Protestas con aroma de café en Colombia

En medio de una tensa situación, en 13 de los 31 departamentos colombianos continuaron manifestaciones y huelgas de protestas de miles de cafetaleros que tratan de evitar el colapso del sector, debido a una serie de circunstancias controlables, y la responsabilidad que posee el gobierno para que no fenezca un sector básico en la economía nacional.

Uno de los ejes centrales del café, el departamento de Huilla, hay 30 personas heridas —uno de ellas perdió una mano— debido a la fuerte represión desplegada por la policía, a pesar de que la protesta es pacífica, autorizada por las Gobernaciones departamentales —de acuerdo con la Constitución Nacional—, y sin que los agricultores hayan provocado a las autoridades.

Sin embargo, y por orden del presidente Juan Manuel Santos, quien se niega a aceptar las demandas de los cafetaleros y calificó de innecesaria, inconveniente e injusta la movilización, iniciada el pasado lunes, cuando fueron afectadas por balas de goma, bombas lacrimógenas y aturdidoras al menos 60 personas más.

Santos advirtió que su gobierno “no permitirá vías de hecho como el bloqueo de vías o la toma de instituciones”.

La concentración de los agricultores puede alcanzar a las 90 000 personas —menores de edad incluso que marchan con sus padres— ya que continúan incorporándose elementos de la cordillera oriental y el valle del Cauca. Mientras, los escuadrones antidisturbios permanecen en alerta para evitar las marchas, evitando el paso con fuerte represión, mientras la policía tiene 15 000 efectivos en los escenarios de protestas.

En Colombia 560 000 familias viven solo del café, las que ahora están en condiciones de pobreza, por lo que muchas pancartas enarboladas indican “Estamos pidiendo limosnas” y aunque observadores reconocen que han recibido ayuda del gobierno en algunos momentos, la realidad indica que ha sido muy poca, si se considera que no cubre los costos de producción.

Observadores recuerdan que durante 30 años los gobiernos de turno solicitaron recursos al Fondo Nacional del Café para amparar o evitar la quiebra de las empresas, pagos crediticios y otros movimientos financieros locales e internacionales, y nunca se les negaron, lo cual no ocurre ahora a la inversa.

Son varias las razones que esgrime el gremio cafetero colombiano —cuarto exportador del grano a nivel mundial, y que ahora está obligado a importar— ante la actitud intransigente del gabinete del presidente Santos

En declaraciones a la prensa, Juan Carlos Escobar, uno de los productores cafeteros más emblemáticos del departamento de Caldas —sin más aspiraciones que seguir viviendo del grano— afirmó que los agricultores están en vilo.

Escobar dijo que hay dos grandes escollos: el precio no está ayudando para nada porque estamos perdiendo plata y segundo que nos quedamos sin capital de trabajo, por lo que no pudimos pagar las deudas adquiridas el año pasado; hasta ahora tampoco hemos abonado nuestros cafetales como se debe ni tenemos idea de cómo podremos recoger la actual cosecha.

A ello se unen los nocivos efectos de los acuerdos de libre comercio firmados con varias naciones, entre ellas Estados Unidos y Canadá. Colombia ha pasado de exportador a importador, por lo cual la población local ya no puede comprar el grano nacional, según afirmó a la prensa el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía.

El dirigente aseguró que “La SAC ha pedido protección a través de las franjas de precios, de aranceles” y expresó que la actual resistencia es una expresión de la situación económica creada por los compromisos gubernamentales, sin contar con la población.

Uno de los resultados hasta ahora de las concentraciones que mantienen cerradas las vías de acceso interdepartamentales es la designación de dos voceros por departamento para que discutan directamente con el gobierno sus peticiones, ya que no confían en la Federación Nacional Cafetalera, —la cual consideran politizada— integrada por 17 miembros, nueve de ellos que responden al Mandatario y el resto a los gremios agrícolas.

Las solicitudes de los agricultores se remiten a que el Ejecutivo pague un precio de sustentación de 80 000 pesos colombianos por arroba (el peso se devaluó casi 10 por ciento frente al dólar en fecha reciente), subsidios sobre el abono y los químicos que utilizan para combatir las plagas. El tercer punto se remite a una prórroga de las deudas y, por último, que se frenen las importaciones de café.

Para economistas consultados, si el Presidente Santos no hace los cambios necesarios la caficultura colombiana irá al piso, ya que muchas familias tienen sus fincas hipotecadas. Algunas fuentes consideran que el sector cafetalero, en las actuales circunstancias, sobrevivirá hasta fines de este año o principios del 2014, lo cual significaría un colapso mortal para el sector, pues los agricultores serán obligados por los bancos a abandonar sus tierras.

En esta puja con el Gobierno, los cafetaleros no están solos, ya que se les han unido hasta ahora los sectores del cacao, los productores de leche y los cortadores de caña, con situaciones similares o parecidas.

Esta abarcadora movilización ocurre en momentos en que Santos ha tenido una caída en el respaldo popular. Encuestas privadas dijeron este martes que el 47 por ciento de los colombianos dicen que su gestión es negativa, mientras un 44 por ciento la califican de buena.