El mensaje de odio y la impunidad ante los crímenes terroristas contra Cuba han caracterizado el modus operandi de los sucesivos gobiernos de turno de la Casa Blanca. En medio de la lucha por la hegemonía mundial, para Estados Unidos no hay límites a la hora de definir los mecanismos de sometimiento de los pueblos, y una de las herramientas más eficaces para alcanzar tal objetivo ha sido el terrorismo. Grupos paramilitares y terroristas confesos se han gestado con el apoyo del gobierno norteamericano y con el eslogan de “ayuda humanitaria” han apoyado golpes de Estado, sobre todo para posicionar a la derecha en el continente americano.
Con el triunfo de la Revolución Cubana, el 1.o de enero de 1959, la “asegurada victoria en patrio trasero” se vio frustrada. La CIA, desde entonces, ha estado muy activa. El inspector general de la Agencia Central de Inteligencia reconoció en documentos desclasificados que "de enero de 1960, cuando contaba con 40 personas, el Buró se expandió a 588 para el 16 de abril de 1961, convirtiéndose en uno de los más grandes en los servicios clandestinos". El programa de acciones terroristas que ha llevado a cabo en la nación antillana ha cobrado 2354 vidas humanas y ha incapacitado a 1833 personas, además ha patrocinado a mercenarios de la talla de Orlando Bosch y Posada Carriles.
Y no ha sido solamente la tolerancia de EE. UU., sino la incitación y el patrocinio los que han provocado estos actos de coacción y de presión contra el Gobierno cubano y la sociedad en general para imponer su sistema político como única alternativa. El país mayor incitador a la violencia a nivel global ha puesto a Cuba en la lista de los países que no cooperan en la lucha contra en el terrorismo. Nada que ver con la postura que ha mantenido la Mayor de las Antillas como defensora de la paz regional y mundial. El silencio cómplice de la administración Trump hace que terroristas como Alazo Baró disparen contra la Embajada cubana en Washington.
POLÍTICA DE ESTADO DE EE. UU.
No es cuestión secreta: la guerra desatada contra Cuba está definida en la política de Estado norteamericana. Se han realizado declaraciones públicas de autoridades de su Gobierno que así lo demuestran y, además, ha sido corroborado en las incontables e irrebatibles pruebas acumuladas por las autoridades cubanas y, de modo particularmente elocuente, por los numerosos documentos secretos desclasificados. Ejemplo de ello es el "Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro", ya desclasificado, que fue aprobado el 17 de marzo de 1960 por el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower.
El general de brigada Edward Lansdale, el 18 de enero de 1962, presentó a las más altas autoridades del Gobierno de Estados Unidos y al Grupo Especial Ampliado del Consejo de Seguridad Nacional, el "Proyecto Cuba". Este documento contiene la relación de 32 tareas de guerra encubierta que debían ser ejecutadas por los departamentos y agencias participantes en la llamada Operación Mangosta.
Por su parte, el informe del Inspector General de CIA, Lyman Kirkpatrick, elaborado en octubre de 1961, revela operaciones encubiertas algunas semanas después de la firma de la Ley de Reforma Agraria, que se comenzó el 17 de mayo de ese año. En ese documento se realiza una evaluación del fracaso de Playa Girón.
La base naval en Guantánamo es una más de las consecuencias de la política agresiva contra Cuba. Fue establecida mediante un convenio confuso y pérfidamente redactado "por el tiempo que la necesitaren", sin una cláusula que garantizara la soberanía sobre dicho territorio. El gobierno de EE. UU. ha refugiado en esta zona a numerosos mercenarios y prófugos de la justicia cubana, así como a delincuentes que condujeron allí aeronaves y embarcaciones secuestradas.
EXTRATERRITORIALIDAD E INJERENCISMO
Ante esta situación, Cuba ha sido obligada a un especial sobredimensionamiento en cuanto a la cantidad de personal vinculado a la defensa. Un país de escasos recursos económicos, pequeña dimensión y bajo índice demográfico enfrenta la amenaza permanente de la potencia militar más poderosa del mundo. El "problema Cuba" se ha convertido para el Gobierno de EE.UU. en una cuestión de política interna, objeto de todo tipo de manipulaciones, intrigas, posturas demagógicas y ambiciones partidistas y personales.
Para satisfacer las pretensiones de dominación, Estados Unidos pretende que nuestro país cumpla leyes, con marcado carácter extraterritorial e injerencista, que son dictadas por el Congreso de esa nación, haciendo caso omiso al derecho que tenemos los cubanos por mantener nuestra soberanía. En la actualidad, uno de los actos más crueles de terrorismo contra Cuba es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Este persiste y se endurece hasta en medio de la pandemia de la COVID-19, aun cuando se trate de equipos médicos o medicinas que permitirían salvar la vida de seres humanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 72/165, decidió en el año 2018 proclamar el 21 de agosto como Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Cuba en este día no solo honra a sus víctimas, sino que demanda una vez más al gobierno norteamericano por los actos terroristas perpetrados contra la isla en las últimas décadas.
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en el Mensaje para esta Jornada 2019 escribió: “El terrorismo en todas sus formas y manifestaciones sigue siendo un desafío mundial que causa daños permanentes a las personas, las familias y las comunidades (…). Este Día Internacional nos recuerda que, durante mucho tiempo después de un atentado, las víctimas siguen luchando contra sus consecuencias”.
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