Las políticas culturales públicas, una apuesta por la voluntad de resistencia

Por: Daniels Rafuls Pineda

Algunas ideas conceptuales iniciales

Las “políticas públicas” no son un término nuevo que comenzó a promoverse con lo que muchos llaman posmodernidad. Sus primeras aproximaciones datan del pensamiento antiguo, con especial reconocimiento a partir de la obra de Aristóteles, para quien la existencia humana no tenía sentido ético fuera de la polis, es decir, fuera de las relaciones sociales que determinaban el bien común de las ciudades-estados griegas. Entonces, los valores morales ocupaban un lugar importante en el ejercicio de la política.

Por esa época, y con el nacimiento de los estados nacionales, comenzaba a delimitarse el alcance de los poderes constituidos, y aparece lo que en el derecho romano se identificó con res publica, a partir de lo cual se definían las políticas de Estado y de los distintos gobiernos con respecto a sus ciudadanos. La res publica, que aparece en oposición a la res privata, nacía como la expresión latina de lo que, entonces, comenzaba a asumirse como “cosa pública”: lo que era de todos y de lo que nadie podría disfrutar para beneficio exclusivo. Era el nacimiento de la propiedad pública sobre lo que también había que empezar a legislar. Pero, con el paso de los años, y sobre todo desde inicios de la denominada modernidad, se fue asumiendo que la lucha por el poder, su conquista y mantenimiento no podían subordinarse a un ideal ético sin correr el riesgo de devenir utopía irrealizable.

Fue lo que comenzó a ocurrir durante el proceso de cristianización forzosa del mundo grecolatino, que deslindó la ética de la política, y a partir de las revoluciones burguesas, que en aras de los llamados derechos “individuales inalienables” y de elecciones “libres” que garantizaran la coexistencia entre dirigentes y dirigidos, convirtió en moral, y por tanto, en lícito, toda acción para derrocar por la fuerza a un régimen político que no se aviniera a estos principios. Era la confirmación de la propuesta de Maquiavelo con respecto a que “el fin justifica los medios”, y es lo que explica que hoy, al lado de convocatorias a elecciones “libres” y “democráticas”, divulgadas por los autodenominados sistemas democráticos liberales, se articulen golpes de Estado y actos como la llamada judicialización de la política, para impedir que fuerzas de izquierda lleguen y se estabilicen en el gobierno.

Algo diferente a este deslinde radical de la ética con respecto a la política, sin embargo, volvió a gestarse bajo la presidencia del gobierno demócrata norteamericano de Thomas Woodrow Wilson (1913-1921), finalizando la primera guerra mundial. Por esos años, como parte de la organización de la administración pública moderna y ante la necesidad de una creciente especialización de la burocracia estatal, así como por la voluntad de fortalecer el Estado federal de los Estados Unidos, las políticas públicas comenzaron a ser objeto de estudio académico. Trascendían la respuesta oficial a la necesidad de profesionalización de los funcionarios públicos, conforme una lógica de “racionalidad legal instrumental”,[1] y constituían el antecedente inmediato del Nuevo Contrato (New Deal), de Franklin Delano Roosevelt, como “fórmula” encontrada, a principios de los años 30, con amplias políticas de beneficio público, para “escapar” de la crisis del capitalismo que generó la primera contienda bélica mundial.

Años después, culminando la segunda guerra mundial, los Estados Unidos idearon el Plan Marshall[2] y los gobiernos europeos abrieron espacio a lo que ulteriormente fue conocido como Estado de Bienestar Social General,[3] con una tendencia creciente a crear centros de investigación[4] para la conformación de expertos en planificación plurianual como instrumento estratégico de gobierno, que tuvieran como núcleo duro el estudio de las mejores formas de hacer política. Fueron las fórmulas encontradas, respectivamente, por las estructuras hegemónicas de poder de una y otra región geográfica para, mediante políticas concretas de beneficio público, primero levantar las economías destruidas por la guerra, y después, recrear un mercado que diera cobertura, en primera instancia, a los productos de exportación norteamericanos que no encontraban salida después de la contienda.

Sin embargo, las más agudas polémicas sobre qué entender por políticas públicas y cómo implementarlas no tuvieron lugar hasta muchos años después.

