Un ejercicio de responsabilidad con Cuba

En la jornada de este viernes, los ­diputados de las diez comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular se reunieron en tres grupos para continuar el estudio del Proyecto de Reforma Constitucional  y aclarar dudas, con la asesoría de especialistas y de los miembros de la comisión temporal encargada de la Reforma Constitucional.

Dariana Poyedo, diputada por Matanzas, expresó que en el preámbulo del Proyecto debería estar plasmada la contribución que hicieron a nuestra historia y a la obra de la Revolución aquellos que no nacieron en nuestra tierra.

Pedro Esquivel, diputado por el municipio capitalino del Cotorro, planteó que en los nuevos  fundamentos de la Constitución no se explica de manera clara el papel del Partido Comunista de Cuba en el país a partir de ahora; sí se expresa el propósito del Presidente, pero no el del Primer Secretario del Partido.

«Todos estos años el Partido ha tenido en sus manos muy acertadamente la defensa del país, pero no se dice si va a seguir rectorando esta actividad», dijo.

En respuesta a esta inquietud, Gladys Bejerano, vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general de Cuba,  agregó que es bueno que surjan inquietudes como estas, porque denotan cómo valoramos el papel de nuestro país y cómo la defensa es un tema que a todos compete. Estamos declarando que en la historia, hoy y siempre, la defensa será la guerra de todo el pueblo».

Los miembros de la comisión que ha estado trabajando en el Anteproyecto de la Constitución aclararon la duda del diputado. Al respecto, refirieron que la Constitución es una norma de mínimos, en la cual solo se recogen algunos aspectos que luego se desarrollan en las leyes y decretos. En el proyecto que se propone, queda claro el papel del Partido como fuerza superior de la sociedad, cuya principal misión es orientar los esfuerzos hacia la construcción del socialismo.

José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, explicó que como bien dice el proyecto de Constitución, el Partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad.  Esta Constitución va a organizar el diagrama estatal, y al ser el Partido fuerza superior, la Constitución no puede trazarle directrices.

«Vendrán después directrices internas del Consejo de Defensa Nacional, que establecerán la organización de esas estructuras. Además, recordó que como parte de la implementación de la Constitución se debatirá la Ley de Defensa Nacional, donde quedarán normados estos temas».

Una diputada explicó que esta preocupación se salva en el título 10,  artículo  214,  que refiere que la ley regula el funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y su estructura a los diferentes niveles.

El diputado Esquivel  afirmó haber comprendido la explicación e insistió «en la confianza que tiene el pueblo en el Partido; cualquiera dice: “voy para el Partido”, porque cree en él. Yo me refería a eso, a que podamos seguir viéndolo así. Por eso preguntaba si el Partido continuará exigiendo por las cuestiones relacionadas con la defensa».

DOCUMENTO PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO

El diputado Arnaldo Tamayo Méndez comentó que «estamos en presencia de un documento que va a regir a la nación por muchos años. Yo propuse adicionar un inciso, que recogiera el hecho de continuar las gestiones de carácter político-diplomático por la devolución del territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos en Guantánamo.

«En la comisión me dijeron que hay un artículo, el 12, que responde a eso. Es decir, que la sesión de ayer nos ayudó bastante, así como esta consulta y elimino la propuesta porque queda saldada mi inquietud», concluyó.

Otro de los diputados expresó que el artículo 22, referido a la regulación de la concentración de la riqueza ha sido objeto de debate, porque el término «riqueza» es de muy difícil regulación, es difícil cuantificarla; no es un tema que puede resolverse solo con el sistema impositivo, en el mundo no se logra hacer.

Asimismo, se señaló que en la Constitución de 1976 se hablaba de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista, en el artículo 5, y hoy solo se consigna el socialismo.

Al respecto Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, apuntó que es importante recordar que hay muchas cosas que en el año 1976 eran diferentes, que el país vivía otra situación, así como el mundo.

«Luego vino la destrucción del campo socialista y todo lo demás que conocemos. Pero cuando estemos analizando la Constitución, no podemos olvidar que nosotros tuvimos un sexto y séptimo congresos del Partido; y en este Parlamento nosotros aprobamos la Conceptualización de nuestro modelo y allí no planteamos la palabra comunista, por múltiples factores; eso no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas, sino que en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible», argumentó Lazo.

EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES

La parlamentaria Carmen Rosa López  se refirió al artículo 27, en el cual se establece la participación de los trabajadores en la planificación de la actividad económica y preguntó: ¿Cuándo se habla de regulación, a qué nos referimos en la planificación de la actividad económica?

