El 6 de julio de 2012 la Fiscalía de la Florida envió a la corte de Miami su oposición a la solicitud presentada por el abogado Martin Garbus, en representación de Gerardo Hernández Nordelo, en la que pidió una audiencia oral y la entrega por parte del Gobierno de evidencia adicional que permita profundizar en el caso de los “periodistas” que fueron pagados con dinero federal y actuaron antes y durante el juicio de los Cinco con el propósito de crear lo que en 2005 el panel de la Corte de Apelaciones describió como “una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad”.
En una maniobra evidentemente evasiva, el Gobierno intenta argumentar que los hechos presentados por la defensa no son tales y por tanto no resulta necesario procurar más información para esclarecerlos. En otras palabras, le dice a la propia Jueza Joan Lenard que la denuncia de la defensa sobre la conducta de los “periodistas” que ella misma reconoció durante el juicio llegaron incluso a amedrentar y acosar al jurado, no es más que una teoría conspirativa y una especulación generalizada.
En su escrito la Fiscalía advierte que podría recurrir a “privilegios ejecutivos” y a la Ley de Protección de la Información Clasificada (CIPA) para no acceder a la petición, lo cual equivale a admitir su voluntad de seguir ocultando y manipulando las pruebas.
En un breve párrafo final la Fiscalía se opone también a la audiencia oral solicitada por Gerardo.
Cabe preguntarse a qué le teme el Gobierno. Por qué no permite que los Cinco, y particularmente Gerardo, que cumple dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión, puedan disponer de toda la información que necesitan para defenderse de condenas tan injustas y absurdas como las que les fueron impuestas.
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