Cuba marca la diferencia

Hace apenas 48 horas entró en vigor el decreto que regula la entrega de subsidios a personas de poca solvencia para construir, reparar o rehabilitar sus viviendas, una disposición publicada en la Gaceta Oficial ordinaria No.1 del 4 de enero de 2012, que valida el Reglamento aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y las normativas complementarias del Instituto Nacional de la Vivienda, y los ministerios de Comercio Interior, Finanzas y Precios, y Trabajo y Seguridad Social.

No hace falta ser muy entendido en asuntos económicos para comprender que la entrega de ese subsidio más allá de ser parte del diseño de una economía eficiente y sustentable,trata de proteger a los sectores más necesitados y, sobre todo,  manifiesta el condicionamiento social de la política cubana,  a diferencias con los programas de ajuste aplicados en otros países. 

Esa decisión es la confirmación de lo que ya Raúl había adelantado cuando advirtió que “nadie quedará desamparado” en la aplicación de un proceso de cambios que inevitablemente será complicado y hasta doloroso para algunos.

Beneficiar a los cubanos que menos tienen no es filantropía, sino es una medida lógica que emana de la naturaleza del Estado socialista, que tiene como fundamento al individuo como actor social. 

Es también una redistribución no mercantil de la riqueza, pues como ya se ha dicho, los recursos de los subsidios, que no tienen que ser devueltos, saldrán del impuesto a las ventas de materiales de la construcción que se venden a precios sin subsidio.

En un país que tiene un grave déficit habitacional, esa ayuda es también una forma de cubrir la punzante deuda social que nos han dejado ciclones, derrumbes y otras afectaciones climáticas y humanas.

Es, sin dudas, el inicio de un proceso para enfrentar la situación de la vivienda en Cuba, que constituye en la actualidad una de las más urgentes necesidades de la ciudadanía y a la que el Estado aún no puede encarar con suficiencia.

Claro que el éxito de estos subsidios depende en buena medida de la responsabilidad e iniciativa personales para cumplir en tiempo y forma lo pactado, contrato mediante, con las autoridades municipales que son las encargadas de otorgarlos.

Solicitar y gestionar esos fondos implica asumir una responsabilidad moral ante la ciudadanía que es en definitiva la dueña de los recursos estatales puestos en manos de aquellos en desventaja socioeconómica, quienes tienen que comprometerse a resolver su problema.

Sin paternalismo, ni parasitismo social, los contratos firmados entre los gobiernos locales y las personas beneficiadas, que adquieren además un compromiso jurídico, fomentan la responsabilidad social. 

Por otro lado, y de manera no menos importante, se fortalece la democracia en el país, al darle capacidad a los gobiernos locales para definir a quiénes se le entregan los subsidios y a los delegados la responsabilidad de fiscalizar y controlar la ejecución prevista de esos fondos.

Los Consejos de la Administración Municipales serán los encargados de tomar las decisiones en cada barrio, pero también tendrán que rendir cuenta ante los delegados que conforman la Asamblea territorial, lo que estimula la participación social y además forma parte del pensamiento estratégico de la Revolución Cubana.

No se puede perder de vista que este es el primer subsidio a personas y no a productos, una política que busca apoyar la justicia, la igualdad de oportunidades y la protección social y esa, esa es la gran diferencia entre el ajuste neoliberal y lo que se hace en Cuba.