Entre las definiciones más generales, asumidas por varios autores hasta hoy, destaca aquella que las considera como todo lo que un gobierno decide hacer o no hacer,[5] de lo que se deduce, además —también de manera limitada—, que las políticas públicas eran acciones exclusivas del Estado.

Otra definición, en este caso menos ambigua, pero asimismo incompleta, era aquella que las reconocía como toda acción llevada a cabo para resolver un problema público, lo que, aun cuando incluye a actores no estatales, al mismo tiempo excluía un sinnúmero de actividades del Estado.[6]

No obstante los anteriores criterios, e independientemente de otras muchas interpretaciones del propio concepto, la acepción más acertada parece ser aquella que considera las políticas públicas como un acervo de decisiones y actividades que resultan de interacciones entre actores públicos y privados, cuyos comportamientos están influenciados por los recursos disponibles y por unas reglas institucionales que atañen tanto al sistema político como al ámbito sectorial de intervención.[7] Es una de las definiciones que da cabida a la reconocida cuádruple dimensión de una política pública: la decisión, las interacciones, los recursos y las reglas.

Todo esto significa que, si bien es cierto que las políticas públicas se generaron dentro de sociedades de clases antagónicas —en particular, del capitalismo— y han dado solución a muchos de los problemas reales que afectan a las poblaciones, tampoco es falso que aquellas (las políticas públicas) han tenido lugar, no como un recurso inherente a la esencia interna de esos sistemas, sino como válvula de escape empleada por los gobiernos de turno para sortear las crisis del capitalismo o evitar acciones de ingobernabilidad. Por eso, un asunto es el diseño y aplicación de las políticas públicas que promueven los gobiernos de las élites burguesas —disfrazados de elecciones libres multipartidistas, pero representando los verdaderos detentadores del poder económico—, y otro, las decisiones de similar envergadura que constituyen principios fundamentales de los gobiernos de trabajadores. Justamente por esta postura apuesta la Revolución Cubana.

Las políticas públicas en Cuba

El término “políticas públicas”, en Cuba, no ha tenido suficiente espacio académico como conceptualización política a lo largo de los últimos 120 años. No apareció, de manera explícita, en ninguna de las dos constituciones que ordenaron la existencia y funcionamiento de la República en su período neocolonial[8] —en la primera mitad del siglo XX—, pero tampoco fue visible, o al menos de manera suficiente, en las dos constituciones aprobadas en la segunda mitad del siglo XX[9] o en las reformas que mediaron entre estas.

En este sentido —más allá de la existencia o del reconocimiento oficial del término—, aunque es cierto que en la Constitución de 1901 no se asumían los compromisos públicos como un deber del Estado, y a tenor de la Carta Magna aprobada en 1940 no se hicieron las leyes complementarias que respaldaran las obligaciones acreditadas al máximo ente público, tampoco es falso que incluso a la altura del momento en que se aprobó la última Constitución de 2019, el concepto, en Cuba, no era suficientemente aceptado. Muchos lo siguen entendiendo hoy, al igual que la categoría de sociedad civil en su momento, como una expresión posmoderna y liberal de lo que en los últimos 60 años hemos defendido como “políticas estatales”.

Pero las políticas públicas, en lo que concierne a la acción de gobiernos nacionales o locales, van más allá de lo simplemente estatal. De esta manera, si bien toda política pública es necesariamente estatal, no toda política estatal es pública, de lo que no escapa nuestra experiencia nacional.

Por ejemplo, los recursos que el Estado cubano dedica específicamente al funcionamiento de las instituciones armadas o las gestiones particulares que realiza el Ministerio de Economía y Planificación para sortear el bloqueo económico de los Estados Unidos, a pesar de formar parte de un presupuesto global general del Estado —aprobado cada año por la Asamblea Nacional del Poder Popular—, por su carácter limitado no es público, aunque sí es estatal. Al mismo tiempo, incluso las buenas políticas decididas por uno o varios funcionarios del gobierno, si no cuentan con el respaldo participativo de los reales o potenciales beneficiarios, pueden ser estatales e incluso provechosas para determinados sectores sociales, pero no públicas. Aun cuando puedan ser del disfrute social, no cuentan con la impronta directa de los ciudadanos.

