Cuba concluyó el año 2023 con una tasa de mortalidad infantil de 7,1 por mil nacidos vivos, lo que representa 74 muertes menos que en 2022. De acuerdo con la Jefa Nacional del Programa Materno Infantil (PAMI), Catherine Chibás Pérez, seis provincias lograron indicadores inferiores a la media nacional, sobresaliendo Pinar del Río, con 3.1; Artemisa, con 3.9 y Holguín, con 4.7. Asimismo, 25 municipios consiguieron mantener en cero el número de fallecidos.
Ciertamente, la Mayor de las Antillas ha mantenido una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del continente americano, aun cuando los números distan de lo registrado en ejercicios como el del 2016 y 2017. Una realidad que se vincula de manera directa con la crisis sanitaria causada por la pandemia de la Covid-19 y por el propio contexto económico y social que atraviesa el país.
No obstante, indicadores como la tasa de mortalidad materna, que descendió en 2023 a 38.7 por 100 mil nacidos vivos con respecto al 40.9 de 2022 habla de una leve pero progresiva recuperación en sectores estratégicos de la salud pública. Todo ello, resultado del trabajo conjunto de las instituciones, de la introducción de innovaciones tecnológicas en la atención obstétrica, de la evaluación diferenciada a las mujeres y de otras acciones para la reducción de parámetros negativos, incluidos en el PAMI.
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Considerado uno de los grandes aciertos del sistema sanitario del país, dicho programa se distingue desde hace décadas no solo por su carácter gratuito y de acceso universal, sino también por contar con un plan centrado en la atención primaria de salud y en la prevención.
Surgido en 1983 con el objetivo de erradicar de manera definitiva los altos índices de mortalidad materna e infantil heredados de la época prerrevolucionaria, para su materialización el PAMI se basó en las mejores experiencias médicas desarrolladas durante la década de 1960 y 1970, las cuales incluyeron el programa de lucha contra la gastroenteritis en edades pediátricas, la primera campaña de vacunación antipoliomelítica y las campañas contra el tétanos, la difteria y la tos ferina.
De esta forma se convirtió en la plataforma programática centralizada y dirigida por el Ministerio de Salud Pública para planificar, organizar, aplicar y controlar las acciones y normativas relacionadas con la salud reproductiva, así como de la infancia y la adolescencia con el fin de garantizar el acceso equitativo la atención médica especializada. Se trata, en definitiva, de un sistema único que, pese a las significativas limitaciones económicas, ha pretendido contar con una infraestructura y capital humano y tecnológico en constante evolución.
Tras varias décadas de aplicación, ha permitido ubicar al país entre los mejores de la región de América, con indicadores muy superiores a que exhiben, incluso, naciones del llamado primer mundo.
Para ello se ha incidido, sobre todo, en la atención a niños y adolescentes a partir del desarrollo de la puericultura, que garantiza consultas especializadas desde la etapa de recién nacidos hasta la adolescencia. Asimismo, dispone de protocolos de actuación para el seguimiento de enfermedades transmisibles y crónicas en la infancia.
De igual manera se prioriza el cuidado de la mujer a través de servicios que comienzan desde los estudios iniciales en las embarazadas para detectar infecciones, enfermedades crónicas, riesgo genético y otros trastornos relacionados con la gestación.
Pasos preventivos que se realizan y perfeccionan, en buena medida, por las investigaciones científicas que se ejecutan sistemáticamente con diseños metodológicos similares para comparar e identificar tendencias en los comportamientos.
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Con relación a la mortalidad materna, si bien Cuba ostenta una de las cifras más bajas de la región, el propio ministro de Salud Pública, José Portal Miranda, ha reconocido en reiteradas ocasiones cuánto queda por hacer.
Priorizar el cumplimiento de ejercicios encaminados a lograr la dispensarización del riesgo reproductivo preconcepcional, reducir errores en el diagnóstico prenatal de defectos congénitos que son diagnosticables, así como incidencia del bajo peso al nacer, implementar las guías de actuación para las consultas de planificación familiar y actualizar las guías de actuación para una cesárea segura y la atención a la paciente obstétrica grave son solo algunas de las líneas de trabajo que se han identificado para fortalecer el PAMI en el contexto actual.
Lo que también debe revertirse en la disminución del número de embarazos en la adolescencia y el uso del aborto como método anticonceptivo, la reducción del déficit de medicamentos, gastables y una mayor garantía en el cumplimiento de las normas y procedimientos higiénicos-sanitarios que condicionan la aparición de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y la ocurrencia de brotes institucionales.
Sin dejar de reconocer el complejo escenario socioeconómico que se atraviesa, resulta imprescindible cerrar brechas en un tema de tanta sensibilidad. La voluntad política que desde hace décadas marca nuestro sistema de salud y que ha permitido enfrentar los más inesperados contratiempos sanitarios, tiene ahora el compromiso de trabajar en pos de consolidar la atención materno-infantil como elemento fundamental para el desarrollo futuro de nuestra nación.
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