras otras decenas resultaron torturados, despojados de sus pocos bienes, incendiadas sus viviendas y obligados a desplazarse de su localidad. En aquel año, Uribe era el gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997) y también se le vinculó con el narcotráfico en el municipio de Ituango, donde se ubica El Aro.
Los paramilitares que cometieron las atrocidades fueron trasladados hasta ese lugar por un helicóptero de la gobernación, lo cual sitúa a Uribe como uno de los jefes de la matanza.
Para el fiscal Montealegre, según dijo a Radio Caracol, la justicia transicional y el proceso de paz en curso en las negociaciones de La Habana se tienen que construir sin impunidad, principio que debe cobijar por igual a insurgentes, miembros de la fuerza pública, paramilitares y restantes actores del conflicto armado interno.
El alto funcionario judicial precisó que las declaraciones de Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna —narcotraficante y cabecilla de una banda criminal— resultaron fundamentales para proponerle que la Corte Suprema encause a Uribe. El esbirro, extraditado a Estados Unidos, afirmó que agentes del Estado y el gobernador Uribe estaban vinculados al asesinato de los campesinos.
También el exparamilitar Francisco Villalba —uno de los ejecutores de los asesinatos— incriminó al exgobernador de Antioquia por contribuir a la conformación y financiamiento de las estructuras paramilitares en el departamento de Antioquia.
Radio Caracol precisó que como los hechos son anteriores a la presidencia de Uribe (2002-2010) corresponde a la Corte Suprema en su sala penal investigarlo, ya que, según apuntan las denuncias, presumiblemente contribuyó a conformar y financiar esas estructuras al margen de la ley.
Para algunos políticos colombianos, como el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, la investigación de Uribe es acertada y largamente esperada, pues los familiares de las víctimas merecen la verdad.
La Corte Internacional de Derechos Humanos condenó a Colombia por la masacre de El Aro, dada la violación al derecho fundamental a la vida y la responsabilidad del Estado en actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública de Ituango.
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