El 30 de mayo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos repitió la insólita acusación de que Cuba es un “Estado Patrocinador del Terrorismo Internacional”.
Nuevamente, esta decisión bochornosa ha sido tomada faltando de manera deliberada a la verdad e ignorando el amplio consenso y el reclamo explícito de numerosos sectores de la sociedad estadounidense y de la comunidad internacional para que se ponga fin a esa injusticia.
El único propósito de este ejercicio desprestigiado contra Cuba es intentar justificar el mantenimiento del bloqueo, una política fracasada que el mundo entero condena. También pretende complacer a un grupo anticubano, cada vez más pequeño, que se aferra a apuntalar una política que ya no tiene sustento y que ni siquiera representa los intereses nacionales de los Estados Unidos, de la mayoría de la población estadounidense y de la emigración cubana residente en ese país.
El Gobierno de los Estados Unidos insiste en mantener esta designación arbitraria y unilateral, a pesar del desplome total de las acusaciones ridículas y de los argumentos endebles que tradicionalmente ha utilizado en los últimos años como excusas para ello, como la presencia en nuestro país de fugitivos de la justicia estadounidense, ninguno de los cuales, por cierto, ha sido acusado de terrorismo. También alega que Cuba acoge a militantes vascos de ETA, desconociendo que esto respondió a una solicitud de los gobiernos concernidos en el tema. Señala, además, que miembros de la guerrilla de Colombia viven en nuestro país, lo cual constituye una acusación absurda pues desde el 2011, Cuba acompaña, como garante, el proceso de paz en Colombia.
El territorio de Cuba nunca ha sido utilizado y nunca se usará para cobijar a terroristas de ningún origen, ni para organizar, financiar o perpetrar actos de terrorismo contra ningún país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. El Gobierno cubano rechaza y condena inequívocamente todo acto de terrorismo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y cualesquiera que sean las motivaciones que se aleguen.
Por el contrario, el Gobierno de los Estados Unidos emplea el terrorismo de Estado como un arma contra países que desafían sus intereses, causando muertes en la población civil. Ha usado aviones no tripulados para perpetrar ejecuciones extrajudiciales de supuestos terroristas, incluso estadounidenses, resultado de lo cual han muerto cientos de civiles inocentes.
Los Estados Unidos han sido históricamente refugio de terroristas y asesinos confesos de origen cubano y hasta el día de hoy cobija a Luis Posada Carriles, autor intelectual del primer atentado terrorista contra la aviación civil en el Hemisferio Occidental, que provocó la explosión en pleno vuelo, frente a las costas de Barbados, de un avión de Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976 y el fallecimiento de sus 73 pasajeros, incluyendo a los integrantes del equipo nacional juvenil de esgrima. Posada vive libre y tranquilamente en Miami, mientras Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González permanecen encarcelados injustamente por luchar contra el terrorismo en los Estados Unidos, acusados de delitos que no cometieron.
Cuba ha sufrido durante décadas las consecuencias de actos terroristas organizados, financiados y ejecutados desde el territorio de los Estados Unidos, con un saldo de 3 478 muertos y 2 099 discapacitados. El Gobierno cubano no reconoce al Gobierno de los Estados Unidos la más mínima autoridad moral para juzgarlo.
Desde el año 2002, el Gobierno de Cuba propuso al de los Estados Unidos adoptar un acuerdo bilateral para enfrentar el terrorismo, oferta que reiteró en el 2012, sin haber recibido respuesta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza enérgicamente la utilización con fines políticos de un asunto tan sensible como el terrorismo internacional, demanda que se ponga fin a esta designación vergonzosa que ofende al pueblo cubano, tiene como único objetivo intentar justificar a como dé lugar el bloqueo anacrónico y cruel contra Cuba y desacredita al propio Gobierno de los Estados Unidos.
La Habana, 30 de mayo de 2013
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