¿Qué ocurre en Guatemala? (+Audio)

La tensión se ha apoderado de Guatemala y de su pueblo ante las continuas irregularidades del actual proceso electoral, con balotaje presidencial previsto para el próximo 20 de agosto. Tras una demora de 18 días en la oficialización de los resultados de la primera vuelta, el Séptimo Juzgado suspendió manera inesperada e ilegal al Movimiento Semilla, que irá a segunda ronda, en lo que es considerado el intento de un golpe técnico para evitar la posible victoria de un candidato considerado progresista.

Los comicios ocurrieron el pasado 25 de junio, y de entre 23 candidaturas quedaron como favoritas las de la exprimera dama Sandra Torres, casada con el exmandatario Álvaro Colom, y la de Bernardo Arévalo, quien lleva como estandarte moral ser hijo del respetado exmandatario Juan José Arévalo, (1945-1951). El sistema judicial, de mayoría derechista, casi lo saca de la contienda esta semana con la suspensión de su movimiento Semilla.

Lo que ocurre en la actualidad en el proceso comicial –aunque otras situaciones podrían presentarse- es el oscuro manejo que, parece evidente, juega el poder de actores políticos procedentes de clanes familiares que trascienden el seno de los partidos vinculados entre sí para ser reelectos o conseguir cargos públicos por primera vez.

Esas agrupaciones se construyen sobre la base de los cacicazgos de gobiernos territoriales, que utilizan agrupaciones sectoriales como vehículo para apoderarse de los concejos municipales y las curules del Congreso de la República, aun cuando esos grupos son señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.

El periódico Prensa Libre detectó al menos 34 redes/clanes familiares actuantes en el actual proceso.

El pasado 23 de junio, en la primera vuelta, Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (une), alcanzó el 15,8 % de los votos. Arévalo ascendió desde los últimos lugares en las encuestas hasta el 11,7 % en el proceso considerado más incierto y atropellado de las últimas décadas.

Pero los grandes vencedores fueron el voto nulo y el abstencionismo. El 39.92 % (3 692 521 convocados), no acudieron a las urnas. Los votos nulos sumaron 6 989 7. Tales cifras demuestran el descontento poblacional por el deterioro del sistema imperante, la clase política tradicional y la desconfianza hacia instituciones nacionales.

La representante de une propone a la población mayor inversión en educación, reducción del Impuesto al Valor Agregado en productos específicos y facilidades para adquirir medios para la agricultura, entre otras reivindicaciones.

Arévalo, cuyo progenitor fue predecesor de Jacobo Arbenz, asumió el legado programático de esos dos grandes políticos. Se autodenomina socialdemócrata. Fundó Semilla en 2017 como movimiento heredero de las movilizaciones cívicas anticorrupción de 2014. Fue diputado durante la pasada legislatura por ese movimiento, que exige proyectos sociales de beneficio colectivo. ​​​​​​​

El día de los comicios, además del futuro presidente y vicepresidente, también estaban en pauta, entre otros cargos, 32 diputados al Congreso de la República por listado nacional; y otros 125 en representación de 23 distritos electorales; así como 20 miembros del Parlamento Centroamericano.

Luego de la maniobra judicial para sacarlo del juego, Arévalo denunció este jueves que la decisión de suspender su partido forma parte de una estrategia golpista para impedir su ascensión a la presidencia.

"Este es un momento donde todos los sectores de la sociedad guatemalteca (,,,) tenemos que converger, y unirnos en rechazo a esta acción golpista¨, refirió el aspirante al noticiero Guatevisión.

La sentencia, dijo, forma parte de una acción desesperada de un grupo criminal que, si gano, perdería  el control sobre los poderes de la nación.

Las declaraciones de quienes muchos consideran un político izquierdista responden al caos predominante en el país, luego que se conocieran los resultados de la primera vuelta.

La escalada contra la posibilidad de que Arévalo gane la presidencia comenzó con el inadecuado atraso en los resultados de los comicios; luego el allanamiento por la Fiscalía de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral para supuestamente corroborar datos y por último descalificar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por, alega la magistratura, supuesta falsificación de firmas, así como la inhabilitación de sus candidatos.

Analistas coinciden en que hay una abierta intromisión del sistema judicial en las elecciones con maniobras de dudoso encaje legal y vacilan ante la limpieza del balotaje, de acuerdo con los acontecimientos en marcha.

El fallo de la Fiscalía causó una inmediata reacción tanto de organismos internacionales presentes en Guatemala, como de entidades empresariales y sociales, ya que las leyes locales impiden la suspensión de partidos mientras están en marcha los comicios.

