¿Sí o no a la reforma política en Brasil?

Brasil, una nación de más de 200 millones de habitantes, de los cuales solo poco más de un millón pertenece al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) está ante la posibilidad de una reforma política ideada por una comisión presidida por diputados conservadores, la cual será votada el próximo día 26 por el Congreso Nacional.

Medios políticos brasileños alertan que la reforma en discusión constituye una necesidad para garantizar visos de transparencia en la actividad pública, posición remarcada cuando inició su segundo mandato este año la presidenta Dilma Rousseff.

La mandataria explicó durante su investidura, en enero último, que el cambio en la legislación será prioridad en sus próximos años de gobierno, mientras que los movimientos sociales y políticos exigen cambios más profundos por parte del Congreso Nacional, de mayoría conservadora.

“El pueblo brasileño quiere aún más transparencia y más lucha contra todo tipo de delitos, especialmente la corrupción y quiere además que el brazo fuerte de la justicia alcance a todos de manera igualitaria”, dijo.

¿Qué trae esta reforma política? Entre los puntos más destacables de sus muy diversos temas aparece implantar la financiación pública de las campañas electorales (para evitar las privadas y su rastro corporativo), el fin de las coaliciones políticas, el de las suplencias y de la reelección presidencial.

El politólogo Antonio Flavio Testa brinda una respuesta sobre el tema que este mes hará retornar a las calles a las organizaciones y movimientos sociales.

Dice Testa: “La reforma política que se está discutiendo en Brasil desde hace muchos años significa establecer patrones de organización de partidos; definir cláusulas de barrera que establezcan un número mínimo de miembros que necesitan estar vinculados a ese partido; y exigir de los partidos una actuación más programática y no más comercial, como vemos hoy día”.

En la práctica, si se aprueba la reforma, acabarían las donaciones de las grandes empresas —que después extorsionan a los políticos con favores económicos—, y la extinción de las coaliciones en las elecciones proporcionales, que influyen en la definición del voto y permiten que candidatos con poca expresión sean elegidos aunque posean menos votos que sus contrincantes.

En opinión de Jovita Rosa, dirigente del Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral, en el propio Congreso Nacional se localiza el mayor obstáculo para refrendar esta reforma que medios políticos califican de tibia.

“Hay muchos parlamentarios que quieren permanecer en ese mismo sistema, que la sociedad y los gobiernos ya no aguantan. Así que tenemos que presionar el Legislativo para que se despierten y hagan la reforma política”, precisa.

LAS MASAS PIENSAN DISTINTO

En los últimos meses, varios acontecimientos políticos estremecieron Brasil. La presidenta Rousseff ha sido atacada tanto por la ultraizquierda del PT como por la derecha tradicional, apoyada por los grandes medios periodísticos aliados de esa tendencia.

Unos y otros coinciden en que la corrupción es uno de los grandes males que salpican al PT —que no gobierna solo sino como parte de una coalición de partidos— luego del escándalo de robo en la petrolera estatal, un asunto que para muchos es tan viejo como el tiempo.

Lo que en esta oportunidad, y abierta la Caja de Pandora de la gigantesca empresa, se demostró que hay decenas de parlamentarios involucrados con la corrupción de los jerarcas de PETROBRAS, e incluso en las últimas semanas se levantó otro escándalo en la Tesorería del partido de gobierno.

En este contexto bastante complejo, PETROBRAS es el talón de Aquiles del gobierno. Rousseff anunció una serie de medidas anticorrupción, ya en manos de los parlamentarios, y dijo que había que “investigar a fondo, castigar a los involucrados y expulsar del PT a quienes correspondiese”.

El alto nivel de podredumbre existente en empresas estatales es de vieja data, y nadie puede negarlo. O sea, que este barullo formado por la derecha y la izquierda pudo ocurrir durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso o antes. Solo que Cardoso no es Dilma Rousseff, que en medio de este embrollo político trata de beneficiar con programas sociales a los pobres, pues Cardoso fue el presidente que vendió Brasil a las trasnacionales en los años 90 del pasado siglo y tenía la protección de los sectores derechistas y el gran capital.

De eso están claras las distintas ideologías que existen en el coloso suramericano, ya que la presidenta tiene un pasado inmaculado desde el punto de vista político y moral —que mantiene— y aquellos que han vociferado que la impugnen en el cargo por el tema de PETROBRAS saben que no prosperarán ante la falta de pruebas que la involucren en la corrupción.

