El presidente Juan Manuel Santos, quien hace pocos días afirmó que no existía un paro agrario nacional, se enfrenta hoy no solo a la continuidad de ese movimiento sino a la a su extensión a varios sectores productivos y sociales del país, que determinó la militarización de Bogotá, la capital, y el recrudecimiento de la represión en el resto del país.
Con saldo hasta hoy de seis muertos, centenares de heridos y detenidos, en 22 departamentos colombianos existe una movilización permanente de millares de personas, en tanto las mesas de negociaciones con los líderes del campesinado han fracasado, pues no logran acuerdos con el ejecutivo que satisfagan sus principales demandas.
El paro continuará hasta que no se convoque una Mesa de Concertación Nacional para discutir no solo sobre la situación del campesinado, sino de la sociedad en su conjunto, según expresaron hoy a los medios varios dirigentes agrarios.
Entre las medidas más recientes adoptadas por el gobierno se encuentra la suspensión de los espacios de diálogo con los campesinos de Boyacá —uno de los grupos más importantes—, insinuando que detrás de la falta de entendimiento se encuentran otras fuerzas, en alusión a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con las que sostiene una Mesa de Diálogo en La Habana, que quizás se empañe con tales declaraciones.
En el intento por contener la crisis social —primera que enfrenta en tres años de gobierno—l Santos tomó la decisión de militarizar Bogotá, que muchos analistas consideran poco acertada por lo que supone para la seguridad de las personas y la vida capitalina, reforzando la ciudad con más de 50 mil soldados.
En una nueva alocución, el jefe de gobierno confirmó que la militarización rige desde este jueves. “Y así lo haré en cualquier sitio y zona donde sea necesario”, precisó, lo que puede incluir a los municipios donde hay similares focos de tensión.
Dijo también que “la paciencia se agota, y los campesinos o no quieren acordar o no los dejan”, afirmación que a juicio de observadores raya en la provocación, ya que, si la organización guerrillera se empeña en la búsqueda de la paz, cómo puede dirigir un levantamiento popular que fomente la represión del ejército contra manifestantes desarmados.
El mandatario ordenó, asimismo, el retorno de sus negociadores a la capital, cerrando con ello las puertas a un posible entendimiento.
Hace apenas una semana, Santos se dirigió a la población tratando de minimizar el movimiento de campesinos que reclaman la reducción de precios de fertilizantes y otros insumos; la entrega de tierras, que están pasando a manos de trasnacionales, y una mejor calidad de vida en las zonas agrarias, entre otras cuestiones, a la par que rechaza los tratados de libre comercio con varias naciones, que los han llevado a la ruina.
Pero con el paso de los días, se vio obligado a admitir su fuerza, al unirse a los campesinos otros sectores económicos y sociales, los cuales mantienen bloqueadas carreteras que desembocan en departamentos importantes, incluyendo la capital nacional.
Luego de la protesta de este jueves en Bogotá, que dejó dos jóvenes —de 16 y 29 años—muertos, 89 heridos y unos 80 locales destrozados, el Consejo de Ministros se reunió hasta casi el amanecer, para decidir las fuertes medidas contra los manifestantes anunciadas por Santos.
Caracol Televisión reportó que hubo fuerte represión policial la víspera en la capital, a la que llegaron más de 20 mil personas de manera pacífica para apoyar el paro agrario y en rechazo a las medidas neoliberales. Sin embargo —según la televisora—, ante la represión de los uniformados la situación comenzó a caldearse y los manifestantes se les enfrentaron apenas con objetos encontrados en las calles.
La policía desalojó los lugares públicos a base de golpes, gases lacrimógenos y chorros de agua, mientras controlaba las vías que llevan a Bogotá para evitar el flujo de más manifestaciones desde lugares cercanos.
Lo que no parece entender Santos es que la movilización social y política en Colombia se mantendrá a pesar de la fuerte represión, pues cada día son más las fuerzas —en especial las estudiantiles y juveniles— que se unen a uno de los grupos más vulnerables de la nación, en una batalla que comenzó y continúa en Catatumbo, norte del país.
Estas protestas no solo ocurren en Colombia. También otras naciones latinoamericanas en las que gobiernan políticos neoliberales son escenario de protestas populares, como Chile, Paraguay y México.
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