Varios “pero…” traban la paz en Colombia

Importantes avances en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia auguran una aproximación a la paz absoluta, mientras afloran lunares en la ejecución del Acuerdo de Paz suscrito el pasado año con la principal fuerza guerrillera de esa nación.

El primer ciclo del diálogo de delegados del régimen del presidente conservador Juan Manuel Santos y del ELN finalizó hace pocos días en Ecuador, país que acoge el encuentro iniciado el pasado 14 de enero que, en opinión de las partes, tuvo un alentador resultado.

En lo que algunos medios políticos catalogan de la construcción de un buen ambiente transcurrieron seis semanas de interacción, aún cuando continúan las hostilidades militares, y al unísono marcha con graves incumplimientos, pero a toda prisa, el plan firmado para terminar de manera definitiva la guerra de medio siglo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Las experiencias alcanzadas para lograr la suscripción del Acuerdo de Paz definitivo en Cartagena de Indias el pasado año y la posterior actuación de los agentes involucrados para hacerlo viable constituyen un referente de cara al futuro del ELN, que insiste en sus propias concepciones, en ocasiones diferentes a las de las FARC-EP y advirtió que en consecuencia las decisiones que se adopten podrían tener otros matices.

Según la nota conjunta divulgada al cierre de este ciclo, se conoció —entre otros asuntos— que el ELN y el oficialismo formularon las bases para mantener el entendimiento armónico en próximas citas, también en Quito, donde ahora quedaron establecidas dos sub-mesas simultáneas sobre participación social y acciones humanitarias, preámbulo de un cese al fuego bilateral y de las hostilidades.

Las partes también avanzaron en la definición de una propuesta piloto para desminar los escenarios donde se desarrolla el conflicto —con mayor precisión y concreción en futuros encuentros— y la celebración de una serie de audiencias para garantizar la participación social en el proceso de paz.

El jefe de la delegación guerrillera, Pablo Beltrán, informó que resultan muy importantes las reuniones con miembros de las FARC-EP, ya con referencias precisas en este tipo de plática con el oficialismo y para que los acuerdos que se adopten, aunque quizás con algunas diferencias, estén en línea con los alcanzados en La Habana, la capital cubana.

La Habana fue sede durante casi cuatro años del diálogo sostenido por delegaciones del movimiento insurrecto más antiguo de América Latina, con más de seis mil soldados reconocidos, y del régimen de Santos, quien fuera Ministro de Defensa del ultraderechista mandatario Álvaro Uribe.

Algunos observadores de las actuales conversaciones asumen que los avances han sido notables a pesar de la contradicción que supone trabajar por la paz en medio de la confrontación armada y en una etapa donde se despejan aciertos y errores en la actitud del oficialismo.

Un ejemplo de lo que ocurre actualmente con el pase de las FARC-EP a la vida civil puso de manifiesto la delegación de la Comisión Europea de Verificación de los Derechos Humanos, integrada por 40 cargos institucionales y representantes de organizaciones sociales de Alemania, Bélgica, Italia y España.

El grupo recorrió Colombia entre el 16 de marzo y el 1 de abril pasados para observar los cambios previstos en materia de derechos humanos y brindar un dictamen sobre la regulación del proceso de pacificación.

Al término de su labor, como parte de una iniciativa europea, los políticos de Valencia, España, afirmaron que “El proceso de paz peligra por la falta de voluntad del Gobierno para cumplir lo pactado y por la creciente actividad de los grupos paramilitares en los territorios de donde salió la guerrilla de las FARC”.

La delegación europea sostuvo reuniones con organismos institucionales, eclesiásticos, de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales, y otros gestores de la paz, tanto locales como internacionales.

En su recorrido notó, según comunicó la Comisión al término de su viaje, varios hechos que suponen un grave riesgo para el futuro del proceso de paz, como la tramitación de solo cuatro de las 40 leyes o reformas legislativas acordadas y el incumplimiento de la referida a la amnistía de los presos supuestamente relacionados con las FARC-EP.

También expresó su preocupación por las limitantes oficiales a la actuación de las Naciones Unidas en la constitución de una misión de paz, remitida hasta ahora solo al monitoreo del cese de hostilidades y la entrega de armas por los guerrilleros, ya identificados y a merced de los grupos paramilitares.

Hubo críticas específicas sobre las “Pésimas condiciones de habitabilidad en las zonas donde se encuentra la guerrilla de las FARC concentrada en su proceso de dejación de armas. En el territorio visitado sólo se había empezado a construir cuatro de las 30 casas acordadas para acoger a los guerrilleros, no hay médicos y los servicios de energía y agua potable funcionan de forma muy deficiente”.

Advirtió, además, que en esas áreas los excombatientes carecen de seguridad para sus vidas, en tanto tampoco hay dispositivos concretos para protegerlos cuando abandonen esos lugares.

Los resultados de la investigación solo reafirman los criterios de políticos colombianos de izquierda y entidades vinculadas al proceso de paz sobre la actuación de los contrainsurgentes que responden a la derecha oligárquica y sobre quienes recaen las sospechas de los asesinatos de 88 líderes comunitarios desde septiembre pasado, cuando ya estaba vigente el Acuerdo con las FARC-EP.

Se hace visible entonces la carencia de voluntad del régimen de Santos —el ministro que mandó a asesinar a Raúl Reyes, el canciller de ese grupo guerrillero en territorio fronterizo con Ecuador— para hacer cumplir el apartado 3,4 de ese documento, mientras califica a esas fuerzas terroristas dirigido por la derecha de “grupos armados organizados”.

Ahora que comenzó el camino para el fin de las hostilidades con el ELN, la posibilidad de que el Acuerdo de Paz corra peligro está en evidencia, y una de las posibilidades para que ello no ocurra depende, en buena medida, de que las organizaciones sociales y las comunidades hagan cumplir al gobierno con sus obligaciones en esta etapa de transición.

Es difícil para los colombianos acreditar la buena voluntad de Santos y su equipo ministerial cuando es notable que incumplen sus obligaciones, al contrario de las FARC-EP que, de manera disciplinada, y a pesar de los peligros que rodean a sus miembros, hicieron dejación de las armas cuando sus enemigos cuentan con equipos militares modernos, siempre engrasados.