Uno de los sectores imprescindibles para la sociedad, en todas las épocas ha sido el de justicia. Tener acceso a ella e impartirla constituyen necesidades vitales aun en situaciones de crisis, debido a que estos se basan en el respeto y amparo de sus garantías y derechos.
Desde que comenzó a expandirse la pandemia del nuevo coronavirus en Cuba el Ministerio de Justicia adoptó medidas con el objetivo de mantener la vitalidad de las actividades más importantes del sector, en correspondencia con las medidas adoptadas por dirección del país.
Entre ellas, destacaron aquellas relacionadas con el proceso de aprobación de la inversión extranjera; el funcionamiento del Registro Central de Sancionados para cumplir las solicitudes de Antecedentes Penales por parte de las autoridades policiales y judiciales. Igualmente se decidió mantener el funcionamiento de los Registros del Estado Civil únicamente para garantizar servicios de tanta sensibilidad e importancia como la inscripción de los nacimientos, las defunciones y la expedición de certificaciones para los procesos de pensión por fallecimiento.
Con el objetivo de evitar aglomeraciones y proteger así la salud de los trabajadores del sector y la población en general, se procedió al cierre de notarías, los registros de la Propiedad, de Sancionados y la Caja de Resarcimientos.
El Registro Civil a su vez quedó laborando con un mínimo de registradores y sus funciones quedaron exclusivamente para inscribir nacimientos y defunciones. Por tanto, y hasta nuevo aviso, no se realizarán matrimonios y no se expedirán certificaciones ni expedientes de subsanación de error.
En función de la misión del organismo, se le dio especial seguimiento a lo relacionado con la actividad legislativa, la Tarea Ordenamiento y las necesidades regulatorias para el control y enfrentamiento a la COVID-19. Asimismo, se trabajó de manera conjunta con varias instituciones con el objetivo de elaborar el sustento legal de todas las medidas adoptadas.
Además aprovechan este periodo para avanzar en el plan de medidas destinadas a la eliminación de trabas y prohibiciones, un grupo de las cuales dependía del propio organismo.
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR, A LA ORDEN
Los tribunales también han adecuado sus procedimientos al nuevo escenario generado por la COVID-19. En declaraciones ofrecidas a la prensa recientemente, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, comentó que concibieron su propio sistema de trabajo, sin perder de vista que la entidad, además de ser la mayor instancia judicial, es también la máxima autoridad administrativa de los tribunales como institución.
“Con el propósito de unificar las actuaciones, ya a finales de marzo se dictó la Instrucción No. 248. Del Tribunal Supremo Popular, la cual dispuso la suspensión y detención temporal inmediata de la tramitación de los asuntos o procesos judiciales en curso, excepto aquellos que, en razón de su naturaleza y contenido, por causas justificadas, resulte necesario e impostergable proseguir su tratamiento. Dicha excepción incluyó, fundamentalmente, los casos asociados a la COVID-19”, abundó.
Con respecto a las prioridades, comentó que se ha mantenido la atención de aquellos casos en los cuales los acusados están en prisión provisional, velando siempre por el cumplimiento de todas las medidas de higienización y distanciamiento social. Además, se han continuado los análisis sobre la excarcelación anticipada de aquellas personas que reúnen los requisitos para otorgarles la libertad condicional y otros beneficios previstos en la Ley.
Entre los principales enfrentamientos vinculados con la COVID- 19 Remigio Ferro explicó que un grupo importante de casos ha estado relacionado con incumplimientos en el uso del nasobuco, abandono de centros de aislamiento e instituciones sanitarias y actividades económicas ilícitas.
“Resulta válido subrayar que, en medio de circunstancias como las que vive el país, la impartición de justicia reviste mayor rigor y severidad en las penas, lo que no significa, necesariamente, que las personas tengan que ir a prisión, solo en aquellos casos, en los cuales la conducta sea más grave”, comentó.
Recientemente los juristas cubanos celebraron su día. Una profesión que sin dudas ha respondido a mantener el orden y equilibro de las sociedades a lo largo de los años. Sobre tan encomiable labor, el presidente del Tribunal Supremo Popular expresó que en esta, y en todas las épocas, la sensibilidad también tiene que guiar la impartición de justicia. Al referirse a Cuba, comentó que debe tomarse en cuenta, en primer lugar, valores como la dignidad y el humanismo.
“La justicia no puede ser ciega. Tiene que basarse en la ley, pero, insisto, la ley no alcanza por sí sola para hacer justicia. Ese ejercicio hay que acompañarlo desde la racionalidad, la lógica, la inteligencia, y eso tiene que estar presente en todas las circunstancias, por muy epidémicas que estas sean. Porque cuando eso falla, se reciente la calidad del ejercicio judicial.
“Para ser efectiva, la justicia tiene que dotarse de prudencia, ponderación, equilibrio... A los jueces cubanos les tienen que interesar las personas detrás del caso juzgado, independientemente de su naturaleza. La justicia tiene que ser clara y tiene que ser justa”, concluyó.
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