En enero de 2017, Donald Trump se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos, tras un largo camino electoral que iba dando algunas pistas de lo que sería el gobierno estadounidense en los siguientes años: cambios drásticos en la política migratoria del país, debilitación del sistema de salud creado por el anterior presidente Barack Obama, una posición antiambientalista, decisiones unilaterales y actualmente se suma un radical deterioro de la economía a raíz de la pandemia.
Respecto a Cuba, desde los inicios del gobierno de Trump, las relaciones entre Washington y La Habana han sufrido un retroceso como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, las medidas coercitivas, así como las sanciones, persecuciones y prohibiciones. Una política hostil que, por cierto, ha quedado en evidencia más de una vez, demostrando importantes contradicciones entre la política federal de la administración Trump y la voluntad de senados y cámaras estaduales.
Una muestra de tal incongruencia son las 23 resoluciones aprobadas por entidades estaduales en Estados Unidos, que involucran a diez estados y dejan claro la necesidad de poner fin al bloqueo y eliminar las diversas barreras que impone la aplicación de esta política a Cuba, con consecuencias directas para ambos países.
En el último año, precisamente el mismo en el que el bloqueo provocó afectaciones económicas de 5 mil 570 millones de dólares, se aprobaron siete resoluciones que no solo abordan los beneficios en el ámbito de la colaboración médica y científica, sino que denuncian los efectos del bloqueo en un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19.
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