Johana Odriozola aclaró que a este artículo se le amplió su alcance justamente por la importancia de que cada vez más los trabajadores participen, no solo en la discusión del plan, sino también en la elaboración de las normas jurídicas.

A eso hay que unirle, agregó, que el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) participa en el Consejo de Ministros, máximo órgano de gobierno del país.

López  dijo que ella intervenía en este punto, «justamente porque estamos de lleno en el proceso orgánico del Congreso de la CTC y lo que están pidiendo los trabajadores es volver a participar en la conformación del plan, pero en asamblea, para hacerlo directamente».

Toledo Santander  agregó que en las sesiones de la Asamblea participa por derecho propio el Secretario General de la CTC y en la Constitución se refuerza la presencia de los trabajadores en todo el tránsito de la economía del país.

José A. Carrillo Gómez, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, afirmó que es vital que las personas entiendan que la participación activa de los trabajadores es cierta y no una consigna.

Milagros Pérez Caballero, de  Ciego de Ávila, sugirió que, a partir de las vivencias del movimiento sindical y del papel de los trabajadores en la transformación de nuestro modelo económico, la redacción del elemento en discusión recoja que los trabajadores participan en la proyección, ejecución y control de la actividad económica, de manera activa y consciente, y conforme con lo establecido. Señaló que esa es una aspiración que no hemos logrado, pero es parte de la meta y del reconocimiento del protagonismo al que aspiramos.

QUEJAS

Jorge Crespo, de Matanzas, abordó el artículo 64, que se refiere a que las personas tienen el derecho a dirigir quejas a las autoridades, las que están obligadas a tramitar en plazo adecuado, la respuesta oportuna y pertinente.

El diputado propone que se modifique el texto, consignando que «las personas con previa identificación tienen ese derecho que recoge el artículo», pues no cree transparente ni honesto una denuncia mediante anónimos.

Otra de las diputadas afirmó que la persona se puede quejar, identificándose o no, «con ello hemos descubierto grandes hechos y dado solución a muchos problemas pero, si es mentira, ya toca a la administración buscar una forma de investigar sin lacerar la imagen de la persona que se está investigando.

Hemos defendido siempre las quejas de los ciudadanos.

«No es menos cierto que las personas se quejan y son mal vistas por ese simple hecho;  lo que la Constitución respalda es que el Estado tiene la responsabilidad de darle una respuesta», añadió.

Gladys Bejerano consideró que el modo en que se encuentra redactado, incluso, anima a que las personas utilicen esta vía, pues no solo reconoce el derecho, sino también dice que pueden recibir respuesta.

Sin embargo, apuntó, en la experiencia de la Contraloría hemos podido comprobar que han ido incrementándose las denuncias identificadas. Hace un tiempo atrás entre el 80 y 90 % de las denuncias que recibíamos eran anónimas, ahora casi el 70 % son identificadas. Creo que en la medida en que los organismos trabajen mejor y las personas reciben respuesta en su lugar, todo mejorará. Hay personas que no lo hacen con buenas intenciones e incluso hay quien tiene fines no revolucionarios, pero en la medida en que en cada lugar se le dé respuesta a los problemas, eso disminuye.

«Personalmente,  me gusta que las personas actúen de frente, pero hay realidades, hay personas que no lo pueden hacer. La ley de la Contraloría establece la protección a quienes denuncian...

«Aunque prefiramos que todas las personas que denuncien algo asuman la defensa de la Revolución a costa del sacrificio que se tenga que hacer, pero no podemos olvidar que hay circunstancias y eso no es una conducta deshonesta ni cobarde. Es favorable animar que las personas lo digan, el que no se identifica, aunque no se le pueda hablar directamente, luego se entera de la respuesta», valoró.

LEYES

También hubo quien señaló que en varios momentos del proyecto se habla de que se ajustará conforme a la Ley, pero esas leyes no existen y les preocupa el número de ocasiones en que ello se refiere.

Al respecto, Toledo Santander aclara que en el documento aparece muchísimo más y que de acuerdo con el análisis de los miembros de la comisión que ha trabajado en el proyecto, se deben  generar al menos 52 normas legales a la entrada en vigor de la Constitución.