En este sentido, para que una política de Estado en Cuba sea pública debe elaborarse sobre la acción concertada de los siguientes tres niveles, o sus equivalentes en la estructura nacional, provincial, municipal o local:

• Los aparatos legislativos, encargados de aprobar las políticas globales de los estados o territorios subordinados. Se refiere a los parlamentos, las instituciones representativas electas periódicamente por voto popular que, encargadas de elaborar, promover y aprobar los fundamentos legislativos del Estado, trazan los derroteros y principios globales por donde deben transitar todas las reformas o ajustes que se hagan dentro del sistema político.
• Los órganos e instituciones de gobierno, la llamada administración pública; los ministerios y demás instituciones gubernamentales subordinadas, responsables no solo de diseñar, ejecutar y controlar las políticas económicas, comerciales, financieras y socioculturales concretas que den cumplimiento a los derroteros y principios globales del sistema político trazados por el parlamento, sino de emplear los recursos materiales y profesionales necesarios de que disponen para enfrentar las demandas ciudadanas, investigarlas, y elaborar con racionalidad las políticas públicas que puedan darle solución.
• Las instituciones y espacios no estatales vinculados al accionar de las organizaciones de masas y sociales, las llamadas Organizaciones no Gubernamentales, cooperativas y asociaciones con perfiles profesionales y de acción no estatales, no solo potencialmente beneficiarios de las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos, sino parte activa en todos los procesos de toma de decisiones. Son los que expresan las más variadas demandas de la llamada sociedad civil, asociadas a la necesidad de diseñar, coordinar y ejecutar políticas concretas para enfrentar problemas de pobreza, pandemias, hambre, desempleo, salario, migración, inflación, desastres naturales, criminalidad, narcotráfico, crisis energética, situaciones de vulnerabilidad, de violencia en general o de discriminación por razones de raza, género, sexual o religiosas y, entre otros asuntos de interés, vacíos culturales.

La idea, sin embargo, no es que la integración entre estos componentes de la estructura cubana de poder se logre como un simple acuerdo entre las tres partes —reconociendo un organismo rector que centralice las diversas actividades—, sino que forme parte de un complejo Sistema de Gestión de Gobierno, basado en la informatización, la comunicación social, la ciencia y la innovación, con mayor inserción multisectorial y multidisciplinar.

Se trata de construir espacios de ideas, metodologías, modelos y experiencias en los distintos niveles de poder del Estado, entre directivos, funcionarios y especialistas de las esferas de producción y servicios, administración pública, universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, que permitan la elaboración, implementación, evaluación y mejora de las más diversas políticas públicas.

Dentro de estas mismas concepciones que colocan la ciencia y la innovación como centro de los programas de gobierno, se inserta la Política para impulsar el Desarrollo Territorial, concebida como un proceso esencialmente endógeno, participativo e innovador, que ha estado formando parte de la estrategia económico-social de enfrentamiento a la Covid-19, y que está sustentada, además, en el liderazgo de los gobiernos municipales y provinciales para la elaboración y gestión de sus estrategias de desarrollo, en las cuales deben aprovechar los recursos y potencialidades de que disponen. Ello nos conducirá a la tan necesaria autonomía del municipio, refrendada en la Constitución de la República, aprobada en 2019.[10]

Las políticas públicas en la esfera de la cultura

El punto de inflexión, en el proceso de inserción de la ciencia y la innovación en el campo de la cultura, rebasa, en mucho, lo estrictamente relacionado con la producción artística y literaria. Va a los más trascendentales valores materiales y espirituales creados en nuestro país como consecuencia de toda una historia de lucha anticolonial y de resistencia antimperialista que debe considerar los siguientes derroteros fundamentales.

Primero, los postulados básicos de la política cultural cubana,[11] vinculados a la reafirmación y desarrollo de la identidad nacional, la vocación universal y profundamente latinoamericana y caribeña de la cultura nacional, la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, el reconocimiento a la diversidad cultural, el fomento y estímulo a la creación artística y literaria, el respeto y apoyo al protagonismo y creatividad de las comunidades en la conducción de sus procesos socioculturales, y el reconocimiento al papel de la cultura en el impulso y orientación de los procesos socioeconómicos.