UNA NACIÓN EN CRISIS

Guatemala, un nación donde convergen volcanes, bosques, e importantes  asentamientos del pueblo maya, contaba con 17 110 000 habitantes en 2021, y de ellos un 55,6 % sobreviviendo en pobreza, marcados por la desigualdad social. Desde los territorios rurales, se reporta el aumento de casos de desnutrición aguda y el pasado 23 de abril autoridades sanitarias confirmaron la muerte de seis niños menores de dos años, como consecuencia del déficit alimentario. En 2022, fallecieron 18 menores de cinco años por esa causa, según esas fuentes.

El Ministerio de Salud informó que hasta mediados de este mes se incrementaron en 2 287 los niños hambrientos respecto a 2022 en especial en zonas que reportaron pérdidas en sus precarias economías agrícolas ante los estragos causados por el fenómeno climatológico El Niño y la carencia de políticas públicas para mitigar sus efectos. Este año podría ser peor.

En términos de emigración, Guatemala es considerada una anomalía en el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado también por el Salvador y Honduras. Sus vecinos casi siempre huyen de la violencia interna y los guatemaltecos lo hacen por hambre y pésimas condiciones de vida.

Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que el 80% de quienes emigraron señalaron motivos económicos para mudarse, 10%  la violencia y 7% reunificación familiar.

Una paradoja si se considera que la economía de Guatemala es la mayor de Centroamérica, incluso por encima de las consideradas potencias regionales como Costa Rica y Panamá, indica el Banco Mundial (BM).

Su Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento sostenido en los últimos 10 años, a excepción de 2020, cuando la economía global fue golpeada por la pandemia de covid-19. Incluso, el gobierno actual presume que su PIB fue uno de los menos afectados en América Latina, con una contracción de solo 1.5%, mucho menor que el promedio regional de 6.3%. 

Esa situación está relacionada con la distribución de los bienes y servicios que se producen y su reparto entre los distintos sectores de la ciudadanía, afirma José Antonio Salazar, académico de la Universidad Panamericana.

El uno por ciento de la población más rica de Guatemala, dice el especialista en gobierno y políticas públicas, posee la misma riqueza que la mitad más pobre de la población.

Mientras, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador de la Universidad de Guadalajara, México, (UDG) y especialista en estudios sobre inequidad, revela que en Guatemala las políticas de desarrollo tienden a beneficiar a los estratos más adinerados y dejan fuera a los grupos vulnerables.

Se estima que 1 500 000 guatemaltecas residen en Estados Unidos (EE.UU.), en tanto el ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), proyecta 2 813 983.

Los regímenes guatemaltecos también tienen en los emigrantes una fuente segura de ingresos.  Las remesas familiares enviadas desde el extranjero en 2022 sumaron una nueva cifra récord de 18 040 millones de dólares, un incremento interanual del 18%, informó el gobierno local en marzo pasado. Un 35 % de la población sobrevive gracias a esa ayuda familiar.

GOBIERNO QUE SALE

La situación política actual de Guatemala es, opinan expertos, resultado de una sintomatología múltiple que va desde la cooptación del Estado por el denominado Pacto de Corruptos hasta la inoperancia de los distintos gobiernos para aliviar la pobreza, incluso la oculta, pues aunque no aparecen en las estadísticas de personas pobres, una parte de la ciudadanía sufre los embates del desequilibrio económico.

Para expertos, las instituciones del Estado no juegan el rol para el que están concebidas. Hay opacidad en el gasto público, en tanto se impone el autoritarismo con la persecución de líderes políticos opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia que en su momento lucharon contra la corrupción. 

Asimismo, sigue creciendo la lista de corruptos que suscribieron un pacto de hermandad que les brinda inmunidad ante la justicia, lo cual motivó múltiples protestas sociales contra el actuar de los últimos tres gobernantes: Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y el saliente Alejandro Giammattei-. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19, el autoritarismo y la podredumbre en el sistema de justicia desencadenaron las movilizaciones populares y la posterior criminalización y persecución penal de los líderes de la sociedad civil.

A última hora de este día, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al partido Movimiento Semilla, suspendiendo así la resolución emitida por el Juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala. En su dictamen la CC establece que dicha normativa "no afecta ni deja en suspenso" la orden del TSE, "a efecto de que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados". Pero en Guatemala la situación cambia en minutos. El camino de los comicios nacionales aún es incierto y peligroso.