Persecución mediática y judicial contra líderes progresistas

Estados Unidos intenta apoderarse de nuevo de América Latina y El Caribe luego de más de una década de progresismo en la región. De ahí que utilice groseros métodos para evitar que los líderes de aquella etapa, apoyados por sus pueblos, ocupen de nuevo las presidencias de sus naciones.
Usan ataques directos contra países como Venezuela, que lucha por la supervivencia de la Revolución Bolivariana, o solapados, como la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, en 2016, por un golpe parlamentario.

Los estrategas de Washington, obcecados por recobrar la influencia perdida en los ricos países latinoamericanos e impedir la presencia negociadora en la zona de Rusia y China, pusieron en práctica el llamado proceso de judicialización de la política, tras el consenso de que la corrupción es un problema fundamental en América Latina. Gran paradoja si se considera que sus aliados de la región están comprometidos, sin excepción, con esquemas de podredumbre interna y foránea.

Esa fue la premisa manifestada por instituciones financieras internacionales y agencias del gobierno de Washington, promotoras del llamado Ajuste Estructural del Estado en los años 90, mientras en el subcontinente triunfaban, uno tras otro, gobiernos inclusivos y con una visión diferente de la política. Este esquema de “guerra jurídica asimétrica” es la vía utilizada para atacar gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierda en América Latina, cuyos magistrados en su mayoría están formados en escuelas judiciales asentadas en Estados Unidos, a una de ellas asistió el juez brasileño Sergio Moro, quien condenó al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en primera instancia.

La inhabilitación política la usan contra quienes pretenden rescatar la soberanía de sus pueblos y son las principales victimas de la guerra jurídica o lawfare, palabra inglesa formada por la contracción de las palabras ley (law) y guerra (warfare). De esta forma describe el “lawfare” el Informe del Encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11 septiembre y sus consecuencias, del año 2010.

La lawfare está en plena marcha en Suramérica, con el apoyo de la media hegemónica, lo cual queda demostrado a diario. La Casa Blanca embiste con dos armas poderosas contra la esperanza que comienza a retornar a Latinoamérica, luego del reciente triunfo del presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, de origen izquierdista.

Hay planes injerencistas en apogeo contra Venezuela, Bolivia y Nicaragua y ya logró —al menos por el momento— victorias en Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Perú, Brasil, ahora bajo el mando de aliados conservadores, con graves problemas a lo interno los que, para la Casa Blanca y sus halcones carecen de importancia, aunque pronto las urnas quizás manden otros mensajes, pues 2019 es año de elecciones.

El reciente allanamiento de tres propiedades de la ex mandataria argentina Cristina Fernández, en búsqueda de un cuaderno donde supuestamente ella anotaba los dineros recibidos de sobornos durante su gestión de dos mandatos consecutivos, constituye una de las farsas más asombrosas del aparataje montado por su sustituto, el derechista Mauricio Macri, considerado uno de los peores gobernantes en la historia contemporánea del país.

Endeudado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que pidió prestado 50 000 millones de dólares para respaldar una economía en declive, con la moneda en alza continua y una hiperinflación sin paro, Macri controla al sistema judicial al igual que a los medios comunicacionales privados para tratar de destruir a Fernández, un referente popular para las elecciones del próximo año. Todas las encuestas apuntan a que si la liza fuera hoy, la viuda de Néstor Kirchner —quien la precedió en la primera magistratura— entraría de nuevo con alto puntaje en la Casa Rosada.

De ahí el ensañamiento contra esta mujer que dirigió Argentina ocho años, con algunos errores quizás, pero con riqueza y dignidad. Es por eso que inventaron el presunto cobro de sobornos para el otorgamiento de concesiones de obras públicas durante su gestión (2007-2015), que dicen estarían escritos en cuadernos que no aparecen, porque, según sus abogados defensores, nunca existieron. Senadora en la actualidad, Fernández dijo públicamente que allanaran sus propiedades, una en Buenos Aires, y dos en la provincia de Santa Cruz, una en las ciudades de El Calafate, y Río Gallegos, pues nada iban a encontrar, a no ser, aclaró, que los policías plantaran pruebas.

