Y el derecho de autor ¿qué?

La piratería musical o reproducción ilegal de canciones con ánimo de lucro se ha transformado en uno de los más rentables negocios. Hoy día manipula recursos económicos superiores a los mil millones de dólares, según International Data, compañía especializada en análisis de tecnología de información y estudio de consumidores.

Cuba no escapa a este creciente fenómeno. Al caminar por ciudades, pueblos y hasta por el más intrincado asentamiento se ve a expendedores de discos compactos con música grabada. La venta de CD y DVD constituye hoy una de las actividades más solicitadas entre todas las que el Ministerio de Trabajo autoriza a ejercer por cuenta propia. 

Ante eso, ¿cómo se asegura el respeto a los derechos de autor o copyright?

PIRATERÍA VS DERECHO DE AUTOR

En Cuba los derechos de autor están reconocidos en la legislación vigente, principalmente en la Ley 14,  del 28 de diciembre de 1977. El derecho de autor regulado en esta Ley se refiere “a las obras científicas, artísticas, literarias y educacionales de carácter original, que se hayan hecho o puedan hacerse de conocimiento público por cualquier medio lícito, cualesquiera que sean sus formas de expresión, su contenido, valor o destino”. El objetivo principal es “brindar la debida protección al derecho de autor en la República de Cuba”.

Cuba es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y firmante de convenios internacionales como la Convención Universal de Derecho de Autor (surgida por iniciativa de la UNESCO en 1952) y de los convenios de Washington (establecido en 1946, en la Convención Panamericana de Derecho de Autor), de Berna (Organización Mundial del Comercio) y de París (adoptado en 1883 para la protección de la propiedad industrial).

Pero, al legalizarse la compra venta de discos con la ampliación del trabajo por cuenta propia queda en entredicho la protección que ofrecen dicha Ley y convenios como los antes mencionados, a los derechos de autores cuya obra es incluida, sin su consentimiento, en discos que se expenden en cualquier portal.

La Resolución 32/2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que establece el Reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia y las actividades autorizadas dentro de este, incluyendo la de “comprador vendedor de discos”, no ofrece hasta el momento ninguna especificación, dando margen a la piratería dentro de una figura legal. 

Igual sucede, para el mismo caso, con las normas relativas al pago de impuestos, aprobadas por el Ministerio de Finanzas y Precios.

Sobre el tema, el viceministro de Cultura Abel Acosta expone sus apreciaciones a Cubahora.

¿Cuál es el pronunciamiento del Ministerio de Cultura respecto a este dilema?

La piratería es un fenómeno complejo que nos afecta seriamente. Un disco, hecho con mucho esfuerzo, todavía no está en el mercado y ya anda vendiéndose en la calle. La mayoría de las disqueras en el mundo han quebrado por causa de la piratería.

En este sentido, la norma jurídica del Ministerio de Trabajo es incompleta. En la premura para poner en vigencia la Resolución, quedaron inconvenientes de este tipo. Todos los problemas no se pueden resolver a la vez y en ocasiones una solución engendra otras complicaciones.

En cuanto a la calidad de lo que ofrecen estos puntos de venta de discos, ¿qué opina?

Se comercializa lo peor en el sentido estético, tanto de la música como del audiovisual. Al respecto, el Ministerio de Cultura enfatiza que hay un ejercicio de política cultural que nos corresponde preservar.  

Algunos señalan el elevado precio de los discos en Artex y otras entidades como causa de la proliferación de la piratería. ¿Se regularán esos precios?

La solución no está en los precios, aunque se estudian fórmulas para abaratarlos, como la de fabricar los discos en Cuba. Ya han salido más de cien producidos en el país para la venta en moneda nacional. Esa producción no ha continuado por problemas de la fábrica que tratamos de solucionar.

Hay muchas ideas, pero unas veces hay limitaciones financieras y otras, aunque tengamos el dinero, no aparece algún recurso específico, necesario para fabricar los discos.

Hemos establecido estrategias de promoción como la comercialización en Arte en la Rampa con presentaciones en vivo de artistas y ventas de discos en sus conciertos, en moneda nacional. Nos interesa más que el producto llegue a las personas, que el beneficio económico. 

Hoy se cuestiona el futuro de las disqueras ante el auge tecnológico que permite producir y adquirir fonogramas con relativa facilidad. ¿Cuál es la posición de Cuba?

El disco en el mundo entero está en liquidación. En Cuba, no obstante, lo preservamos como producto cultural, para que las personas sigan teniendo la música de esta manera y se mantenga esa especie de confabulación, el disfrute insustituible que se logra al oír un disco original, semejante al de la lectura de un buen libro. Uno se lleva el disco a su casa, quizá autografiado, con información valiosa, notas discográficas, fotos, todo un valor agregado.

¿Cuáles serían, entonces, los pasos para dar respuesta a la “piratería legalizada”?

Laboramos de conjunto con el Ministerio de Trabajo en algunas regulaciones con ese fin, no solo porque Cuba es firmante del Convenio de Berna y de otros tratados internacionales que protegen el derecho de autor, sino por razón elemental de preservación de la cultura. 

Las regulaciones en preparación no limitarán al trabajo por cuenta propia, pero sí condicionarán determinadas zonas de la creación y de la identidad nacional, que son responsabilidad del Ministerio de Cultura y de la política cultural que propugna el país

¿Se ha pensado cobrarles un impuesto por derecho de autor a los vendedores de discos? 

El asunto, más que de dinero, es de política de difusión, no solo en relación con los vendedores de discos, sino también con los establecimientos estatales o particulares, ya sean cafeterías, restaurantes o centros nocturnos, que ponen cualquier cosa como música. 

Se trabaja en un decreto ley para regular la divulgación musical y audiovisual, incluyendo a la radio y la televisión como principales medios de difusión, así como los tipos de establecimientos mencionados. Asimismo, se compila música cubana para ponerla al alcance de todos esos difusores. 

Otros artículos de la legislación incluirán a vendedores, promotores, operadores de audio. El problema más importante no es económico, reitero, porque con el cobro de impuestos no se aseguran todos los recursos que demandan las instituciones culturales en Cuba. Aunque este es un ingreso necesario, lo esencial es la difusión, la política cultural.