Pueblo panameño retoma las calles (+Audio)

Luego de décadas de una aparente calma social, matizada por el recuerdo de la invasión de Panamá por Estados Unidos (EE.UU.) en 1989, la población istmeña tomó las calles desde hace tres semanas en protesta por el alto costo de la vida, sin lograr todavía un acuerdo con el gobierno de Laurentino Cortizo.

Organizaciones sociales y sindicatos agrupados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida rechazan las medidas adoptadas desde hace meses por el régimen de Cortizo para enfrentar la actual crisis interna, agravada por actores externos.

Sindicatos encabezados por el de la construcción (Suntracs), el mayor del país, organizaciones y movimientos sociales decidieron que continuarán las movilizaciones callejeras hasta que el régimen neoliberal logre acuerdos conjuntos y no por separado, como trató de hacer, para desmoralizar al resto de los demandantes. Este martes, y con la mediación de la Iglesia Católica, se decidió la instalación de una Mesa Única de negociaciones.

Luis Sánchez, uno de los dialogantes con el oficialismo, destacó hace pocas horas que las movilizaciones seguirán y se mantienen los bloqueos hacia Ciudad de Panamá, la capital, y otras vías principales.

El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, indicó su conformidad con un espacio único de discusión, ¨en el que participen todos los actores que luchamos en las calles para buscar una solución a los problemas del país¨.

Los manifestantes exigen la reducción del precio de la gasolina, productos alimenticios y medicamentos, pero sin el subsidio estatal de los costos, y que el posible alivio saldría del presupuesto social y no de la disminución del margen de ganancias de los distribuidores.

Desde mayo pasado, y sin ser atendidos por el Ejecutivo, la Alianza propuso 32 puntos, en el que además de las actuales reivindicaciones, expresó la necesidad de toma de decisiones para resolver el descontrol actual del gasto público y la acumulación de escándalos por clientelismo y corrupción gubernamental.

El Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Panamá es de 36 puntos, lo que significa que sus ciudadanos –estimados en 4 381 583- consideran que hay mucha corrupción estatal.

Es decir, que aunque las demandas parecen centradas solo en la disminución de los precios de productos fundamentales para la subsistencia, las demandas reivindican también una nueva Constitución Nacional para fomentar políticas que fortalezcan las estructuras del país.

El nuevo diálogo político, si puede lograrse, debe ampliarse, tal como plantean los sindicatos, no solo a la solución de demandas puntuales. También es casi una obligación política, estiman, la propuesta de soluciones para erradicar todas las formas de clientelismo y delitos.

Solo con el consenso popular de, al menos, reformar la Carta Magna actual, podría definirse y establecerse donde corresponda, las nuevas normas necesarias para garantizar la erradicación de los males que agobian al Istmo.

La postura de la coalición, que evidencia la pérdida de confianza en Cortizo y su equipo, es la de encontrar soluciones efectivas para esta coyuntura – epidemia de la COVID-19, el conflicto ruso-ucraniano, el cambio climático y sus consecuencias- y las identificadas falencias estructurales que Panamá arrastra desde hace por lo menos 25 años.

Para analistas, la situación actual es el resultado de un deterioro sistemático y progresivo de las instituciones estatales, amén de que una gran mayoría de naciones sufre las consecuencias de la postura del mundo político occidental ante la operación militar rusa en Ucrania.

EE.UU. DE NUEVO EN OFENSIVA

Aunque tras la firma de los convenios Torrijos-Cartes, que devolvió a los panameños la soberanía sobre el canal interoceánico que atraviesa el istmo, al parecer EE.UU. no renuncia a una nueva intervención quizás menos sangrienta que la de diciembre de 1989, pero que le permita ocupar de nuevo el país y reforzar su presencia militar en el área, ante los cambios geopolíticos en la región.

El 20 de diciembre de 1989, más de 20 mil soldados estadounidenses con artillería pesada de última generación tomaron por tierra y mar el territorio istmeño, lo que derivó en la caída del general Manuel Noriega, extraditado EE.UU. y fallecido en un hospital carcelario en 2017.

Revelaciones de un documento secreto de EE.UU. confirmaron que el verdadero objetivo de la agresión era abolir los tratados del Canal, y para ello capturaron y derrocaron a Noriega.

