Ley Mordaza: Silencio bajo el capote

En efecto, con las luces primeras de este julio, los españoles tendrán que cerrar los ojos y las bocas ante la situación nacional si no quieren resultar severamente penalizados.

Y es que con el apoyo en exclusivo de la bancada del derechista Partido Popular, de gobierno, entró en vigencia la controvertida y rechazada “Ley de Seguridad Ciudadana” o “Ley Mordaza”, según sus muchos detractores,  que al decir de medios de prensa “endurece y regula las condiciones para manifestarse, estableciendo multas que varían desde los cien a los seiscientos mil euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones.”

Vale decir que entre las principales “violaciones” que cita el texto están, por ejemplo, colocar en Internet u otros espacios mediáticos gráficas y testimonios de la brutalidad policial contra las muchas manifestaciones que se ejecutan en España en los últimos años como consecuencia –entre otras- de la crisis económica galopante y los actos gubernamentales de corrupción.

Otro “pecado” a sancionar apunta contra los grupos y organizaciones que mediante movilizaciones masivas han intentado detener el desalojo de sus viviendas de aquellas personas y familias impedidas de pagar un techo a cuenta del desempleo o la rebaja brutal de las pensiones y de la asistencia social.

A la lista de prohibiciones se añaden también el convocar marchas, concentraciones y actos ante las sedes del Congreso, el Senado o de los gobiernos autonómicos; protestar ante edificios y monumentos históricos, no entregar de inmediato sus documentos a los agentes del orden que lo requieran, o no colaborar con las autoridades en “sus actos a favor de la pretendida seguridad pública”.

En pocas palabras, como han señalado oportunamente varios analistas, una suerte de regreso a las centurias de la inquisición y la “quema de brujas”.

 De hecho, los partidos opositores han afirmado que de obtener la victoria en las próximas elecciones generales españolas, una de las primeras medidas a adoptar será la derogación del tan cuestionado legajo, verdadera obra de un pensamiento retrógrado e inmovilista  que no solo ignora por completo los más elementales derechos civiles, sino que además pretende imponer controles ilógicos e insultantes al avance de los medios de comunicación y el trasiego informativo propios de una época altamente globalizada y tecnificada, así como a la prerrogativa de la sociedad de expresarse sin trabas sobre cuanto afecta su vida y su bienestar.

Desde luego, es evidente que la mal llamada “Ley de Seguridad Nacional” apunta también al tardío intento de demonizar y golpear a los nuevos movimientos sociales españoles, que en los recientes comicios parciales se alzaron con el control de varias regiones y han puesto en jaque el tradicional péndulo gubernamental que repartía la jefatura de gobierno entre los desgastados Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, con divisorias comunes muy difusas en cuanto a programas y ejercicio del poder.

Mientras, para quienes en España en estos años de crisis han logrado articular un movimiento contestatario que ya muestra exitosos frutos en su desarrollo, es evidente que la aparición extemporánea de la “Ley Mordaza” es interpretada como otro obstáculo derechista a vencer, con la ventaja de que resulta tan lesivo al ya vapuleado ciudadano común, que aún con la aprobación del Tribunal Constitucional no tiene futuro alguno por su sonado carácter violatorio, ilógico e irracional.