«Por eso precisamente la disposición transitoria establece la obligatoriedad de, en el término de 18 meses, aprobar un cronograma legislativo para desarrollar esas leyes. Tanto Raúl, como Díaz-Canel y Machado, han insistido en que no quede ninguna ley sin ser debidamente trabajada posteriormente. Esas normas serán discutidas por la Asamblea. Se trata fundamentalmente de preceptos que no pueden tener desarrollo amplio en la Constitución, ni pueden definirse en ella, como los temas económicos, por los escenarios cambiantes, por eso se derivan a la ley, para que los cambios y actualizaciones sean más fáciles», esclareció Toledo.

Tamayo Méndez, diputado por Baracoa, se refirió al artículo 21, sobre la propiedad privada, donde se considera esta como la propiedad sobre los medios de producción, y quedan fuera los servicios, de ahí que propusiera se analice el concepto.

Una miembro de la comisión que trabajó en el proyecto explicó que cuando se propuso este acápite se pensó en función de lo que conceptualiza la economía política al respecto. Son los medios de producción los que permiten crear bienes y servicios para la obtención de riquezas.

En otro punto establecemos una diferenciación con los bienes, añadió, pero en sentido general lo que se tuvo en cuenta fueron los conceptos establecidos sobre el tema en la economía política, donde queda claro cuándo hay fines de explotación para obtener riquezas y cuándo no, y en este caso de lo que se trata es de identificar formas de propiedad. De cualquier modo, apuntó, se puede revisar la redacción.

Un diputado de la capital se refirió al artículo donde se habla de las garantías constitucionales y consideró que en ese acápite la laguna está en que cuando las personas se enfrentan a un proceso que sea netamente referido a dichas garantías, no hay una sala que se dedique a atender estos asuntos. Por ello sugirió facilitar una sala para ese fin, algo para lo cual, apuntó, es ya el momento.

Toledo Santander explicó que este capítulo es muy importante y que se establecen principios para la protección a la ciudadanía, pero no categorías de rango de derecho.  Existen principios generales, como el habeas corpus, el derecho a reclamar ante los tribunales y obtener, de conformidad con la ley, la reparación que sea necesaria por un mal procedimiento o por un no hacer, pero la forma la define la ley.

«Cómo se materializa el procedimiento lo define la ley, si será una sala, un sistema centrado o difuso, es decir un tribunal o varios, eso le ­corresponde a la ley desarrollarlo. Hemos establecido los principios y garantías, pero los detalles los veremos en una Ley.

De igual forma, sobre el habeas corpus se explicitó que aunque tiene que estar en la Constitución, porque es una protección de la ciudadanía, debe revisarse el modo en que está redactado, para que quede claro el derecho y no genere confusión.

Toledo opinó que la policía puede tener detenida a una persona durante 24 horas sin darle conocimiento al instructor, pero si lo tiene durante 48 horas, esa persona tiene derecho a ­reclamar. Si a un instructor se le traspapela una documentación y pasan 72 horas y no le han dado el resultado al caso, la persona tiene derecho a llevar a tribunal su caso y que allí se tome una medida.

MÁS DERECHOS

Un diputado por Cumanayagua demandó que se le explicara el artículo 68, pues, dijo, «en la Constitución  vigente no se habla de matrimonio como en este proyecto. Aquí, ahora, en este texto se habla de matrimonio como unión consensuada entre dos personas, pero sin especificar sexo.

«Creo que si no se especifica es un paso de avance, es como un gran salto de Javier Sotomayor, pero me preocupa el tema de la adopción de niños, porque hay países que no lo permiten», inquirió.

Le explican que lo que se pretende es justamente eso, reconocer el matrimonio entre dos personas, tengan el sexo que tengan. Es un planteamiento que ha venido haciendo la Federación de Mujeres Cubanas y también el Cenesex.

Hace mucho la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad como enfermedad, y nuestro proyecto de país debe tener un enfoque de derechos, trascendió.

Maricel Castañeda, diputada por San Miguel del Padrón, consideró que debe aparecer como obligación de la familia contribuir a la educación y a formar ciudadanos con valores morales, éticos y cívicos.  

La escuela tiene en su encargo social la formación de valores, pero la educación comienza en la cuna y no termina sino en la muerte, ¿cómo es posible entonces que la escuela esté en ello y la familia no lo haga?, se preguntó la diputada.

«Los modales son preocupantes, la forma de vestir, de dirigirse a las personas, cuando van a oír una música que molesta al vecino, o las relaciones intrafamiliares… Que sea una obligación de la familia, no solo un deber», propuso.