Evidencias y denuncias causan los actuales temores. Con el pretexto del tráfico de drogas –EE.UU. es el mayor consumidor de esos productos en el mundo- en febrero de 2021, el Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá alertaron que la potencia norteña ¨insiste en el uso de las fuerzas militares para tratar de impedir el tráfico y alto consumo de drogas en su propio territorio¨.

Esas instituciones académicas condenaron la instalación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan), acuerdo suscrito el 12 de febrero de 2021 por el ministro de Seguridad, Juan Pino, y el encargado de negocios de la embajada norteamericana en Panamá, Stewart Tuttle.

Ese memorando, aseguraron, violó flagrantemente el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal y su funcionamiento, en alusión al artículo V que señala que ¨después del 2000, solo la República de Panamá manejará la vía interoceánica y mantendrá fuerzas, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio¨.

En fecha más reciente fueron creadas cuatro bases llamadas binacionales con la vecina Colombia, en la selva del Darién, con la cual se intenta justificar la presencia de los militares estadounidenses, para evitar el paso de un flujo irregular de migrantes.

La Unicef indicó que 5 000 niñas, niños y adolescentes migrantes cruzaron la inhóspita jungla entre enero y este mes de julio.
Desde hace cuatro años, EE.UU. no mantiene un embajador titular en Panamá, aunque la puertorriqueña Mary Carmen Aponte fue nominada desde hace seis meses por el gobierno de Joseph Biden para ocupar el cargo.

Las relaciones bilaterales son atendidas, por los norteños, por cuatro funcionaros de tercera, lo que, opinan medios periodísticos, resulta una clara demostración de desprecio hacia la soberanía panameña.

No obstante, en los tres últimos meses, hubo un desfile de visitas de autoridades de EE.UU.: de la Secretaria de Estado, de Seguridad, de Migración, de Comercio y de la generala Laura Richardson, primera mujer jefa del Comando Sur que merodea las aguas del Caribe.

El pasado 15 de abril, los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, participaron en Panamá en una Conferencia Ministerial sobre Migración y Protección que busca ejercer un mayor control geopolítico en el subcontinente.

Blinken se reunió en varias ocasiones con la canciller panameña, Erika Mouynes, y aseguró que el país centroamericano es ¨un aliado distinguido¨ de EE.UU., eslogan que repiten también por su parte las autoridades locales.

La generala Richardson viajó al istmo el 13 y 14 de junio pasado, poco después de efectuarse la fracasada IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. En su corta visita la recibieron Cortijo y Pino, y los directores del Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Nacional Aeronaval y Servicio Nacional de Migración.

Las visitas de los altos jefes norteños son consideradas por observadores como un inusitado acosamiento para ejercer un control sobre la política exterior panameña, y dada la eminente administración izquierdista de Gustavo Petro en Colombia, asegurar en el área una fuerte presencia castrense

Es muy posible que Petro, quien asume el próximo día 7, plantee otra estrategia en sus relaciones con Washington y la estadía de ocho bases militares en su territorio.
Ni los tratados del Canal de Panamá, ni el Tratado de Neutralidad Permanente, habilitan en ningún sentido la posibilidad de la presencia militar extranjera en territorio istmeño, por lo cual las actuales acciones de sondeo confrontan las normas del derecho internacional, apuntan medios internacionales de prensa.

EE.UU. intervino siete veces en Panamá desde 1856 hasta 1989. En el país centroamericano no hay certeza sobre las cifras de muertos causados por la llamada Operación Causa Justa dirigida por el presidente George Bush (padre), pero según la Asociación de Familiares de los Caídos en 1989, murieron más de 4 000 civiles.

MUCHO CUIDADO CON LOS INVASORES

Hay ¨un constante interés de EE.UU. por militarizar Panamá y  recuperar la vía fluvial que une a los océanos Atlántico y Pacifico¨, según declaró el doctor Julio Yao, ex asesor de política exterior del general Omar Torrijos a la agencia de noticas Prensa Latina.

El verdadero objetivo de la invasión era abolir los tratados del Canal y para ello capturaron y derrocaron a Noriega, reveló Yao, al periódico La Estrella, 28 años después, mediante documentos secretos de EE.UU..

Los acontecimientos que ahora suceden en el istmo pueden ser usados como excusa por el Comando Sur para desembarcar tropas en tierra istmeña y evitar –según su repetido plan injerencista- la desestabilización nacional y el nacimiento de núcleos progresistas que puedan cambiar la historia de este pequeño pero estratégico país de Centroamérica.