El amo sabrá compensar

Por estos días ha sido noticia la ausencia de las partidas destinadas para “la democracia en Cuba” en la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2018 en los Estados Unidos. Al respecto, varios medios catalogan el hecho como una contradicción en el actuar de Donald Trump, quien en ocasiones ha señalado “la falta de libertades” en la mayor de la Antillas y su compromiso con “la causa de los cubanos”. Mientras, otros alegan que se trata de una estrategia para reducir el presupuesto y dejar que sea el Congreso el que decida.

Sea equis o ye, lo que sí todos tienen claro es que desde 1996 la Ley Helms Burton, instrumento legal del bloqueo contra Cuba aprobado por el gobierno de Bill Clinton, autoriza al presidente de los Estados Unidos en su artículo 109 “…a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en favor de los esfuerzos de democratización de Cuba”; y según documentos oficiales del Congreso se ha cumplido al pie de la letra.

Sin embargo, resulta interesante que se obvie que desde 1992 la Ley Torricelli en la sección 6004, inciso g, dicta que “el gobierno de los Estados Unidos debe proveer asistencia, a través de organizaciones no gubernamentales apropiadas para el apoyo a individuos y organizaciones para promover un cambio democrático no violento en Cuba”.

En 2004 llegó el Informe al presidente de la Comisión para la Asistencia de una Cuba Libre, conocido como Plan Bush, el cual en su segunda versión en 2006 recomienda la aprobación anual de no menos de 20 millones de dólares para la “transición democrática en Cuba” —recomendación cumplida—. Para que se tenga una idea: desde el año fiscal 1996 hasta el 2016 el Congreso de los Estados Unidos ha destinado $304 millones de dólares del contribuyente estadounidense para “los esfuerzos democráticos en Cuba”, donde se incluyen 45,3 millones en 2008.

Como se puede apreciar, también Barack Obama —quien en marzo del 2015 llegó a La Habana para hablar de respeto mutuo, de normalización de relaciones bilaterales, democracia, sociedad civil— continuó apostando a la subversión político-ideológica contra Cuba. Inclusive, antes de marcharse aprobó, según documentos oficiales, una partida entre los 15 y 30 millones.

El contexto actual es diferente, pues aparentemente Donald Trump ha decidido eliminar el “apoyo a Cuba”. Sin embargo, da pie a aclarar algunas cuestiones.

No solo la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) recibe estos fondos, como señalan algunos, sería injusto atribuirle los 21 años de fracaso tratando de revertir el sistema político cubano. La millonaria cifra también se reparte entre la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y el Departamento de Estado, mediante el programa del Fondo de Derechos Humanos y Democracia de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, para luego ser repartida en una red mundial de organizaciones.

También resultaría ingenuo creer que no fue hasta 1996, cuando se aprueba la Ley Helms-Burton, que el gobierno estadounidense comenzó a destinar recursos financieros y materiales para promover un “cambio de régimen” en Cuba. Desde su fundación en 1983, la NED proveía de fondos a la Fundación Nacional Cubana Americana (FNCA), compuesta en su mayoría por cubanos emigrados con un historial relacionado a la dictadura de Fulgencio Batista, a la invasión mercenaria por Playa Girón o habían sido o eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia.

Por esos años, antes que la FNCA se entregara totalmente a planear y financiar los actos terroristas en Cuba durante la década de los 90, promovía la creación de la Coalición Europea para los Derechos Humanos en Cuba con Armando Valladares al frente, terrorista devenido “poeta”. El modus operandi: viajar por el mundo, brindar conferencias sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, lograr el apoyo de parlamentarios europeos, de organizaciones no gubernamentales, de Amnistía Internacional; que después la gran prensa realizaba su trabajo. Cualquier similitud con la actualidad no es pura coincidencia.

El segundo programa de la NED fue el Comité Cubano por los Derechos Humanos, contraparte de la FNCA en el archipiélago, el cual llegó a recibir 20 000 dólares en 1989 para diseminar información dentro y fuera de la nación sobre derechos humanos.

El descalabro del campo socialista supuso el fin de la Revolución cubana, por lo que NED aumentó no solo los programas y los montos de dinero hacia Cuba, sino que enfocó su trabajo hacia los jóvenes, los intelectuales y hacia la creación de “sindicatos independientes”. Para 1992 la NED ejecutaba 11 programas hacia Cuba liderados por Freedom House, Puebla Institute y las organizaciones antes mencionadas. Fue el periodo donde por primera y única vez el gobierno estadounidense deseó que los cubanos viajaran y adquirieran las experiencias de los países del “imperio del mal”.

Por tanto, la aprobación de la Ley Helms-Burton constituyó la inscripción de un niño nacido hacía 12 años. El gobierno estadounidense sabía lo que se cocinaba “tras bambalinas”, pues la NED tiene la obligación por ley de presentar anualmente un reporte de ejecución de presupuesto ante la Oficina de Contabilidad General de ese país.

Ante este precedente no es de extrañar la calma que impera en los “grupos prodemocráticos”, en algunos “medios independientes”, perfiles en redes sociales de “activistas”, en la oficina del Programa Cuba de la NED dirigida por el cubano Aimel Ríos Wong. Ellos saben que el amo sabrá compensar tantos años de servicios, quiera o no Donald Trump, aunque si colaborara fuera mejor.