Rajoy sobre las brasas

España arde a cuenta de un untoso combustible donde se mezclan la debacle económica, las repudiadas medidas anticrisis, y las acusaciones de corrupción fiscal que azotan a altos cargos del derechista Partido Popular, PP, entre ellos, y en primerísimo lugar, al propio jefe de gobierno Mariano Rajoy.

De hecho, el titular ya tiene marcada una cita para este primero de agosto ante el parlamento de la nación ibérica, explicación que ha intentado “torear” desde que aparecieron a la luz pública las primeras denuncias sobre su aceptación de dinero ilegal  a cambio de compromisos con importantes empresarios e intereses especulativos.

El debate legislativo no será, por supuesto, nada cómodo para Rajoy. Y es que poco antes de darse a conocer su forzada decisión, el ex tesorero del PP, Luís Bárcenas, preso por ser el ejecutor del millonario festín entre los altos cargos de la derecha, confirmó ante un juez que, en efecto, el actual jefe de gobierno recibió más de trescientos mil euros en regalías ilegales en las dos últimas décadas de las propias manos del encartado.

Según la prensa local, “Bárcenas declaró ante el juez que recaudó millones de euros en donaciones de empresarios de la construcción desde 1990 a 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y distribuyó los fondos entre líderes del partido de gobierno.”

El asunto es de altísimo vuelo, a tal punto que las autoridades que investigan el caso, solicitaron incluso del gobierno de Uruguay al bloqueo de las cuentas bancarias radicadas en esa nación sudamericana a nombre de Luis Bárcenas Gutiérrez o aquellas de la titulada sociedad TESEDUL SA, una firma anónima local que habitualmente utilizaba el ex tesorero del PP.

Y es que, según el proceso de instrucción, Bárcenas, en prisión preventiva desde el 27 de junio por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y evasión fiscal, habría traspasado fondos de sus cuentas en Suiza, en las que llegó a tener cerca de cincuenta millones de euros, a otras en Uruguay y los Estados Unidos.

En fin, un enorme trasiego de dinero mal habido en cuyo epicentro estaban los que hoy, desde La Moncloa, recortan presupuestos y salarios sin pensarlo dos veces a nombre de “una solución económica viable” a la debacle económica española, esa que sus proveedores de financiamiento ilegal  promovieron sin mayores miramientos a partir de su irresponsabilidad, carencia de ética, y ansias de dinero fácil.

De hecho, la oposición española ya está abogando por el fin abrupto de la administración liderada por el PP, y las bases para esta demanda no son infundadas, sino que reflejan los deseos de la mayoría de los ciudadanos, que por estos días han vuelto masivamente a las calles para exigir su derecho a una vida digna.

Así, encuestas a cargo de órganos locales de prensa, y no precisamente de izquierda, indican que casi 90 por ciento de los españoles consideran necesaria la comparecencia de Rajoy ante el parlamento y su explicación pública en torno al caso de corrupción en que está involucrado.

Asimismo, 76 por ciento de los encuestados considera como cierta la existencia de fondos ilegales en manos del partido gobernante, y 66 por ciento estima que Rajoy fue, sin dudas, uno de los receptores de esas cifras.

Las propias fuentes periodísticas se han encargado de publicar documentos contables del PP muy comprometedores para el jefe de gobierno, al tiempo que divulgó mensajes SMS atribuidos a Rajoy y  Bárcenas que muestran una estrecha relación entre ambos hasta marzo de 2013, dos meses después de conocerse el fraudulento caso.

De manera que, sentado sobre la hornilla, habrá que ver que hará el presidente del gobierno español este agosto para contener el fuego que se le viene encima.