Un diputado abordó también la necesidad de enfatizar en la responsabilidad de la familia en el cuidado de los adultos mayores y los discapacitados, sobre lo cual una miembro de la Comisión que ha trabajado en el Proyecto señaló que se puede pensar en incluir ese aspecto en el artículo en el que se define a la familia como célula básica de la sociedad y las responsabilidades que tiene como tal.

EL ENEMIGO NO PODRÁ DIVIDIRNOS

En el intercambio entre las comisiones de Relaciones Internacionales, Salud y Deporte, y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el diputado Orlando Gutiérrez se refirió al artículo 15, donde se reconoce el ­respeto a todas las creencias religiosas y garantizan los derechos de las personas en este sentido:

«Yo, como creyente y practicante de las religiones afrocubanas, tanto tiempo discriminadas, creo que aquí no cabe otra cosa, está muy bien como está. Creo que el enemigo que espera dividirnos usando este argumento, buscando que no apoyemos nuestro proyecto social, no tendrá armas, esa libertad religiosa que nos dicen que no tenemos está bien recogida en ese artículo.

«Quizá, en el orden teórico, habría que ver si deben estar separados el concepto de creencias religiosas y religión, pero eso es en el ámbito académico, en general está muy bien y hago énfasis en no tocarlo. Hay quienes dicen que en Cuba debe haber una ley de culto, pero con este artículo no hace falta, por las muchas denominaciones que tenemos, aquí nos reconocen los derechos a todos. Tenemos muy buenas relaciones con la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido: hay quien se cuestiona solapadamente nuestras libertades, por eso recomiendo que no se toque nada, que como está nos garantiza el respeto a todos», enfatizó.

El diputado por Centro Habana, Enrique Alemán, promovió hacer una pequeña modificación en el artículo 15, donde se dice que las distintas creencias y religiones gozan de igual condición. Para garantizar más fortaleza en lo que se legisle, propuso establecer «las distintas creencias religiosas y religiones, porque de esa forma, no hay sesgo, pues creencia es todo».

Pero además se valoró que la Constitución tiene que ser explícita, no se puede dejar nada a la interpretación subjetiva; por tanto, se deben proteger las creencias religiosas de toda forma de discriminación.

Caridad Diego, diputada por el municipio de Sandino, consideró que en el artículo 40 se reconocen a muchas personas que por diferentes motivos durante mucho tiempo han sido discriminadas. La Revolución puso en primer lugar a la mujer, para que se desarrollara, para que se incorporara a la sociedad; las personas negras… En la primera conferencia del Partido se incorporó la orientación sexual, luego la identidad de género, lo cual generó un gran debate.

Pero creo que es suficiente con hablar aquí de creencia religiosa, porque en la práctica, más que en la teoría, se ha dado que cuando a una persona le preguntan si cree en algo, se ha discriminado de cargos, de una carrera universitaria, de un puesto de trabajo; en el año 1992 pasamos de un Estado ateo a laico, y bajo esa sombrilla quedaron protegidas todas las creencias. En el artículo 40 puede aparecer como creencias religiosas y no añadir religiones, que sí están recogidas en el 15.

También se refirió al artículo 62, que considera que es superior al 55 de la anterior Constitución, porque se habla no solo de que las personas tienen derecho a creer, sino a practicarlas, de la manera que sea, y es bueno que hayamos puesto con el debido respeto a otros credos; hay experiencias negativas de credos que van en contra de otras personas y ciudadanos cubanos, por tener otras religiones. Y además que se esclarezca que es de conformidad con la ley, que no es la ley de culto que algunos promueven, sino la ley general que cuida que no haya discriminación.

Y esclarezco el por qué mantenemos el derecho a cambiar de creencias religiosas dentro del texto de la Constitución, y es porque en la práctica en nuestra sociedad es común que veamos personas que se bautizan en una religión y luego se convierten a las religiones afrocubanas o son miembros de una logia masónica, ese es nuestro país, nuestra sociedad y es un derecho que debemos mantener en nuestra Constitución.

TRAICIÓN A LA PATRIA

Una diputada se refirió al Artículo 3, donde se define que la traición a la Patria es el más grande de los crímenes y debe llevar la mayor de las penas. Al respecto, pidió información sobre el por qué se queda igual que en la anterior Constitución y propuso que se esclarezca el concepto de traición a la Patria a la luz de la Cuba del siglo XXI, donde se defina cómo trabajar al servicio de una potencia extranjera para subvertir el orden político y social, y comprometer la seguridad social son traiciones.