El procedimiento ocurrió el pasado jueves, 24 horas después de que el Senado argentino votara a favor de la medida pedida por el juez Claudio Bonadio, quien la hostiga desde que dejó la Presidencia por tres procesamientos judiciales, dos por presuntos delitos de corrupción y uno por supuesta interferencia en la investigación del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en Buenos Aires en el año 1994. Horas antes, la llamada “presidenta del pueblo” declaró ante el Senado que no se arrepiente “de nada de lo que hizo cuando estuvo en el poder” y tildó de “descarada, humillante la manipulación de hostigamiento” que sufre.

“Si algo faltaba para consagrar el uso del Poder Judicial como instrumento de persecución política en la Argentina era esta causa” y tildó esas acciones como un “instrumento de proscripción” en contra de ex mandatarios regionales. Pero Fernández no es la única que sufre los acosos de la Magistratura y la prensa conservadoras.
La llamada contraofensiva integral lanzada por Washington comenzó desde que Chávez entró al Palacio de Miraflores. Él mismo fue victima de un golpe de Estado cívico-militar en 2002, pero que apenas duró 48 horas debido a la movilización del pueblo y la lealtad de sus compañeros de armas.

La primera victima de este plan —ensayo de lo que harían después— fue el presidente hondureño Manuel Zelaya, en 2009, poco después de expresar el interés de integrar su pequeño país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un bloque regional de nuevo tipo a favor de las economías más débiles del subcontinente. Honduras no es Venezuela y al mandatario lo sacaron en ropa de dormir de Tegucigalpa para llevarlo a Costa Rica.

Luego, con una bien urdida patraña, el Congreso Nacional dio un golpe de Estado en 2012 al exobispo Fernando Lugo, quien en menos de 72 horas fue despojado por los parlamentarios de la presidencia, bajo el fuego de una prensa que tergiversó y mintió sobre los acontecimientos. En 2016, en una escalada probatoria, un Congreso Nacional corrupto y el traidor vicepresidente Michel Temer, despojaron de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff en un amañado juicio político, sin que hasta ahora se haya comprobado un error en sus obligaciones como dignataria.

Otros fracasados intentos de desalojo del poder ocurrieron contra los dignatarios Evo Morales, en 2008, usando la premisa de la división territorial, y Rafael Correa, en 2012, luego de una forjada sublevación policial. Ambos lograron revertir los planes de sus enemigos políticos. La actual situación de Lula da Silva, candidato hasta ahora a la presidencia en las elecciones de octubre próximo, es indignante. Acusado sin pruebas de recibir un apartamento de la firma brasileña Odebrecht cuando era dignatario, Lula purga una condena de 12 años y un mes de prisión en una cárcel en Curitiba, Estado de Paraná, por un delito no cometido. Aun así, presentó su postulación al Palacio de Planalto, y es el favorito para ganar los comicios que harían fracasar el golpe de Estado en Brasil, lo que al parecer el sistema no permitirá. Contra el expresidente Correa se desarrolla ahora un proceso judicial espurio tras el cual se esconde Lenin Moreno, a quien apadrinó y llevó al Palacio de Carondelet gracias a sus millones de seguidores.

Moreno, quien traicionó los principios sobre los cuales se desarrolló la Revolución Ciudadana que lideró Correa —de quien fue vicepresidente— solicitó el pasado 3 de julio una orden de prisión y de captura internacional en su contra luego de meses de desprestigio mediático en el que lo presentó como un monstruo, corrupto y divisionista de Ecuador. Este político , conocido a partir de su unión con Correa, convocó a un referendo nacional, que ganó, donde quedó abolida la posibilidad de un retorno del líder del partido Alianza País al gobierno. Por mediación de Moreno, en contubernio con los jueces, está en la cárcel el exvicepresidente Jorge Glass, condenado a seis años de prisión sin derecho a una defensa, por supuesta corrupción.