Durante este proceso se pueden mencionar dos acciones que prueban la posibilidad real de enfrentar desafíos culturales, sobre la base de la ciencia y la innovación, con un enfoque multisectorial y multidimensional que trasciende los límites de la institución tradicionalmente vinculada a determinados temas. Entre estas destacan:

• La aprobación, en noviembre de 2019, por parte del Consejo de Ministros, del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. La decisión —inspirada en las discusiones sostenidas en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y en especial, en su Comisión Aponte— es un esfuerzo por perfeccionar nuestro socialismo y hacerlo más participativo; analiza estos temas de manera periódica con la participación de los ministerios y organizaciones de la sociedad civil.
• El Decreto Presidencial no. 198 de 2021, que aprobó el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Este incluye nueve objetivos específicos que van desde el logro de una mayor sistematicidad en el seguimiento gubernamental a las acciones que promueven el adelanto de la mujer, hasta la inclusión de temas de género en los diversos niveles de enseñanza, en la formación de los cuadros, así como en la promoción del debate público acerca del papel de las mujeres en todos los ámbitos de su desarrollo y actuación.[12]

El segundo derrotero importante, también vinculado a la conformación de valores en la esfera espiritual, está en otros programas específicos de desarrollo —como expresión de la política cultural y de los principios enunciados—, en cuya realización, por los vínculos que necesariamente deben establecerse en la esfera social y de la cultura, deben intervenir entidades, organismos y organizaciones de diversos sectores.

Entre estos programas específicos aprobados por el Ministerio de Cultura, por su importancia, destacan:[13] el Programa Nacional de Desarrollo de la Música, el Programa Nacional de Desarrollo de la Enseñanza Artística, el Programa Nacional de la Memoria Histórica, el Programa Nacional de la Lectura, el Programa Nacional de Informatización de los Procesos Culturales, y el Programa Nacional de Desarrollo de Casas de Cultura. Son proyectos cuya materialización —solo mencionados a primera vista— reclaman la participación integrada de los ministerios de Educación, de Comercio Interior, de la Construcción, del Turismo, la Industria Ligera, las Comunicaciones, algunas de sus entidades subordinadas y, por ejemplo, los órganos de prensa y el Instituto Cubano de Radio y Televisión.

En este sentido, aunque existen limitaciones objetivas para la gestión de la política cultural a nivel nacional y en los territorios, tales como insuficiente financiamiento, dificultades con las inversiones, déficits de medios tecnológicos para ejecutar diferentes acciones, y en la comercialización de bienes y servicios culturales, no se puede pensar que las políticas culturales son privativas de las estructuras estatales o de instituciones o grupos civiles por separado. Todas tienen incidencia, en mayor o menos medida, en la conformación o no de valores trascendentes y, por tanto, todas deben actuar de manera articulada.

Algo similar ocurre en relación con lo que puede ser considerado como problemas o debilidades de índole subjetiva en el trabajo cultural. Entre estas, son relevantes la no comprensión de que los procesos artísticos y culturales tienen un profundo carácter ideológico y simbólico, con distintas percepciones y reacciones por parte de los receptores; la limitada preparación y sensibilidad de funcionarios, cuadros y directivos en general para entender las especificidades de los procesos de gestión cultural y la carencia de personal idóneo para llevar a cabo esta tarea; la ausencia de espacios institucionales que promuevan la participación de la población en los debates acerca de las estrategias culturales a aplicar en su localidad o comunidad y, finalmente, la no comprensión, por parte de directivos y trabajadores, de la necesidad de integración multisectorial y multirramal para crear mejores condiciones al desarrollo de las políticas culturales, a nivel nacional y local.

