Otro hueso duro para Michelle Bachelet

Estudiantes y docentes chilenos continuaron esta semana en las calles su protesta contra el Proyecto Carrera Docente, enviado al Congreso Nacional por la presidenta Michelle Bachelet, en tanto mantienen un paro nacional por tiempo indefinido hasta que logren sentarse en una mesa de diálogo para tratar de revertir el articulado que les desfavorece.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dijo que las movilizaciones seguirán hasta que el Gobierno no llegue a un acuerdo con el gremio, bajo sus condiciones. La nueva legislación, que Gajardo calificó de “meramente mercantil”, entrará en vigor el 1ro de enero de 2016, como parte de la reforma educativa.

La huelga comenzó el pasado lunes, con el apoyo de sindicatos —como la poderosa Central Unitaria de Trabajadores— y fuerzas juveniles, entre otros grupos políticos y sociales.

Aunque es difícil que el proyecto se retire del Parlamento, lo que exige el sector educativo es que se corrija durante los debates de los legisladores y se adopten las medidas que respondan a las exigencias de los claustros.

Gajardo precisó a la prensa que piden a Bachelet una mesa de diálogo para analizar las diferencias entre las partes, pero hasta ahora solo recibieron silencio como respuesta.“El proyecto —afirmó— no está en sintonía con los requerimientos del magisterio. Al momento en que se envía el proyecto de ley al Parlamento, el articulado no guarda relación con el mensaje”.

En un comunicado, el Colegio de Profesores expresó que “el proyecto del Gobierno no representa un cambio estructural del ejercicio docente y consolida la política neoliberal imperante”.

Al reclamo de los docentes se ha unido la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech),  que agrupa a las federaciones de las casas de altos estudios. Son tres las grandes protestas organizadas por el gremio de profesores, en las que participan también miles de jóvenes y adolescentes.

Uno de los puntos rechazados es el que plantea un sistema de escalas salariales para el profesorado mediante exámenes periódicos y la adopción de una causal de despido para quienes no cumplan con las exigencias académicas, sin explicar cómo se llevarán a la práctica esos dos acápites que hacen altamente vulnerable al profesorado, al quedar su aplicación en manos de las autoridades del magisterio.

EDUCACIÓN, PIEDRA EN EL ZAPATO

En las últimas semanas —en hechos que recuerdan la dictadura de Augusto Pinochet— tres estudiantes murieron y otros resultaron heridos por los Carabineros al mando del General Gustavo González, cuando salieron de nuevo a las calles a reclamar sus derechos ciudadanos sobre la apertura gratuita de las aulas para todos los jóvenes y a protestar contra la corrupción.

Los estudiantes están inconformes con el anuncio de Bachelet sobre la reforma que permitirá a un 60 por ciento de los jóvenes más pobres acceder de manera gratuita a las aulas, ya que ello implica —dicen— una absoluta discriminación. En las pancartas que enarbolan, los manifestantes piden al gobierno que la gratuidad sea para todos y no para una parte de la juventud más vulnerable.

La presidenta anunció el pasado mes que cuando concluya su segundo mandato, en 2018, el 70 por ciento del estudiantado lo hará de manera gratuita, hasta completar el ciento por ciento de la matrícula en 2020.

Esta medida, dijo, se convertirá en una ley de “gratuidad y financiamiento de la educación superior”, que espera enviar en el segundo semestre al Congreso.

Sin embargo, para los miles de jóvenes que durante tres años lucharon contra el gobierno del derechista Sebastián Piñera y luego le dieron su apoyo en las urnas a la socialista Bachelet, para que cumpliera su promesa de campaña de gratuidad total en la educación, la decisión sigue protegiendo a las grandes empresas privadas de ese sector.

La situación del gobierno es delicada y los índices de aprobación de la mandataria son de un 23 por ciento. A las actuales protestas de profesores y estudiantes se unen los recientes escándalos de corrupción de figuras políticas de su gobierno, que obligaron al cambio de nueve ministros en el gabinete hace dos semanas.

La reforma en la educación, para cambiar las normativas dictadas por el régimen del general Pinochet, constituye uno de los planes más ambiciosos de la mandataria, cuya promesa de implementación le valió un segundo turno al frente del país desde marzo de 2014.

Los recursos para realizar la mediatizada reforma saldrán, según se espera, de una anunciada reforma tributaria que recaudará ocho mil 300 millones de dólares anuales para el financiamiento de la educación y otros planes sociales que Michelle Bachelet pretende implementar.