Sobre el asunto, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado,  explicó que el concepto de traición a la Patria engloba muchas otras cosas que no son solo las que menciona la diputada, por eso no se modificó, porque hay muchos otros elementos, aristas, que no son solo la subversión, otras que son más alevosas, más sutiles. La Constitución solo esboza, luego viene el Código penal, donde se tipifica y se explican los procederes. Hemos respetado esta generalidad del concepto original y la ley detallará lo que se refiere a la tipicidad.

Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, dijo que estamos acostumbrados históricamente de ver la traición a la Patria en quien abandona el país en el contexto de una misión: artistas, deportistas… «Lo hemos hablado en profundidad en nuestro grupo, ese concepto hay que modificarlo. Una traición implica un crimen».

Homero Acosta añadió que la traición a la Patria como concepto lo debe ampliar una norma jurídica y no un discurso. Y no puede ser contradictorio, ni puede ser lo que yo creo; es más difícil expresarlo de manera jurídico y penal.

POLÍTICA EXTERIOR

Rolando González Patricio, diputado por Campechuela, valoró como amplia la manera en que se aborda en el Proyecto nuestra política exterior. «Creo, además, que es muy útil para nosotros a lo interno y a la vez en la presentación del Estado cubano ante otros sujetos internacionales. Hay quienes dicen que es muy extenso, tal vez se pueden compactar algunas cosas.

«En lo personal estoy entre la duda y la apreciación en el capítulo 16 inciso o. Se refiere ese acápite a que nuestro país promueve la multipolaridad como alternativa al hegemonismo y la dominación». Pero el diputado considera que los lenguajes políticos e ideológicos en ocasiones no se corresponden.

Es por eso que cree que debe hablarse de hegemonía y dominación, incluso apunta, puede ponérsele el apellido de imperialista. Esto no dejaría solo la referencia a lo político, financiero y militar, porque lo económico y cultural también tiene un peso en el hegemonismo hoy en el mundo, un efecto.

Se refirió también a que se habla en el proyecto de la amenaza a la paz, independencia y soberanía de los pueblos. El representante opinó que como no es lo mismo pueblo que Estado, cree que debiera fijarse «amenazas al Estado y a la autodeterminación de los pueblos».

El diputado Homero Acosta manifestó que debería analizarse la preocupación de su compañero Rolando, pero que aun cuando el filósofo Gramsci plantea el concepto de hegemonía aludido, no solo hay que ceñirse a esa mirada. Se trata de un mundo unipolar, Cuba propone una visión multipolar en las relaciones internacionales.

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

En cuanto a los fundamentos económicos, el diputado Jorge González preguntó por el modo de organización en el artículo 21, donde se reconocen las diferentes formas de propiedad, pues se ubicó a la mixta como la tercera en la definición, cuando en una empresa mixta se pueden asociar personas jurídicas diferentes, incluidas empresas estatales y microempresas privadas, entre otras.

En relación con el orden de las formas de propiedad, una de las  asesoras de la Comisión que trabajó en el Anteproyecto explicó que se trata de uno de los asuntos más novedosos, por cuanto hay muchos cambios con respecto al texto original, donde solo se reconocían la propiedad estatal y la cooperativa agropecuaria.

Los cambios, añadió, obedecen al ajuste necesario al contexto actual de nuestro modelo económico. La forma que se ha adoptado para describir las diferentes formas de propiedad es de la más social a la menos social, por eso se ubica primero la estatal socialista, luego la cooperativa, después la mixta, la de organizaciones políticas y de masas, y finalmente la privada y las personales.

La diputada explicó que no siempre la propiedad mixta significa que tiene que ser una empresa estatal la que se halle detrás, lo cual está en consonancia con lo que dicen los documentos de la Conceptualización, donde otras formas de propiedad se pueden asociar. La forma de organización, el alcance y facultades son privativos de la ley.

Fernando González Llort, diputado por Santiago de Cuba, expuso la duda de que el proyecto se refiere a la limitación de la concentración de la propiedad y no incluye, como sí lo hacen los Lineamientos, el tope a la concentración de la riqueza.

Los Lineamientos y Conceptualización son la ruta, y la Constitución es la plataforma jurídica, dijo la doctora Marta Moreno. Ella explicó que al elaborar este artículo se tuvo en consideración la propiedad y no la riqueza, porque cuando no existe la concentración de la primera, es muy difícil que aparezca la otra.