Este llamado a la capacidad de reconocer la importancia de la acción integrada de todas las partes debe tener como punto de partida, en primer lugar, la claridad en el papel fundamental de la gestión estratégica para el desarrollo de la política cultural pública en todas sus fases y procesos —el diagnóstico, la planificación, la organización, el control y la evaluación—, así como de la comunicación cultural y su correspondiente estrategia. Debe considerar el sistema de gestión de los recursos humanos y asumir que ambas condiciones son fundamentales, a lo interno y externo del sistema institucional de la cultura, para compensar las limitaciones que podamos tener en el orden material y organizativo.[14]

Esto significa tener en cuenta el papel de los creadores (profesionales y aficionados) en la difusión de las ideas; la diversidad de públicos —etaria y culturalmente distintos—, con intereses y percepciones estéticas a veces contrapuestos; el tipo de directivos, funcionarios y promotores del arte con que se cuenta para realizar el trabajo sociocultural comunitario, así como los espacios físicos reales y la tecnología de que dispone cada territorio. Se debe asumir la heterogeneidad como un principio fundamental en el trabajo cultural comunitario, basado en la ciencia y la innovación, a lo que nos llamó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la clausura del balance del Ministerio de Cultura correspondiente al año 2021.

Ninguna de estas consideraciones, sin embargo, podrá hacerse efectiva si no se asumen los nuevos contextos, la necesidad de cambiar las formas tradicionales de enfrentar el trabajo cultural en general, así como el sistema empresarial y el trabajo comunitario en particular, convocando a una mayor participación directa y democrática de los reales y potenciales beneficiarios.

De la misma manera en que las estructuras de poder de cada localidad deben concientizar que la gestión cultural tiene sus especificidades y que las direcciones municipales de Cultura tienen que asignarse a personas comprometidas políticamente con el territorio, pero con conocimiento profesional de la esfera que van a encabezar, se deben reactivar los consejos culturales de la comunidad y crear los grupos de asesores (expertos).

Estos tendrán la misión de conjugar no solo la valoración de especialistas —en cuanto a las artes escénicas, las letras y otras formas de expresión artística; el Movimiento de Artistas Aficionados; el trabajo de los instructores de arte y el funcionamiento de las Casas de Cultura y otras instituciones culturales locales, y los recursos humanos y materiales que se necesiten—, sino los criterios de investigadores calificados que, desde la realización de estudios científicos concretos, contribuyan a acciones de innovación para un mejor diseño y ejecución de las políticas públicas en la esfera de la cultura.

En contextos socioeconómicos difíciles como los que estamos viviendo —con derivaciones espirituales que cuestionan nuestros símbolos nacionales y nuestra música, así como la capacidad que tenemos para hacer literatura, cine y teatro cultos—, y ante la brutal guerra económica, propagandística y comunicacional que emerge de los centros de poder del imperio del Norte, y los apátridas que los secundan, no existe otra forma de resistencia que defender el papel de la cultura como estandarte fundamental de los mejores valores humanos, articulando las políticas culturales públicas que se diseñen en las bases comunitarias, con la cultura e identidad de Cuba como nación independiente, solidaria y socialista.

Será la única forma de lograr la preservación y gestión eficiente del patrimonio cultural de la nación, propiciar la participación activa y consciente de los ciudadanos en los procesos culturales para satisfacer necesidades espirituales y expectativas de recreación, mejorar la calidad de vida de los cubanos, y elevar su capacidad para apreciar el arte y desarrollar las industrias culturales con un criterio descolonizador.[15]

* El presente trabajo tiene como antecedente inmediato el artículo “Promover la innovación en la gestión cultural”, de Miguel Limia David (La Jiribilla, 10 de junio de 2022), que aborda la producción cultural como “proceso vivo de permanente creación, producción, distribución, comercialización y consumo de bienes culturales”, mucho más allá de su simple entendimiento como expresión del arte y la literatura. La propuesta analiza el perfeccionamiento de la gestión público-administrativa, empresarial y comunitaria de los procesos culturales en contextos simbólicos y factuales adversos, y fundamenta la idea de poner en la práctica, de manera orgánica y sistemática la gestión de la innovación en los procesos culturales, sobre la base de un enfoque multidisciplinario y la participación activa de la población como principal sujeto y objeto de la cultura.

Notas:

[1] Max Weber: Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2002.

[2] El referido Plan (1948-1952), promovido por el entonces secretario de Estado, el general George Marshall, que contemplaba ayudas económicas a Europa y Japón por un valor de 12 000 millones de dólares, tuvo el objetivo explícito de modernizar la industria europea e, indirectamente, evitar la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un papel preponderante en la victoria contra el fascismo, con presencia física, sobre todo en algunos países de Europa central y oriental.

