El lawfare es el uso del sistema legal con fines políticos, que busca inhabilitar o neutralizar a figuras públicas mediante procesos judiciales, campañas mediáticas y presiones de opinión pública.
Se trata de una estrategia de guerra no convencional en la que la justicia se convierte en un instrumento de ataque político. Se busca desacreditar, impedir la participación política o incluso encarcelar a líderes y opositores, debilitando sus movimientos e iniciativas. Y se combinan procesos judiciales con cobertura mediática que genera presión social.
En los años setenta y ochenta, la persecución a la oposición progresista en Latinoamérica fue caracterizada por represión directa, con detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. Este poder duro se ejecutó desde los gobiernos, con la intervención de fuerzas militares y de seguridad. Con el tiempo, las estrategias represivas cambiaron. Y en lugar de acciones violentas desde el ejecutivo, se optó por mecanismos de poder blando. Así se consolida el lawfare, como una modalidad de represión que emplea el sistema judicial para justificar la persecución a líderes políticos a través de procedimientos legales aparentemente legítimos, pero en la esencia, no lo son.
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