Al igual que Moreno, el diputado Homero Acosta dijo que desde el punto de vista jurídico es el alcance de la propiedad la que podemos regular, no así el de la riqueza. Ejemplificó que hay riqueza lícita, como la de un contrato de un deportista que gana millones de dólares y no hay que ponerle un tope porque la ganó en buena lid, mediante un contrato y fruto de su esfuerzo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, dijo Acosta, quien ratificó que nuestro modelo permite esa riqueza que, precisó, sea lícita. Y dijo que hay otras formas de regulación, como la política impositiva de que pague más quien más gana.

También explicó  que en el Anteproyecto de la Constitución solo hay un punto acerca de la propiedad privada y su extensión; en el documento se recogen los fundamentos económicos que establece la Constitución y este es uno de ellos. «Lo que tenemos que definir es que hay una propiedad privada, ya la ley se encargará de definir cuál será su alcance».

DISCRIMINACIÓN

Una de las diputadas, en el tema de la discriminación, aseguró que lo más importante es que se ratifique que en esta sociedad no puede haber discriminación, porque no estaríamos construyendo el socialismo que estamos construyendo y que tenemos conceptualizado en nuestros documentos.

Se refirió, además, a que en el artículo 69 se lee que todos los hijos tienen los mismo derechos y acentúa sean o no concebidos dentro del matrimonio. Opinó que sobra esa aclaración, con decir que todos tienen derechos es más inclusivo.

Gerardo Hernández Nordelo retomó el tema de la discriminación para afirmar que «aun cuando hemos avanzado, creo que no podemos estar conformes todavía hoy. En todas las formas de discriminar, creo, persisten problemas, por lo cual consideró que el texto no debe cambiarse».

Mariela Castro Espín, diputada y directora del Cenesex, sobre los artículos relacionados con el matrimonio y la igualdad de género afirmó que es una meta a donde queremos llegar, «en ese proceso hay muchas cosas en las que trabajar y superar, no es suficiente, hay que ponerlo con palabras concretas. En un proceso de transición con muchas cosas que pulir, me encantaría que se pusieran todas, ­porque la palabra ayuda simbólicamente a visibilizar realidades.

«Con relación a los hijos concebidos en o fuera del matrimonio no tengo elementos ahora para decir si estoy de acuerdo o no, pero la modificación que se propone genera inquietudes, dudas, más bien habría que dar algunos elementos clave para que población lo entienda mejor.

«Las personas no nacen con el don de la maternidad o paternidad, los instintos mueren cuando nacemos; quiero que se entienda que madre o padre puede ser cualquier pareja que se sienta en la capacidad, en la condición de asumir esa responsabilidad, no es un don, es una capacidad que se adquiere, que se aprende.

«Por otro lado, desde el punto de vista de los derechos, el matrimonio es la posibilidad de garantizar otras oportunidades y otros derechos que se les están negando a las personas por su orientación sexual. Darle derechos a quien no los tiene, no significa quitárselos a quien ya los tiene», ratificó.

Con respecto a otros temas, un  diputado por Caimito compartió que «cuando discutíamos los documentos del Partido en la Asamblea, se sugirieron precisiones acerca del medio ambiente; aquí queda bien claro qué cosa es medio ambiente, por tanto, es redundante decir medio ambiente y recursos naturales, hay que ganar en claridad. La Constitución es un documento vivo y cuando lleguemos a las distintas instituciones puede generar dudas y problemas».

Milagros Caballero, diputada por Santiago de Cuba, se refirió al artículo 83, sobre el cuidado de la salud y la responsabilidad personal y familiar en el mismo. Ello es importante, insistió, para cuando hagamos la ley, legislar la responsabilidad que tiene la población con su salud.

Ejemplificó que en nuestro país damos un servicio gratuito de prevención que las personas no aprovechan y luego obligan a costosos servicios de salud que también son gratuitos para las personas, solo porque no hicieron uso del derecho primero. Debemos ponerlo claramente para que las personas asuman la responsabilidad que les corresponde.

Homero Acosta explicó que en el capítulo de derechos no se pueden poner obligaciones, sino que existe un capítulo para ello. Generalmente las constituciones no desarrollan los deberes, explicó, nosotros hemos incorporado esos deberes por la responsabilidad de los individuos frente a la sociedad, pero específicamente eso que apunta la diputada se recoge en el artículo 91 inciso h, lo cual se puso a propuesta de un miembro de la Comisión temporal, que es médico.