[3] Sus postulados principales descansan en una amplia cobertura a los parámetros de seguridad social, lo que incluye, entre otras bondades, enseñanza y salud gratuitas, así como amplios beneficios a favor de los jubilados y demás sectores sociales de bajos recursos. La gratuidad de estos programas se financia con presupuestos estatales procedentes de los fondos del erario público, que a su vez fueron creados a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos.

[4] Se alcanzó un mayor grado de especialización y de profesionalización con la creación de escuelas de administración y carreras afines (especializadas en gobierno, políticas públicas, asuntos públicos y administración pública) según el país; algunas destinadas a ocupar un lugar privilegiado a nivel mundial, como la Kennedy School of Government,de la Universidad de Harvard. Simultáneamente, se multiplicaron los programas de investigación sobre las políticas sectoriales, en particular las políticas sociales (educación, salud, familiar, etc.) e industriales, entre otras cosas para dar mayor legitimidad al gobierno. Desde luego, el análisis de las políticas públicas se volvió un ejercicio imprescindible para apoyar la toma de decisión y el conjunto de procesos relacionados con la acción del Estado.

[5] Thomas R. Dye (2008): Understanding Public Policies, 12th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. Una definición parecida ya la brindaban Oszlak y O´Donnell, desde 1981, que asumían las políticas públicas como “un conjunto de accio­nes u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de interven­ción del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil” (O. Oszlak y G. O´Donell: Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación, en Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 1981).

[6] Dunn William (1981): Public Policy Analysis: an Introduction. Prentice Hall, Harlow.

[7] Yves Surel (1998): L’analyse des politiques publiques. Montchrestien, París.

[8] Mientras en la Constitución de 1901, más allá de los enunciados derechos civiles y políticos, solo se reconocían derechos individuales y al sufragio, reunidos dentro del título IV, sin definir los compromisos del Estado con la emisión de políticas sociales concretas que beneficiaran al pueblo, por otro lado en la Constitución de 1940, al menos en la letra, se hicieron planteamientos realmente revolucionarios. Aquí, entre los títulos IV y VI, no solo se preceptuaron derechos individuales generales, así como lo concerniente a prerrogativas de la familia y el acceso de los cubanos a la educación, la cultura y el trabajo, sino que se enunciaron, al menos formalmente, deberes específicos del Estado para alcanzar esos propósitos.

[9] Aun cuando en la Constitución aprobada en 2019, a diferencia de la que quedó vigente en 1976, se emplea el término políticas públicas, su comprensión va más dirigida al ámbito social: los derechos a la igualdad e inclusión social (artículo 44), los derivados de la creación intelectual (artículo 62), una vivienda adecuada, un hábitat seguro y saludable (artículo 71). El documento, además, emplea el término “política del Estado” (artículo. 113) y también refiere, entre otras, políticas específicas como “política educativa” (artículo 32), “política cultural” (artículo 79), “política exterior e interior” (artículo 108, inciso n), y “política de Defensa y Seguridad Nacional” (artículo 217).

[10] Artículos 168 y 169 fundamentan el alcance y autonomía de los municipios.

[11] Extraído de: “Política cultural cubana” (Sitio web Políticas Públicas. Ministerio de Cultura de Cuba).

[12] A tenor de esta decisión, en enero de 2022 se aprobó la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar (publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en la edición extraordinaria del 9 de diciembre de 2021), que, aun cuando no constituye una ley, al menos sí tiene carácter vinculante. Persigue el objetivo de evaluar, en dos fases, hasta 2030, cómo evoluciona el desmontaje de los prejuicios y estereotipos, superar la subordinación económica de la mujer y otras formas discriminatorias dentro de la familia, así como continuar preservando, en un marco legislativo, todos sus derechos.

[13] Extraído de: “Programas” (Sitio web del Ministerio de Cultura de Cuba).

[14] Ver: Landaburo Castrillón, María Isabel: Política cultural pública en Cuba ¿qué dinámicas relacionales necesitamos?, en Perfiles de la Cultura Cubana. No. 28 Enero-junio 2021 p. 145.

[15] Son las prioridades fundamentales y líneas de trabajo del Ministerio de Cultura de Cuba para 2022. Extraído de: “Prioridades del Ministerio de Cultura” (Sitio web del Ministerio de Cultura de Cuba).