Tejida con paciente alevosía y sobre la base de la Ley del más fuerte, una tupida red de legislaciones norteamericanas conforman el cerco contra Cuba decretado hace más de medio siglo y que este 13 de noviembre volverá a ser condenado en Naciones Unidas, como ocurre desde hace 20 años.
Porque aunque muchos crean que el bloqueo es una decisión única del gobierno de Estados Unidos, en realidad es un entramado de leyes que conforman un sólido cuerpo legal que busca, en última instancia, subvertir el orden en Cuba.
A pesar de que la administración de Barack Obama había prometido cierto liberalismo en las relaciones exteriores, la realidad es que el cerrado cerco a Cuba sigue intacto y tan apretado como el primer día.
Las primeras regulaciones, dictadas por la administración de John F. Kennedy, tuvieron como base la Ley de comercio con el enemigo, también conocida como TWEA por sus siglas en inglés.
Esa ley fue promulgada como medida de guerra en 1917 para restringir el comercio con naciones hostiles, aunque se aplicación se expandió después para regular las transacciones “durante cualquier período de emergencia nacional declarado por el presidente” de Estados Unidos.
No obstante, fue la Ley de Asistencia exterior, promulgada por el Congreso en septiembre de 1961, la que autorizó al presidente Kennedy a establecer y mantener “un embargo total sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba”, pero también prohibió el otorgamiento de cualquier ayuda al gobierno de la Isla.
El muro levantado alrededor de Cuba se reformó en 1979 con la adopción de la Ley de Administración de las Exportaciones (EAA por sus siglas en inglés) como resultado de una revisión de los controles sobre las ventas al extranjero.
Esa legislación otorgó a la Casa Blanca autoridad para controlar las exportaciones y restringir aquellas que “contribuyeran al potencial militar de cualquier país, en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Los años pasaron y, a pesar de los problemas, Cuba siguió resistiendo la persecución yanqui, por lo que en 1992, cuando comenzaba el Período Especial, el presidente George Bush quiso aprovechar lo que pensaba era la oportunidad de oro para acabar con la Revolución Cubana.
Así, en octubre de 1992, casi exactamente 30 años después de iniciado el bloqueo, Bush padre firmó la Ley para la Democracia cubana, conocida como Ley Torricelli.
Con ella, el gobierno de Estados Unidos reforzó las medidas económicas contra la isla y oficializó la extraterritorialidad del cerco al prohibir a las compañías subsidiarias norteamericanas en terceros países realizar transacciones con Cuba o nacionales cubanos.
También prohibió, y aún prohíbe porque sigue vigente, la entrada a territorio norteamericano, durante un plazo de 180 días, de los barcos de terceros países que hubieran tocado puertos cubanos, entre otras restricciones.
Pero la última vuelta de tuerca la dio la administración de William Clinton, ese rubicundo demócrata que, en el afán por acabar con el orden establecido en la isla, llegó a entregar al Congreso sus facultades presidenciales en lo referido a Cuba.
En marzo de 1996, Clinton firmó la Ley para la solidaridad democrática y la libertad cubana, la nefasta Helms-Burton que busca desestimular la inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo a Cuba.
Esa legislación, que más que ley es una aberración jurídica, codificó las disposiciones del bloqueo y amplió su alcance extraterritorial al denegar la entrada a Estados Unidos a los directivos de empresas extranjeras, y a sus familiares, que invirtieran en propiedades “confiscadas” en Cuba y estableció la posibilidad de presentar demandas en su contra en los tribunales norteamericanos.
La Helms-Burton, que ha sido la más dura de las leyes aplicadas contra nuestro país, limitó además las prerrogativas del presidente para suspender esta política, algo que ahora está en manos del Congreso.
Toda esa tenebrosa red legal demuestra que ningún bloqueo ha sido tan abarcador y brutal como el que aplica Estados Unidos y que hasta diciembre pasado nos ha costado, a precios corrientes, más de 108.000 millones de dólares en un cálculo sumamente conservador.
Por encima de todo tipo de consideraciones morales, a la fuerza y sin escrúpulos, Estados Unidos ha urdido esa apretada telaraña, que sus funcionarios se vanaglorian de mantener como una obsoleta herramienta de presión contra Cuba.
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