Muchas piedras en un zapato

El verano del 2013 en el hemisferio norte registra una alta concentración de problemas serios y con escasa posibilidad de ser despejados civilizadamente. Egipto encabeza la lista, pero muy cerca está la guerra contra Siria y el menoscabado e interminable dilema palestino-israelí, cuando referirse al caos en Libia resulta redundante y de siniestro pronóstico.

Y por si no fueran suficientes esos avatares y los provocados por la crisis económico-financiera, más aquellos que harían cansón el inventario, resurgen las diferencias hispano-británicas por Gibraltar. Una disputa que comenzó tres siglos atrás para decidir quién asumiría la corona española, si la casa de los Habsburgo o la de los Borbones.

Fue una querella de índole dinástica, pero también la búsqueda del predominio sobre diversos espacios y, en este caso, el que entonces era una posición geoestratégica formidable. Ese valor, de zona esencial, no se ha perdido. Fue evidente durante la II Guerra Mundial, etapa que permitió a Londres tener el control de casi toda la circulación naval de entrada y salida al mar Mediterráneo. Nada desdeñable resulta hoy como importante arteria para la navegación comercial y el transporte militar.

En términos legales, el Peñón es una propiedad británica. Ocupado en 1704 mediante el “derecho de conquista” por las fuerzas anglo-holandesas con el trasfondo de la citada Guerra por la Sucesión Española, adquiere “soberanía” en 1713, a través del Tratado de Utrecht, mediante el cual, esos cinco kilómetros cuadrados en una estrecha y abrupta lengua de tierra fueron “cedidos” por Madrid a los ingleses. Pese a ello, en 1946 la ONU la catalogó como colonia del Reino Unido y, por ende, con derecho a ser recuperada.

Y AHORA ¿QUÉ?

Este es un tema recurrente. La verja que separa la parte continental de España de esa pequeña península fue cerrada durante distintos momentos. Ídem con el espacio aéreo. Algunos toman muy en serio la circunstancia, en tanto otros lo emplean de comodín para ocultar engorrosos asuntos, buscando darle pie a renovar el confuso sentido nacionalista de los españoles.

Que se destapen las diferencias (a fines de julio) cuando el gobierno de Mariano Rajoy atraviesa por un comprometido momento —a partir del escándalo de corrupción, iniciado como caso Gurtel hace cuatro años y vigente hoy en los papeles de Bárcenas (pruebas documentales presentadas por el extesorero del Partido Popular)—, levanta sospechas sobre la limpieza del reclamo.

Unos bloques de hormigón lanzados al mar por las autoridades gibraltareñas, para incrementar una barrera coralina artificial que regenere el fondo marino, perjudicado por la pesca de arrastre, gatilló el caso. Los marinos que suelen faenar en esos caladeros se sintieron afectados. Si a Rajoy no le interesa rebajar el salario a sus ciudadanos, o expulsarles de sus casas y despojarlos de las prestaciones sanitarias o educativas, y que la pobreza se extienda, como está sucediendo, es de imaginar que tampoco el tema le hubiera tocado.

Pero desaprovechar la oportunidad de envainarse como defensor de un pedazo de suelo y un sector que —lo veremos— no está entre sus favoritos, era un desperdicio imperdonable. Levantando la alharaca opacó la miríada de titulares sobre una trama que le costó al juez Baltazar Garzón su derecho al ejercicio de la profesión (por atreverse a juzgar a los deshonestos del PP y, encima, pretender investigar los asesinatos del franquismo).

Si los socialdemócratas (PSOE) españoles y otras fuerzas se unieran en este propósito, podrían sacar del cargo al presidente del gobierno, probadamente culpable de recibir dinero mal habido. Si eso sucediera, tendría que dejarle su asiento a otro cófrade para que su formación política no pierda el poder. Pero con seguridad hará lo imposible por evitar semejante lance.

“Nuestras diferencias con España sobre Gibraltar se resolverán por medios políticos a través de nuestra relación con España como socios en la UE (también en la OTAN), no a través de medidas desproporcionadas como los retrasos en la frontera que hemos visto durante la semana pasada”, expuso la Cancillería británica por el atasco gigantesco de los vehículos que circulan en ambos sentidos, debido a inusuales controles por la parte española y tras las amenazas del gabinete Rajoy sobre el cobro de altas tasas de entrada y salida que afectarían a los miles de trabajadores españoles que allí se desempeñan.

España tiene derecho a reclamar ese pedazo de su espacio físico, si lo hace a través de los recursos legales existentes y, sobre todo, si no se trata de una excusa para cuestionables maquinaciones.