Mucho antes de que los rebeldes lucharan en las montañas eran sabidas las intenciones del gobierno de los Estados Unidos de apoderarse de la fruta en el traspatio. Una extensa cronología de hechos en la historia así lo evidencian, desde la propia intervención norteamericana.
Con el triunfo revolucionario de 1959 tenía lugar una de las derrotas políticas más humillantes que han sufrido los Estados Unidos a lo largo de toda su historia como gran potencia imperialista.
Precisamente en esta etapa es cuando se produce el documento del Secretario de Estado asistente Lester Mallory, el seis de abril de 1960, donde se instruía la política a desarrollar desde entonces por las administraciones norteamericanas para liquidar la Revolución.
El documento de Mallory indicaba textualmente:
“ La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…) No existe una oposición política efectiva (…) El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno (al gobierno) es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…) Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica (…) negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Así daba inicio todo un andamiaje de decisiones ejecutivas para lograr la consolidación de la política de bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.
Desde entonces las agencias gubernamentales de los EE.UU., incluidos los Departamentos del Tesoro y Comercio, y en particular la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) han aplicado con estricto rigor las leyes y regulaciones que sustentan la política del bloqueo, vigentes hasta la actualidad.
Entre las principales legislaciones del Congreso y disposiciones administrativas que establecen la política del bloqueo destaca la Ley para la Administración de las Exportaciones de 1979.
Conforme a la Sección 2401 (b) (1) “Control de la Seguridad Nacional. Política hacia determinados Estados”, se establece la Lista de Control del Comercio, en la cual el Presidente de los EE.UU. mantiene a un número de países a los que se les podrán establecer controles de exportación especiales por consideraciones de seguridad nacional. Cuba está incluida en este listado.
De igual forma las Regulaciones para la Administración de las Exportaciones (EAR por sus siglas en inglés, 1979), establecen las bases de los controles generales para artículos y actividades sujetas al control de las EAR, en consonancia con las sanciones impuestas por el gobierno de los EE.UU. Estas establecen, a su vez, una política general de negación a las exportaciones y reexportaciones a Cuba.
Al amparo de este entramado aparato legislativo, el gobierno de los Estados Unidos hizo efectivas recientemente las nuevas restricciones relacionadas con la compra de productos que contengan más del 10 por ciento de componentes estadounidenses, anunció el Registro Federal de ese país.
En mayo de 2015, luego de anunciar la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba y abrir un proceso de normalización de nexos, la administración de Barack Obama (2009-2017) retiró a la nación caribeña de la unilateral y controvertida lista de países patrocinadores del terrorismo.
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Tal movimiento hizo que Cuba fuera elegible para un nivel general de mínimos del 25 por ciento, lo cual significaba que la mayor de las Antillas podría importar mercancías que no tuvieran más de un 25 por ciento de componentes norteamericanos.
Bajo la administración de Donald Trump, vuelve a imponerse el límite de un 10 por ciento, de modo que se prohíbe la reexportación a la nación antillana de artículos extranjeros que contengan más de esa cantidad de componentes estadounidenses.
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Además, la regulación revisa la Excepción de Licencia conocida como Apoyo al pueblo cubano, con el fin de prohibir ciertas donaciones al Gobierno de la isla y al Partido Comunista de Cuba.
También elimina la autorización de exportar artículos promocionales que Washington considere que benefician generalmente al Gobierno, y limita la exportación de bienes para la actualización de infraestructura de telecomunicaciones.
Para justificar estos cambios, el gobierno de Trump vuelve a hablar de supuestas violaciones contra el pueblo cubano y el apoyo al gobierno constitucional de Nicolás Maduro.
Entre los días 6 y 7 de noviembre tendrá lugar una nueva votación contra el bloqueo en la ONU, donde la inmensa mayoría de la comunidad internacional debe condenar una vez más el cerco considerado como la principal violación de los derechos humanos de los cubanos.
A pesar de jugar un papel esencial contra el desarrollo de Cuba, dicha política, mantenida durante todos estos años de gobierno revolucionario, no ha logrado sus objetivos. Fue precisamente ello lo que hizo que en el último año de su mandato el expresidente Barack Obama condujera ciertos giros en la histórica confrontación entre ambos países. Una política que, si bien evidenció nuevas formas de hacer, no abandonaba el viejo anhelo imperialista para con la nación cubana.
No obstante, al bloqueo, Cuba ha avanzado muy por encima de otros países con regímenes afines a los intereses norteamericanos. La revolución es enérgica y capaz de enfrentar sus problemáticas con fuerzas propias.
También cuenta la solidaridad y amistad demostrada por los amigos de todas las latitudes, que con su trabajo desinteresado colaboran de forma comprometida.
La vieja carta de Mallory aún no surte efecto sobre esta pequeña porción de tierra en el mar Caribe que ha jurado avanzar y no rendirse.
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