En el delicado panorama político nacional pueden identificarse tres problemas, a los cuales los revolucionarios de ese país deben encontrar soluciones:

El escándalo de PETROBRAS fortalece a la derecha y a las fuerzas retrógradas que quieren retornar a períodos más oscuros, aunque resulta poco creíble que las Fuerzas Armadas se involucren —dado los tiempos que corren en América Latina— en un golpe de Estado militar. Recuérdese que la derecha en Brasil tiene dos tendencias de una misma raíz: la que se pronuncia por ganar la presidencia y los puestos claves, y una que defiende el golpe de Estado blando basándose en los problemas de la corrupción, las visiones moralistas —siempre mentirosas— y la ganancia financiera.

Para el PT la posición es difícil. No hay más izquierda en Brasil (con todos sus defectos) que el PT, por tanto la alternativa de otra organización política al menos progresista hasta ahora no apareció. En el actual contexto se observa que resulta imposible alcanzar cambios más alentadores que los ofrecidos por el actual gobierno.

En este contexto hay que mencionar las luchas internas del PT, la que defiende al Gobierno y la que está en contra de lo que llaman derechización del Ejecutivo que tiene como Ministro de Economía al banquero neoliberal Joaquim Levi a la cabeza, con sus medidas de ajuste fiscal rechazadas por la población más vulnerable.

Ello, a pesar de las mejorías que a lo interno han traído los gobiernos petistas a los sectores más pobres del gigantesco y desigual país.

BRASIL CON INDIGNACIÓN

Lo cierto es que Brasil está indignado, y que por su cargo, la mandataria debe dar respuestas a quienes la han elegido por dos mandatos consecutivos, al igual que antes ocurrió con Lula da Silva, un ex líder obrero de Sao Paulo que supo maniobrar con la derecha y la izquierda durante su estadía en el Palacio de Planalto.

Una cifra representativa de la población brasileña —que en su conjunto es bastante apolítica, con un alto grado aún de analfabetismo cultural— le exige más a la mandataria y a su vez la apoyan ante el auge derechista.

Más de 400 organizaciones y movimientos sociales y casi dos mil comités populares (pocos en comparación con el tamaño y el número de habitantes del país) se movilizaron el pasado año para proponer un Plebiscito Popular por una Constituyente exclusiva y Soberana del Sistema Político. Más de siete millones 700 mil personas votaron en la consulta pública, de las cuales fueron favorables el 97 por ciento.

José Antonio Moroni, miembro del colegiado de gestión del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) en el estado de Ceará, refirió que la recolección de firmas por un Proyecto de Iniciativa Popular contribuye a presionar al Parlamento a discutir cambios reales y benéficos para la democracia brasilera. “Estamos diciendo que el pueblo tiene el derecho de influir en este debate, presentando propuestas que deben ser tenidas en cuenta por los diputados”.

En su opinión, la sociedad brasileña debe adoptar posiciones claras e integrarse a las discusiones de la reforma política que hoy tramita el Congreso Nacional. “Si la dejamos exclusivamente en manos de los diputados, la reforma que saldrá del Congreso no atenderá a los intereses de la sociedad. Quien tiene que decir qué reforma política quiere el país es la sociedad”, dijo.

A un mes de la votación en el Parlamento, los movimientos sociales se organizan para articular una agenda de movilización de respaldo a la reforma política que es, por cierto, bastante pobre, pero que al menos trae un aire de transparencia al infectado sistema electoral brasileño.

La idea es intensificar la agenda de la movilización nacional y presionar a los parlamentarios para que aprueben una propuesta que evite los actuales métodos de elecciones. Una de las principales acciones será la entrega de firmas para el Proyecto de Ley de Iniciativa Popular.

Este jueves habrá un acto público durante el Tercer Festival de la Juventud Rural, que reúne a cinco mil trabajadores rurales de Brasil y delegaciones de 10 países de América Latina en Brasilia, la capital federal.

En la ocasión, una marcha en favor de la reforma democrática del sistema político brasilero saldrá del Museo Nacional y pasará por los ministerios, llegando a la Cámara de Diputados.

El próximo día 11 es la fecha límite para el envío de firmas del Proyecto de Iniciativa Popular por la Reforma Política Democrática y Elecciones Limpias al Congreso Nacional.

Los días 12 y 13 próximo se efectuará un acto masivo en Brasilia contra la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de la Corrupción y contra el financiamiento privado de campañas electorales, además de la defensa del voto proporcional, de la paridad de sexo y de la ampliación de la participación popular en el sistema político brasilero.

El día 20, y con similares propósitos, la capital federal será de nuevo escenario de otra acción masiva que apoye la reforma política.

Para algunos medios políticos, es posible que el Congreso Nacional —por lo que afecta a los parlamentarios— aborten la reforma plasmada en un documento elaborado por una Comisión hoy presidida por los diputados federales Rodrigo Maia (Demócratas - DEM/ Río de Janeiro) y Marcelo Castro (Partido del Movimiento Democrático Brasilero - PMDB/ Piauí), ambos vinculados a grupos políticos conservadores de derecha.